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La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso,  se refirió al informe de Transparency Internacional –organización líder en la lucha contra la corrupción en todo el mundo–, que en su índice Anual de Percepción de la Corrupción ubicó a la Argentina en el puesto 107 de un ranking de 168. Alonso resaltó el valor del estudio sobre el grado de corrupción existente en el sector público de cada país y aseguró: “Nos ayudan a entender por qué muchas veces la Argentina perdió oportunidades de inversión y ha sido relegada en el concierto de las naciones. La transparencia es un antídoto contra la corrupción y vamos a usarla para que los argentinos vuelvan a confiar en sus gobiernos y para que el mundo lo haga en la Argentina”.

La funcionaria detalló, a través de un comunicado, que el objetivo es “mejorar la calificación de la Argentina en cuatro años”. Y adelantó que es “difícil modificar el resultado de estos índices de un año para el otro”, por eso el plan de trabajo es a mediano y largo plazo. “La corrupción es como la enfermedad: es siempre preferible prevenirla. Por eso, haremos hincapié en incrementar la transparencia, para que haya menos posibilidades de intercambios corruptos”, afirmó. 

 Alonso también recalcó que tanto la transparencia como la ética son una prioridad del gobierno nacional, que debe ser acompañada por los demás poderes del Estado, las empresas públicas y los entes descentralizados, como: PAMI, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas e YPF, entre otros. En ese sentido, apuntó que el decreto del presidente Mauricio Macri sobre el “Plan de Apertura de Datos”  es “una buena señal: la información en poder del Estado es de los ciudadanos y ellos deben acceder a ella fácilmente”, agregó la funcionaria.

Entre los objetivos propuestos para la promoción de políticas de ética y transparencia también se intentará  sumar al sector privado. Desde pequeñas a grandes empresas, hasta emprendedores, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de pensamiento. “Todos ellos puedan aportar, desde la riqueza de sus experiencias y conocimiento, muchas buenas ideas para encarar esta gran tarea entre todos”, aseguró Alonso.  Y destacó que también quieren promover y apoyar al periodismo de investigación. “Los periodistas son grandes aliados en la lucha contra la corrupción", sostuvo.

La secretaria también hizo hincapié en la importancia de reconstruir y fortalecer los organismos de control. “El trabajo en red entre ellos es muy importante. Por eso, desde la OA ya nos hemos reunido con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y lo haremos pronto con el flamante director de la Unidad de Información Financiera (UIF)”, afirmó. Al mismo tiempo auguró que espera  que todos ellos y el Colegio de Auditores de la AGN acepten una invitación a una primera reunión en el mes de marzo.

 En el Congreso

“El 1 de marzo pediremos al Congreso que sancione, en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública que cumpla con los estándares internacionales y las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración”, adelantó la funcionaria. En ese marco, expresó que “que estas leyes no hayan sido aprobadas aún, le generó mucho daño al país. El Congreso tiene la oportunidad de revertir esta tendencia y confiamos en que los legisladores sabrán comprender que esta es una necesidad de la Nación y no de un gobierno particular”, consideró.

 Al mismo tiempo, destacó que “es imperioso que el Congreso comience a debatir una modificación de la Ley de Ética Pública. La reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, junto al paquete de la llamada ‘Democratización Judicial’, distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito”. Alonso agregó que “la reforma propuesta por el gobierno anterior tuvo una intencionalidad clara: evitar el control patrimonial a los funcionarios que estuvieron años en el poder y que tendrían dificultades para explicar su patrimonio”. Detalló que este año recién se conocerá la información patrimonial del 2014, algo que “con el sistema anterior” no sucedía. “De estar vigente, hoy tendríamos información patrimonial de los funcionarios salientes al 31 de diciembre de 2015. Es prioridad también para la Oficina Anticorrupción que el Congreso revea con urgencia aquella reforma”, concluyó.