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La exposición de los alegatos realizado por el Ministerio Público Fiscal empezó el jueves y continuó ayer, en los tribunales de Tucumán. Se espera que finalice el día viernes próximo. La fiscalía tiene a su cargo la representación de 215 víctimas, de las cuales 118 estuvieron secuestrados en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en Jefatura de Policía, y 97 fueron vistos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

La fiscalía comenzó hablando de la valoración de la prueba. El fiscal ad hoc Pablo Camuña señaló que a pesar de todo lo realizado a lo largo de los años para garantizar la impunidad, se pudo conseguir un “enorme acervo probatorio”. Los hallazgos producidos en las fosas comunes de Arsenales y del cementerio de Tacanas, dan cuenta de que existió una clara voluntad de ocultamiento. Las pericias realizadas indican que allí no solo se enterró los cuerpos sino que se procedió a la quema y posteriormente se removió el terreno.

No obstante siete víctimas de esta ‘megacausa’ se encuentran entre los restos identificados –Camuña se refiere a estos cuerpos como ‘reaparecidos’-. Se refirió también a las investigaciones realizadas por la Comisión Bicameral y los aportes vertidos por Liliana Vitar en su declaración. Vitar fue asesora ad honorem de la Comisión y durante el debate brindó testimonio del trabajo realizado, de las amenazas sufridas tanto por ella como por los familiares de las víctimas. Al hablar de la impunidad hizo mención a Juan Carlos Benedictos, uno de los 41 imputados, que estuvo prófugo durante seis meses.

A pesar  de todos los intentos por evitar estos juicios, dijo el fiscal, se cuenta con más de 800 testimonios, entre los 400 que declararon en las audiencias y los que se incorporaron por lectura. Habló también de la documentación aportada por el testigo Juan Carlos Clemente, los informes de la CONADEP y de la Comisión Bicameral, las pericias realizadas en los centros clandestinos, la identificación de los restos humanos, fotografías. “Cien mil fojas. Si nosotros apiláramos toda esa información tendríamos un edificio de 30 pisos”, sostuvo Camuña respondiendo al recurrente planteo de la defensa oficial, de que falta información.

Luego habló del contexto histórico en el que se cometieron los delitos que se juzgan en esta ‘megacausa’. La pregunta que guió la investigación, dijo Camuña, apuntaba a tratar de entender  qué tenían en común el ex senador Damián Márquez y el agricultor Rosario Argañaráz, o Ricardo Salinas, un egresado del colegio Gymnasium. Los tres restos fueron identificados en las fosas halladas en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. “O qué tenían en común Ana Corral, una adolescente militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y ‘el Gringo’ Quinteros de la localidad de Caspinchango que cayeron en esa red de secuestro”, reflexionó Camuña que a continuación respondió: “Eran el enemigo”.

El fiscal Patricio Rovira y el fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma.

Luego citó la definición de enemigo dada por Jorge Rafael Videla. Señaló que la construcción del enemigo permitió sumar la adhesión otros grupos, como ser sectores de la Iglesia Católica, o el empresariado que tenían intereses convergentes. Aclaró que los actos cometidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y los posteriores constituyen el mismo conjunto de delitos. Explicó que la definición del ‘enemigo subversivo’ no solo incluía a las personas con ideología marxista sino que “era un enemigo total y el campo de acción era la sociedad”. Puntualizó sobre la aseveración que era un ‘cáncer’ que permitía atacar todos los ámbitos de la sociedad.

Por último se refirió a la complicidad civil. En este juicio están siendo juzgados tres civiles, Juan Carlos Benedicto, María Elena Guerra y Francisco López Guerrero. Hizo una mención especial al accionar de la Iglesia Católica – entre los imputados se encuentra el sacerdote José Eloy Mijalchick –  a algunos sectores del empresariado local y a lo que denominó “complicidades esenciales del Poder Judicial Federal.

A lo largo de ayer, el fiscal Patricio Rovira y el fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma hablaron de cada una de las víctimas encuadradas en lo que se conoce como ‘Jefatura’. Se relacionó cada testimonio que dio cuenta de los lugares donde estas víctimas fueron vistas, las condiciones en las que se encontraban, la forma en la que fueron secuestrados. Se buscó dejar clara la similitud que guardaban los operativos. “Los únicos delincuentes que podían andar sin chapa patente eran los delincuentes con carnet”, afirmó Peralta Palma al referirse a algunos secuestros.

El Ministerio Público Fiscal, al terminar de exponer los 118 casos de lo que se conoce como ‘Jefatura’, pasará a presentar uno por uno los correspondientes al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Se estima que la semana próxima se harán las imputaciones, se hablará de la responsabilidad, de la calificación legal, de la cadena de mando para, al finalizar, recién hacer la solicitud de la pena. Está previsto que la audiencia se reanude el próximo miércoles 13 de noviembre a las 9.30 h. y que el viernes 15 cierren los alegatos la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos.