Infojus Noticias

Luis Alberto Quijano se sacó hoy de encima una mochila que llevó durante cuarenta años: declaró en el juicio de La Perla sobre los delitos que vio, percibió o supo de boca de su padre, Luis Cayetano Quijano, y de los principales represores del terrorismo de Estado en Córdoba. “Estoy más liviano, lo único que dije es la verdad”, dijo a Infojus Noticias al salir de la sala de audiencias, donde recibió las felicitaciones de amigos, periodistas y público que siguieron su testimonio. “Fue un testimonio importantísimo, vital desde el valor probatorio”, consideró Claudio Oroz, uno de los abogados querellantes. La jornada terminó con el testimonio de dos familiares de desaparecidos, Patricia Noemí Cortes y Estela Carreño.

Durante su largo relato de más de tres horas –cuarto intermedio incluido-, Quijano fue desgranando de su memoria muchas de las vivencias ya publicadas esta semana en Infojus Noticias. Por ejemplo, su trabajo en el Destacamento de Inteligencia 141, destruyendo información que era robada por la patota que lideraba su padre –muerto hace dos meses- en los operativos de secuestro. “No se podían quemar porque era demasiada cantidad, ni tirar a la basura porque había dnis, partidas, títulos universitarios, fotografías”, dijo Quijano. Con la ayuda de un conscripto, que era camarero, acarreaban bolsas muy grandes con la documentación que destruían en máquinas de picar papeles.

-Ellos eran los dueños de la vida, la seguridad y de los bienes de la gente-dijo el hijo del represor.

-¿Qué pasaba con los bienes?- preguntó la querella.

-Se los apropiaban y decían que era botín de guerra. Yo en ese momento creía que debía ser así, pero ahora me doy cuenta que era latrocinio, ni más ni menos.

El testimonio de Quijano fue pedido por la querella de Oroz y la fiscalía federal de Córdoba, que encabeza Facundo Trotta. Ya había declarado el 29 de febrero de 2012 en la etapa de instrucción, ante la fiscal Graciela López de Filoñuk, pero en aquél momento narró también los crímenes de su padre, un criterio que hoy descartó el tribunal: por la prohibición del Código Penal de declarar en contra de un familiar directo, debió circunscribirlo a los hechos en los que podía contar sin involucrarlo, aunque sí pudo nombrar a sus cómplices.

Oroz le pidió a Quijano que enumerara a los hombres que cumplían en el destacamento tareas administrativas y operativas: “Los administrativos eran el teniente coronel Oscar Bolacini, a quien yo le decía tío, el suboficial mayor Aguila, del cual dependía, el oficial mayor (Hermes) Rodríguez, al que le decían el ‘Salame’” ejemplificó. Después nombró a quienes salían a secuestrar y torturar: “Jorge ‘Sordo’ Acosta, Héctor Vergés que yo lo conozco como Trinyti, ‘Luisito’ Manzanelli, Quequeque (José Hugo Herrera), (Arnaldo José) ‘Chuby’ López, Texas (Elpidio Rosario Tejeda), (Saúl) el ‘Nnegrito’ Pereyra, el Yanqui (Ricardo Luján), Dietrich (sin sobrenombre), ‘Fogonazo’ (Ricardo Lardone), Yáñez, un operador de Comunicaciones”.

-Pero del grupo OP3, mi padre era el más operativo –aclaró.

-Olvídese de la presencia de su padre- le pidió el presidente del jurado.

-Yo tengo que decir la verdad de cómo me enteré- se defendió.

Más tarde, el propio Quijano quiso explicar su dificultad para ignorarlo. “No puedo declarar en contra de mi progenitor, pero en varias ocasiones mi padre me amenazó con una arma, y yo fui obligado a hacer todo esto. ¿Qué pasa con la hija que fue violada por su padre? Lo puede denunciar”. El presidente Jaime Díaz Gavier le dijo que podía hablarlos en cualquier ámbito. Y le aclaró: “Pero no en éste”.

La fiscalía y las querellas coinciden en la idea de que fue otra víctima de su padre. “Respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos. El artículo habla de preservar la unidad familiar, que en este caso no existe. Están peleados desde hace años. Además, el padre de Quijano murió hace dos meses, y ese vínculo que se supone que hay que preservar ya no existe”, dijo a Infojus Noticias la fiscal federal de Villa María, María Virginia Miguel Carmona.

