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Los cuatro acusados de formar una empresa criminal que secuestró, robó y torturó en Santa Fe durante los años de plomo, hoy no cruzaron miradas. Estaban cómodamente sentados: entre cada uno de ellos, quedaba una silla de por medio. Desde la sala de audiencias, se escuchaba a una multitud  que en la vereda del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe cantaba contra la impunidad del ex juez federal Víctor Brusa (65), la guardiacárcel María Eva Aebi (61) y los ex policías Juan Calixto Perizzotti (77) y Eduardo Ramos (59). A las 12, el frente espejado del edificio reflejaba una escenografía de pancartas de Nunca Más, pañuelos blancos y fotos de desaparecidos, que anticipaban una resolución.

Las veredas angostas no alcanzaron a contener a la multitud que tomó la calle, y cortó el tránsito en la siempre caótica esquina de San Jerónimo y Primera Junta, en pleno microcentro santafesino. El golpe de los bombos recién frenó cuando –por el sistema de audio que se habilitó en la puerta para suplir la falta de espacio para público en la sala de audiencias– se escuchó la voz de la jueza Lilia Carnero, que dio inicio a la lectura de la sentencia que también llevaba la firma de sus pares Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echague.

Brusa, con su pelo blanco y la piel gruesa y rosácea, por segunda vez en menos de cinco años, agachó la cabeza ante un Tribunal del mismo fuero al que él perteneció. Por mayoría, los cuatro imputados fueron sentenciados como coautores del delito de asociación ilícita en perjuicio de 14 personas, en hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar. El ex magistrado recibió una pena de siete años de prisión, Perizzotti fue condenado a 8 años, Ramos a 9 y Aebi a 5. Todos ellos ya habían sido sentenciados el 22 de diciembre de 2009 – junto con los policías ya fallecidos, Mario Facino y Hector Colombini–  en el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en la provincia, por tormentos y privación ilegítima de la libertad. Justamente la condena de hoy es por haberse organizado en una asociación ilícita para cometer esos crímenes. Por lo tanto, las penas de ambas causas fueron unificadas y Brusa se lleva un total de 22 años de prisión, Perizzotti 23, Ramos 24 y Aebi 20.

La lectura de la sentencia tuvo dos momentos que movilizaron al público: el primero, fue el voto en disidencia de Otmar Palucci que generó un intenso abucheo. Es que el fallo del magistrado absuelvió a los cuatro imputados. Si bien los fundamentos se conocerán recién el viernes próximo, fuentes judiciales informaron a Infojus Noticias que el eje de la diferencia sería la teoría de que los mandos superiores no tenían contacto suficiente con los mandos inferiores como para formar una asociación ilícita.

Por el contrario, el  segundo momento de efervescencia fue cuando la jueza Carnero leyó una disidencia entre ella y Jorge Venegas Echagüe. La jueza aceptó el pedido de la querella, compuesta por los abogados Alejandra Romero Niklison y Guillermo Munné, de que los delitos sean considerados como ocurridos en el marco de un genocidio. Así, esta sentencia se convirtió en la primera de la provincia en hablar del delito de genocidio durante la última dictadura cívico militar. En ese momento, los aplausos fueron interminables.

“Es una contribución muy importante el de la jueza Carnero, porque además de contribuir a condenar los delitos que cometieron los represores, se debe colaborar para reconstruir la verdad histórica y la memoria de nuestra sociedad. Y la forma más certera de describirlo es como lo han reclamado el movimiento de derechos humanos de argentina, que lo que se perpetró en nuestro país fue un genocidio”, expresó ayer Munné en la escalinata del Tribunal, acompañado por un grupo de Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas, estaba Celina Queca Kofman, quien destacó el avance de las causas en Santa Fe: “Nosotros tenemos la consigna permanente de Juicio y Castigo a los Culpables. Este juicio les dio a los imputados todas las garantías necesarias, constitucionales. Nunca pedimos venganza”, dijo y utilizó una frase que esta semana pronunció Estela de Carlotto, en el juicio a Bignone: “los hubieran juzgado, pero no matado”.

También estuvo presente Otilia Acuña, de 92, acompañada por su nieta, Valeria Silva, referente de HIJOS Santa Fe. En este juicio, ambas pudieron testimoniar. Acuña contó cómo fue el asesinato de su hija en barrio Santa Rosa de Lima y Valeria contó sobre su trabajo en la recopilación de pruebas –especialmente documentales – que realiza en HIJOS.

Otra de las postales de la tarde fue el abrazo entre las querellantes Stella Vallejos, Anatilde Bugna, Silvia Abdolatiff y Patricia Traba. Las cuatro fueron parte de lo que se conoció como “las chicas de la GIR”: seis adolescentes que en marzo del 77 quedaron detenidas y compartieron una pequeña pieza a la que llamaban “el colectivo” en la Guardia de Infantería Reforzada. “Una vez más, se hizo justicia, estamos muy conformes y agradecidas a nuestros abogados, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que siempre nos apoyó y querelló con nosotros. Lo importante es demostrar que lo que dijimos durante 37 años era verdad y salió a luz como actuaron estos genocidas. Este fallo es un triunfo de todos los santafesinos”, expresó Bugna y Traba alentó las aclamaciones al grito de “30 mil desaparecidos, presentes. Ahora y siempre”. 

Como en la causa Brusa, en este juicio el  relato de las víctimas volvió a ser una prueba central. Pero además, el análisis de documentos y registros de cada una de las dependencias que intervenían en el circuito represivo fueron aportadas como pruebas satelitales y demostraron que efectivamente existía una coordinación de tareas para detener de manera ilegal a quien fuera señalado como subversivo. Luego se lo trasladaba a sitios de detención y allí se lo torturaba para obtener datos sobre otros integrantes de agrupaciones políticas y sociales e incluso confesiones autoincriminantes. El último paso, lo cumplía Brusa. Él se encargaba de regularizar o blanquear la situación de cada uno de los detenidos, en general, poniéndolo a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. La características principal de los operativos era que las detenciones eran violentas, sin orden judicial, y que los captores nunca se identificaban. En las redadas, las víctimas eran tabicadas o encapuchadas y escondidas en los vehículos, en la mayoría de los casos en el piso del asiento de pasajeros con dos integrantes de la patota para evitar que se pueda mover y mucho menos pedir ayuda. Así actuaba la patota, con un acuerdo criminal, que hoy les sumó largos años de condenas.