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Esta semana, la Oficina Anticorrupción –a cargo de la secretaria de Transparencia, Ética Pública y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso– emitió su primer dictamen sobre un conflicto de intereses en la gestión del presidente Mauricio Macri.

El caso tuvo origen en el Ministerio de Producción, a partir de una denuncia presentada por un funcionario respecto a Carolina Castro, propuesta para ocupar el cargo de Subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa de la cartera mencionada. Castro ejerció como directora en dos empresas privadas reguladas por el Estado y, por ende, sobre las cuales Producción tiene atribuciones.

En ese marco, la Oficina Anticorrupción (OA) entendió que no existe conflicto de interés alguno, debido a que la futura funcionaria renunció a su labor en las empresas de modo previo a ser designada en el cargo.

Según informó el organismo, la Ley 25.188 de Ética Pública determina que la OA debe detectar, prevenir, analizar y emitir resoluciones en casos de conflictos de intereses de los funcionarios públicos, que tienen lugar cuando el interés particular de algún funcionario afecta la realización del fin público al que debe estar destinada la actividad del Estado. En ese sentido, recordaron la intervención en casos como el de Henoch Aguiar, El Chapel, Daniel Cameron y Aníbal Fernández.

El dictamen precisó que la Subsecretaría de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción de la Nación posee “múltiples atribuciones relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, categoría dentro de la cual parecieran inscribirse las sociedades en cuestión”. Sin embargo, y tal como se acreditó con Actas de Directorio correspondientes, Castro renunció a ambas empresas el 10 de diciembre de 2015, antes de asumir al cargo al cual fue propuesta.

La OA aseguró que no existe conflicto de intereses actual, “el cual sí se configuraría si la señora Castro continuara con su rol de Directora y/o empleada de las sociedades”, y que tampoco lo configura su “simple tenencia accionaria” en ORLY S.A.C.I.F. e INDUSTRIAS GUIDI S.A.C.I.F.

En ese sentido, recomendó a la futura funcionaria abstenerse “de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.