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Banderas, músicos, fotos, muchas fotos, y corte de calle. Así, entre lo festivo y la denuncia política, la “Mesa de Trabajo contra la Impunidad” debutó hoy en pleno microcentro marplatense: se reunieron frente a los tribunales provinciales para repudiar la decisión del jurado de enjuiciamientos de magistrados que desestimó el pedido de destitución del juez Pedro Hooft. Esa resolución posibilitará que el magistrado siga evitando presentarse a las audiencias del tribunal penal que investiga la desaparición de abogados durante la “Noche de las corbatas”. Hasta ahora, Hooft se amparó en sus fueros para rechazar las siete citaciones que ordenó el juez Martín Bava.

La decisión de avanzar en un escrache público, en la puerta de los tribunales provinciales, fue para hacer público en Mar del Plata el efecto del veredicto del jury, que se desarrolló en La Plata. Eso dificultó la difusión en la ciudad balnearia de la resolución de los jurados: ocho votaron por su absolución y sólo dos pidieron su destitución.

Ese veredicto, tomado hace dos semanas, generó fuertes reacciones de la Secretaría de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo y del resto de los organismos de derechos humanos.  La mayoría de los jurados descartó que el magistrado fuera cómplice de la última dictadura. Para llegar a esa decisión, varios de los miembros del jury, descartaron que hubiera actuado en forma “premeditada” y sistemática. Además, dejaron de lado las declaraciones de dos víctimas directas del terrorismo de Estado y la del abogado Rodolfo Díaz, que mencionó gestiones de Hooft ante el Ejército.

"La causa penal sigue, lo único que pasó es que la Justicia desestimó el pedido de destitución, por lo que lo restituyó en su cargo, pero la causa continúa y este tipo de escrache seguirán haciéndose", aseguró el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense, seccional Mar del Plata, Mariano Fernández, una de las organizaciones que participaron de la actividad que impulsó H.I.J.O.S. de Mar del Plata y logró reunir a organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos.

Del recital en la puerta de los tribunales provinciales, en Almirante Brown y Tucumán, participaron los músicos Pitu Farías y Fabio Herrera y por allí pasaron unas doscientas personas, según calcularon los organizadores. Y sumaron las adhesiones de varios centros culturales, de distintas fuerzas políticas, de la familia de Silvia Filer, que fue asesinada en 19671 por Concentración Nacional Universitaria (CNU) y de los abogados Eduardo Soares, Eduardo Luis Andreotti Romanin, Juan Tapia, Jorge Casales Abogado, Leonardo Perez Hegi, Griselda De Antoni, Lucia Ivorra, Miriam Bregman, Jose Luis Zerillo, Guadalupe Godoy, Analia Mas y Betiana Melior.

Críticas de la Comisión por la Memoria

“Confundieron el objetivo del proceso de enjuiciamiento de magistrados. El mismo no es demostrar la comisión de delitos sino el desempeño de los jueces en su función”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria al cuestionar la absolución del juez Pedro Hooft. El magistrado está acusado de incumplir sus funciones durante el megaoperativo represivo conocido como la “Noche delas corbatas”, ocurrido en julio de1977.

Tal como ocurrió en la causa penal a cargo del juez Bava, Hooft está denunciado de cometer delitos de lesa humanidad: visitar los centros clandestinos de detención, tener relación directa con la Sub Zona militar 15, no dar el trámite que correspondía a los recursos de hábeas corpus y haber tenido contacto directo con los centros de detención clandestinos y saber quiénes se encontraban en ellos.

“La causa que involucra al juez Hooft en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar es fundamental en la medida que permite empezar a revelar la densa y compleja trama de responsabilidades y complicidades de funcionarios del poder judicial con el poder de facto y el terrorismo de estado”, indicó la comisión en un comunicado de prensa.

Votaron por la absolución: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Hiters, los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemiña; y a los legisladores Héctor Vitale (Frente Renovador) y Abel Buil (FAP).

En tanto, la diputada Lucía Portos y el senador Luciano Martini, ambos del Frente para la Victoria, votaron por la destitución del magistrado.