Los operativos

Cuando sonaban las radios Motorola de los represores avisando que en la tortura alguien había develado un contacto, una dirección, salían varios Taunus con los “operativos” del Destacamento. A veces lo llevaban a Quijano hijo, con sólo quince años, para que custodiara los autos.

“Una mañana fuimos a un edificio del barrio La Cañada. Se llevaron a un pibe tabicado, y sacaron un paquete de armas de un cantero. Después supe de una persona de 16 años, que según lo que me contaron, cuando lo empezaron a interrogar dijo ‘yo trabajo para el ERP’. El destino de ese chico no lo conozco, no sé si lo mataron o desapareció”, dijo. A los tres o cuatro días, la directora del colegio Dean Funes –una monja laica- al que asistía Quijano, pidió una foto carnet de cada alumno. “Con eso armaron un álbum y lo mandaron al Destacamento. Entre las fotos estaba yo”.

También contó asesinatos de soldados que –dijo- se sufrieron mucho en el Destacamento. Daniel Righetti, un tal “Roperito”, y Elpidio Tejeda, alias “Texas”.

-¿Hubo represalias por esas muertes?- preguntó una abogada de la querella.

-Creo que sí. Sobre todo cuando lo mataron a Texas.

-¿Cuál fue esa respuesta?

-La respuesta fue “el pozo”: sacaban gente de La Perla en camiones de la Brigada, los obligaban a hacer un pozo, los fusilaban y los enterraban.

Careo denegado

Como ya publicó Infojus Noticias, Quijano repitió las cuatro veces en que su padre lo llevó a La Perla. Hoy volvió a recordarlas. “Yo entré a un hall. Y ahí vi. Vi la sala que llamaban la Cuadra. Vi colchones en los que se veía gente atada en la espalda y en las manos, con vendas en los ojos y boca abajo, algunos tapados con mantas y otro desatados, y en silencio”.

-¿Los que mencionó como agentes operativos, torturaban?- preguntó un abogado.

-Todos participaban. Había un camastro de metal, y el cable negativo daba a la cama y le daban 220 directo. No usaban nada para disminuir el voltaje. Yo escuchaba en casetes con grabaciones de tortura que me daba mi padre, y eran algo terrible.

La revelación generó un silencio. “Los llevaba en el bolsillo, y lamentablemente lo había naturalizado”, agregó.

-¿Qué escuchaba en esas cintas, nombres?- le repreguntaron.

-Escuchaba la pregunta, y a alguien gritando, llorando y llorando, y la pregunta y la repregunta. Los golpes, los aies, los gritos de la gente. Era bastante espeluznante.

Osvaldo Viola, el abogado defensor de Ernesto “Nabo” Barreiro –aquél que amagó a revelar dónde se habían sepultado los cadáveres-, buscó desacreditar el relato: pidió que se gestione el legajo de Quijano a Gendarmería –estuvo en la fuerza desde 1983 hasta 1995-, y se haga un careo con su defendido. “Entiendo que es pertinente. Está bien que era menor de edad, pero a los fines de evaluar una contradicción con lo que él dice y su legajo”, dijo Viola.

La fiscalía y las querellas se opusieron. “El testigo era menor de edad, además de víctima. Por otra parte, el legajo que solicita no pertenece a esta causa, y no tiene utilidad porque no investigamos a Quijano”, dijo la fiscal Miguel Carmona. “¿Cómo tuvo acceso al legajo el imputado, si sólo lo puede ver Quijano?”, se preguntó a su vez el abogado Oroz. Viola se defendió: “Aunque no lo vi, creo que le dieron la baja por cuestiones psiquiátricas”, dijo, aunque se oyó muy poco convincente.

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba finalmente negó el planteo: “La baja de la fuerza fue en 1995, posterior a los hechos que relata el testigo, asi que no importan los motivos. Por otro lado, las diferencias entre las declaraciones de Barreiro y de Quijano serán materia de análisis de este tribunal cuando falle”, dijo Díaz Gavier. Quijano ofreció a someterse a cualquier examen psicológico, y pidió agregar algo. El juez lo autorizó.

-¿Quién tiene más problemas psicológicos? ¿Yo, o quienes están acusados de torturas, desapariciones, secuestros y violaciones?

LB/RA