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El noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán entró en su etapa final. El represor Jorge D'Amico, único imputado en el juicio por la desaparición de Germán Cantos, cuando cumplía el servicio militar en el Batallón 141 de Santiago del Estero, dijo sus últimas palabras ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, presidido por Juan Carlos Reynaga e integrado por Mario Marcelo Juárez Almaráz y Hugo Norberto Cataldi. Convencido de su inocencia, negó los hechos por los que se encuentra imputado: dijo que no hay pruebas de que él haya secuestrado al joven santiagueño. “No fui capitán en esa época, no sé de qué me juzgan”, enfatizó. Minutos antes, en los alegatos, la querella que representa a la familia de Cantos pidió la pena de reclusión perpetua. Fuentes judiciales estiman que la sentencia podría estar en los próximos días.

“D'Amico miente y los familiares de Germán lo sabemos. Hace tiempo que venimos presionando para que se lo investigue, pero los funcionarios políticos y de la justicia de Santiago del Estero lo protegieron y hasta le dieron cargos públicos. Ahora se le cayó la careta. Sentimos que con este juicio se va a cortar la impunidad, porque confiamos que la sentencia sobre su rol criminal en la desaparición de Germán será ejemplar”, dijo a Infojus Noticias un familiar directo de Cantos después de los alegatos. El joven fue una de las víctimas de la megacausa Jefatura II Arsenales juzgada en la provincia entre noviembre del año 2012 y diciembre del 2013. Pero en esa ocasión no se juzgó la responsabilidad de D’Amico, que era capitán en el Batallón 141 cuando el joven fue secuestrado. La investigación judicial empezó en Santiago del Estero, donde se inició la privación ilegítima de la libertad y terminó Tucumán, donde la víctima fue vista por última vez. Por tal motivo, el juicio, que empezó hace un mes, se está realizando en esta provincia.

A D'Amico, de 66 años, se lo acusa por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado. Cantos fue secuestrado mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, cuyo jefe era D’Amico. Ocurrió el 3 de septiembre de 1976 cuando debía salir de franco, pero fue demorado porque su cédula no estaba firmada por el militar acusado. El joven se entrevistó con el entonces capitán, quien lo secuestró ilegalmente. Luego, López fue trasladado a Tucumán, donde fue visto por última vez en el centro clandestino de cetención “Arsenal Miguel de Azcuénaga”, donde fue asesinado. Allí, también habrían estado detenidos de manera clandestina los primos de Germán, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa. Los tres permanecen aún desaparecidos.

El fiscal federal Pablo Camuña consideró, como prueba fundamental, que “aparece con mayor contundencia probatoria, cuando en ocasión de las gestiones realizadas por el padre de la víctima, en procura de obtener información sobre el paradero de su hijo, se entrevistó con el jefe del Batallón Ingenieros de Combate 141 –Correa Aldana- quien le manifestó que 'conocían los antecedentes de la participación de su hijo en grupos subversivos de estudiantes en Tucumán'”

El representante del Ministerio Público agregó que la “manifestación permite concluir que Germán Cantos era considerado por el Ejército como integrante de un grupo peligroso contra el cual las acciones militares se dirigieron directamente”. El joven conscripto era argentino, oriundo de la provincia de Santiago del Estero y tenía 21 años de edad cuando fue secuestrado. Hasta el mes de agosto de 1976, se encontraba residiendo en Buenos Aires donde trabajaba y estudiaba la carrera de Psicología.

D’Amico, quien también supervisaba en el Departamento de Informaciones Policiales D2, fue un cuadro ideológico de la represión en el norte del país. En sus tareas fue cercano al temerario Antonio Musa Azar, junto con quien fue condenado en los dos últimos juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en la provincia; y purga una condena de 20 años de prisión y otra de cuatro.

Con la vuelta de la democracia, el represor se convirtió en carapintada. Fue detenido, pero las leyes de impunidad le devolvieron la libertad con la que logró ser secretario de Seguridad del gobierno de Carlos Juárez en Santiago del Estero.