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Un acusado de delitos de lesa humanidad perdió hoy el beneficio de prisión domiciliaria que había violado para ir al cumpleaños de su nieta. Se trata del ex prefecto Néstor Alberto Nougués, que debía declarar esta tarde al reanudarse el juicio por la desaparición de 66 personas, entre ellos los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados en junio de 1976.  Desde esta noche, Nougués pasará sus días en el penal de Villa Floresta, en Bahía Blanca.

La decisión de revocarle el beneficio fue tomada en base a los informes de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que constató que Nougués salió el sábado de su casa y fue a festejar el cumpleaños de su nieta. Su defensor, el conocido abogado bahiense Luis María De Mira dijo que el represor había ido al médico pero no pudo convencer a los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava.

Sucede que existía una denuncia anónima sobre las salidas sistemáticas y sin justificación de Nougués, quien vivía en su casa de Ingeniero White, pegado a Bahía Blanca. Pero a ella se sumó la advertencia de que el sábado pasado iría a ver a su nieta y la Justicia ordenó un operativo de vigilancia que comprobó la salida del prefecto.

Los jueces del tribunal: Jorge Ferro, Martín Bava, Mario Triputti y Marcos Aguerrido.

En juicio que se reanudó esta tarde, que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, hay 25 imputados por delitos de lesa humanidad en jurisdicción de la Armada. La causa 1.103 está caratulada como “Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)”.

De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires.

Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Féliz Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez.

Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. Y en el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Nougués y Luis Alberto Pila.

También se analizará la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.