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Desde agosto de 2012, el juez Martín Bava intenta tomar declaración indagatoria a Hooft, pero él ya se ha negado en tres oportunidades. "La declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez", informaron desde la fiscalía federal marplatense.

El informe que aportaron Larriera y Cavallo -y que fue publicado por Fiscales.gob.ar- revela las maniobras del juez Hooft para evitar los procesos judiciales: "Ha pedido la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó al juez ahora actuante y finalmente, luego de presentar una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, denunció penalmente el pasado 15 de abril a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita, un día antes del último llamado a indagatoria".

La "grabación subrepticia" que se menciona en el informe es el argumento que esgrime Hooft para decir que es víctima de una causa "armada". Se trata de una grabación en la que el ex fiscal de la causa, Claudio Kishimoto, le cuenta-supuestamente- a Federico Hooft, hijo del imputado y abogado defensor del ex juez, que la causa era un "gran verso". Kishimoto explicó que fue grabado sin consentimiento en la puerta de su casa, donde el hijo de Hooft estaba esperándolo. Cuando  Kishimoto llegó, lo amenazó: "No sé qué vamos a hacer con vos... no sé si no te vamos a llevar puesto".

Kishimoto dijo que desplegó una estrategia planteada por el fiscal Jorge Auat para que implementes los fiscales de todo el país cuando se sienten presionados."En la Procuración, cuando hay algo que nos está atorando o molestando, Auat siempre dice 'háganme responsable a mí', 'nosotros nos hacemos cargo': es para descomprimir nuestra situación, porque somos la cara visible. En función de eso yo me lo quise sacar de encima", dijo el juez que investigaba a Hooft.

El informe es categórico con respecto a la responsabilidad de Hooft: "No se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado

Para la fiscalía marplatense el magistrado es un “garante de impunidad". Los delitos que se le imputan al juez "no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes".

"La Noche de las Corbatas"

Marta García, esposa del abogado Jorge Candeloro, fue parte de los abogados laboralistas secuestrados en la Noche de las Corbatas. En ese operativo, que fue entre el 6 y el 13 de julio de 1977, secuestraron a trece abogados. Siete de ellos siguen desaparecidos.

Una noche, detenida en la comisaría 4ª, García vio al juez Hooft  y le gritó su nombre y el de su marido. El juez tenía en su despacho los hábeas corpus presentados por los familiares de los abogados laboralistas secuestrados, sin embargo, no hizo nada.

La denuncia penal en su contra, que tramita en Mar del Plata, había sido presentada en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del entonces secretario, Eduardo Luis Duhalde. Pero además Hooft tenía un pedido de juicio político promovido por la Comisión Provincial por la Memoria.

En marzo de este año el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió por unanimidad suspender en sus funciones al juez Hooft.

El juez habría tenido un vínculo estrecho con el jefe de la subzona militar 15, coronel Pedro Barda, de Mar del Plata La investigación de la actuación de Hooft como juez durante el terrorismo de estado fue impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos en 2006.