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La justicia volvió a posar su mirada sobre el accionar de varios funcionarios judiciales durante la última dictadura militar. En Santa Fe, muchas de las víctimas que pasaron por los centros clandestinos de la ciudad la bautizaron como “la patota judicial”. No se trata de una exageración: estaba integrada por altos integrantes de ese Poder, algunos de los cuales presenciaban sesiones de tortura y convalidaban las “confesiones” obtenidas a través de esos métodos.

En esos años el Juzgado Federal de Santa Fe estaba a cargo de Fernando Mántaras, ya fallecido. Uno de sus secretarios era Víctor Hermes Brusa, luego Juez Federal, condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad. La mano derecha de Mántaras y superior de Brusa era Víctor Manuel Montti, quien se desempeñaba como secretario. En democracia también fue Juez Federal de Santa Fe. Se jubiló como fiscal general en Mar del Plata. El fiscal federal, Walter Rodríguez, solicitó una ampliación de la declaración indagatoria de Montti, quien aceptó autoincriminaciones de detenidos bajo tortura y jamás denunció esas situaciones, pese a conocerlas en detalle.

Montti estaba imputado por otros hechos, pero en 2011 la Cámara Federal de Rosario le dictó la falta de mérito. Había sido procesado por la presunta comisión de los delitos de “falsedad ideológica, encubrimiento por omisión de denunciar, omisión de auxilio y apremios ilegales”, todos vinculados a su desempeño como secretario judicial durante el terrorismo de Estado. Para el fiscal, Montti intervino en "una práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia". En su escrito, Rodríguez sostiene que el ex funcionario judicial tuvo constancia “en forma reiterada de la existencia de confesiones arrancadas mediante métodos violentos, y a pesar de ello, se abstuvo de proceder de acuerdo al mandato legal establecido en el código procesal vigente que requería el anoticiamiento obligatorio de todo delito de acción pública que conozca en ejercicio de sus funciones".

“La patota de saco y corbata”

En la sentencia de la denominada “causa Brusa” los jueces dejaron plasmada una frase de María Graciela Abdolatif, ex presa política, quien al referirse al papel de los funcionarios públicos del Juzgado Federal de Santa Fe durante la dictadura los describió como “la patota de saco y corbata”.

En los fundamentos de ese fallo el Tribunal sostuvo que la presencia de Brusa como representante de la justicia “producía el primer desmoronamiento psíquico de los detenidos al comprobar que la presencia de una autoridad judicial no era más que la de otro integrante del plan de destrucción”. Se trataba de una práctica habitual, que no tenía como protagonista exclusivo a Brusa. Ante la justicia, Orlando Barquín (quien tras el regreso de la democracia fue diputado por el peronismo) declaró que en 1977 fue torturado en la Comisaría Cuarta, donde lo obligaron a firmar una declaración. De allí fue trasladado a la Policía Federal, donde Montti le advirtió que si no ratificaba el acta confeccionada por los uniformados “le va a pasar otra vez lo mismo”.

En la causa, los jueces consideraron probado que Brusa ingresaba a centros clandestinos de detención “invocando ser Secretario del Juzgado Federal a cargo del Dr. Mántaras” y que luego de esa presentación “apremió ilegalmente a las víctimas con el fin de obtener las declaraciones necesarias para las causas judiciales”. Agregaron que “para obtener el cometido y las firmas necesarias en las actas no sólo se negaba a tomar las denuncias de torturas de las víctimas, que en muchos casos eran evidentes, sino que las amenazaba con volver a ellas”.

¿Pudo haber ignorado este tipo de situaciones Montti, superior directo de Brusa en ese entonces? Parece poco probable.

“La escribanía” de la dictadura

Al solicitar la ampliación de la indagatoria de Montti, el fiscal Rodríguez afirma que “en el Juzgado Federal de Santa Fe se gestó entre los años 1975 y 1976 un mecanismo que convirtió a esa sede judicial en una especie de escribanía convalidante de los quehaceres del Area de Defensa 212 en materia concerniente a la aplicación de la ley 20.840”.

El Área de Defensa 212 tenía jurisdicción sobre Santa Fe y zonas aledañas. Fue uno de los sectores en los que se dividió el II Cuerpo del Ejército, con asiento en Rosario. Por su parte, la ley a la que hace referencia es la que establecía penas “para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. Para el fiscal, esa dependencia del ejército, que marcó el destino de centenares de víctimas del terrorismo de Estado, tuvo la inestimable colaboración de Montti, quien trabajó para “perfeccionar con su rúbrica e intervención funcional” actos a todas luces irregulares.

Su relación con las fuerzas represivas fue tan cercana que recibía “informes de inteligencia escritos, sin firma del responsable”, que en la mayoría de los casos “establecían listados de personas supuestamente incursas en delitos de naturaleza subversiva”. Rodríguez sostiene que esas listas “eran conformadas en virtud de información recabada por medios ilegales y violatorios a los derechos humanos” y que esa circunstancia “era plenamente conocida cuanto menos por el reducido grupo perteneciente al fuero federal local, integrado por el juez Mántaras, el Secretario Montti, y los empleados Víctor Brusa y Jorge Ciriaco Núñez”. De Montti agrega que ”se destacó como lazo comunicacional del Juzgado Federal con los miembros del Área de Defensa 212”. En la causa están los testimonios de once víctimas: Miguel Ángel Rico, Francisco Adolfo Klaric, Juan Carlos Ojeda, Luis Felipe Solé, Daniel Eduardo Álvarez, Silvia Graciela Ostertag, Juan José Perassolo, María Cristina Beltramini de Chamorro, Ana María Jaureguiberri, Orlando Antonio Barquín y Daniel Osvaldo Gatti.

Los casos son similares y en todos Montti repite su accionar: cuando les tomó declaración a los antes mencionados sólo valoró las “confesiones espontáneas” que habían realizado previamente, en las que habían sido coaccionados o torturados. Las víctimas se encargaron de dejar constancia de las presiones y los tormentos que habían sufrido, pero Montti desestimó sus dichos por completo, una y otra vez. El fiscal asegura que las indagatorias a las víctimas “tenían por objeto abordar la anterior declaración espontánea prestada ante las fuerzas policiales o militares, procurando así dar un marco de legalidad a las actuaciones llevadas adelante en la clandestinidad”.

La mayor parte de esas indagatorias, realizadas siempre en presencia de Montti junto con el juez Mántaras, se llevaron adelante a mediados de 1977. Allí se acusaba a los detenidos de dos hechos puntuales ocurridos en 1975: el copamiento de la emisora Radio Universidad Nacional del Litoral AM 1020 y el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa. Según consta en las declaraciones que les tomaron en sede policial, todos reconocieron de manera “espontánea” su participación en esos operativos y su militancia en Montoneros. Sin embargo luego, en sede judicial, denunciaron tormentos o amenazas para obligarlos a responsabilizarse de los hechos, o la confección de actas falsas por parte de los uniformados, que luego fueron obligados a firmar.

De esas actuaciones surge “la existencia de un verdadero simulacro de investigación apoyado simplemente en la búsqueda de confesiones como método que desprecia cualquier otro medio de prueba distinto a las declaraciones espontáneas”. Es así que, en la opinión del fiscal, el ex secretario Montti, “desde su posición de funcionario de elevada jerarquía, no podía desconocer el escenario descripto, no sólo por el marco de represión y clandestinidad en el que se habían producido las supuestas confesiones y por la irregularidad de las escuetas comunicaciones que él mismo recibía por parte de los organismos de inteligencia, sino también porque de las propias declaraciones que presenció se desprendían evidentes signos de esas circunstancias”.