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Nueve puñaladas a sangre fría, antes de llevarse alhajas y dinero de su negocio de artesanías y cueros, bastaron para que el asesinato de Silvia Suppo, el 29 de marzo de 2010, sea el más cruento que de la historia criminal de la ciudad de Rafaela. Hoy empezó el juicio oral contra Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, que durante la investigación judicial confesaron ser los autores materiales del crimen. Sin embargo, Suppo no era una víctima más. Había sido secuestrada en 1977 y torturada en la comisaría 4° de Santa Fe, violada en el centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) conocido como La Casita, cerca de Santo Tomé. Y había sido una testigo vital en la condena de los grupos de tareas santafesinos, entre los cuales se destacaba el juez federal Víctor Brusa. Por eso, el juicio lo llevará a cabo el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, y no un jurado ordinario: todavía hay dudas del verdadero trasfondo de lo que pasó aquella tarde de 2010.

Los hijos de Silvia Suppo, Silvia, Marina y Andrés Déstefani, nunca creyeron que la muerte de su madre sucedió mientras Cóceres y Sosa robaban su negocio al voleo. La mañana del crimen, cuando junto a algunos abogados llegaron al lugar, no había fajas de seguridad ni vallado perimetral, ni otro indicio que hiciera suponer un procedimiento de la policía de investigaciones. Las breves pericias policiales se sucedieron en una escena plagada de curiosos y no hubo en esos operativos ningún juez ni funcionario judicial. Infojus Noticias accedió a parte del expediente que durante el primer año estuvo a cargo del juez provincial Alejandro Mognaschi, y que hoy entró en su etapa oral.  

Asesinato  en ocasión de robo

Dos días después del crimen, los “comentarios fidelignos (sic) de vecinos entrevistados quienes por temor a represalias no aportaron datos de identidad” condujeron a la Unidad Regional de Santa Fe a un rancho del barrio San Agustín I de la ciudad de Santa Fe, donde encontraron a Rodolfo Cóceres –allí vivía su madre-, un joven que entonces tenía 22 años, sin antecedentes penales, que inmediatamente se atribuyó el crimen. Su cómplice era Rodrigo Ismael Sosa, un primo de Rafaela de entonces 18 años, que tenía antecedentes por robos menores, que lavaba autos a la vuelta del negocio de Silvia.

Sus versiones -que por momentos se contradicen- indican que entraron a “Siempre cuero” a las 9:30 de la mañana a pedir dos monedas de un peso. Media hora después volvieron, con cuchillos de cocina en la mano, gritando que se trataba de un asalto. Silvia ofreció resistencia y le manoteó el cuchillo a Sosa, obligando a Cóceres –según su relato- a darle la primera puñalada. Sosa sostiene, en cambio, que su primo le pegaba “en las costillas con el cuchillo que tenía en su mano”, y que él le propinaba los puntazos mientras su primo la arrastraba del cuello más de 12 metros hasta el fondo del local. Todo lo que robaron fueron  400 pesos –que gastarían en pasajes para escapar-, alhajas y el celular de Silvia. Caminaron tres cuadras y tomaron un remis a la casa de Sosa. A mitad de camino, le pidieron al conductor que frenara: descartaron en un maizal los cuchillos homicidas y la ropa, “que no estaba sucia con sangre”.

Andrés Destéfani, uno de los hijos de Suppo, desmintió muchas cosas de esos testimonios. “La policía no encontró testigos que los hayan visto en el negocio, no apareció el remisero que tomaron para huir del local, no hay una gota de sangre en los cuchillos que dicen haber utilizado, ni huellas digitales. Uno de ellos dice que mi madre se resistió, pero en las dos autopsias no se pudo corroborar un solo raspón de cuchillo en un brazo, no hay ningún signo de resistencia y hay un golpe en la cabeza que nunca se explicó. La arrastraron 12 metros ya con la herida en el abdomen que fue la que más sangró, y en los tres peritajes no pudieron encontrar sangre en ese trayecto”.

Después de tomar unos mates, Sosa y Cóceres abordaron un colectivo a Santa Fe. En la terminal fueron filmados, pero la policía rafaelina ocultó el video durante ocho meses, hasta que el propio Andrés Destéfani consiguió una copia. Siguieron huyendo: San Nicolás, Pergamino, Junín. A las once de la mañana del 30 de marzo, recalaron en la casa de su hermano. A esa altura, los noticieros nacionales habían armado un revuelo de la noticia. Esa madrugada volvió a Santa Fe.

Los vínculos entre los presuntos autores y el ex juez Brusa

Michito y Pona, como se los conocía a Sosa y Cóceres, siempre dijeron ser los ideólogos, aunque a veces su confesión parece sobreactuada. “Yo salí de la casa de mi primo con la intención de robar a esta señora, lo habíamos planeado sólo nosotros dos y nadie más”, dijo Cóceres en su declaración preliminar ante el juez. “Si sabíamos que la señora era todo eso, ni íbamos a ese lugar”, agregó Cóceres cuando le preguntaron si conocía el pasado tortuoso de Silvia. Aún si fuese cierto, no suprime la teoría del crimen político: sus reclutadores podrían haber dado instrucciones sobre el asesinato sin precisar nada sobre la víctima.

A mediados de 2010, un testigo de identidad reservada denunció vínculos entre los presuntos asesinos y el juez Brusa, y las querellas pidieron que la causa pasara al fuero federal. Después de que el juez provincial Mognaschi intentara retener y luego elevarlo a juicio con esos dos imputados, la Corte Suprema de Justicia lo radicó definitivamente en el juzgado federal Nº1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, pero luego fue recusado y lo asumió Francisco Miño.

Cuando la mataron, Silvia estaba aprendiendo a bailar tango. El fin de semana anterior, había festejado los cumpleaños de su suegra y de su nieta en familia. Su hermano –exiliado en los ’70, con quien se contactaba por teléfono o Internet-, la había invitado a París donde está becado en un doctorado de historia. Viajaba ese mismo viernes para reencontrarse con él después de mucho tiempo.