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Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi fueron asesinados en el último tramo de la dictadura, en mayo de 1983. Junto al ex subcomisario bonaerense están acusados otros once imputados, entre los que se destaca el ex dictador Reynalfo Bignone.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario empezó a juzgar esta mañana por delitos de lesa humanidad a 12 policías y militares retirados acusados de secuestrar y asesinar a dos militantes peronistas en las postrimerías de la última dictadura, en un proceso “esperado durante años” por los familiares de las víctimas. Los principales imputados en la causa son el comisario bonaerense retirado Luis Abelardo Patti y el suboficial Juan Amadeo Spataro, acusados de ejecutar a los militantes peronistas.
Se trata de la causa conocida como “Cambiaso-Pereyra Rossi”, en la que se investiga la privación ilegal de la libertad, tortura y posterior asesinato de los militantes del peronismo revolucionario Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, secuestrados el 14 de mayo de 1983 en un bar de Rosario.
“Llegar a este juicio es algo que esperé durante tantos años que aún no caí del todo”, dijo a la agencia Télam Gladys Cambiaso, querellante y hermana de una de las víctimas del terrorismo de Estado. “Supongo que a medida que vaya viendo a los imputados que van a estar presentes hoy voy a ir tomando conciencia de todo”, añadió la mujer. Sostuvo además que “nos da tranquilidad que ellos ya estén presos por otras causas en las que han sido juzgados, y no están libres y cómodos sino que se encuentren en cárceles comunes”.
También está acusado el último presidente de facto de la dictadura, Reynaldo Benito Bignone; el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Pascual Guerrieri; su segundo Luis Américo Muñoz; el entonces jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército, Rodolfo Rodríguez; y el jefe del II Cuerpo al momento de los hechos, Carlos Lucena.
Los demás imputados son los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Ariel Porra, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Ariel López y Carlos Sfulcini.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Miguel Carlotto, dijo hoy que “este juicio es importantísimo y muy emblemático porque los hechos sucedieron a mediados del 83, ya casi en democracia, con los militares en retirada y debilitados, pero sin embargo hicieron estas cosas”.
“Es una causa donde uno de los imputados fue electo diputado nacional y también intendente de la ciudad de Escobar”, recordó el funcionario en relación a Patti.
“A pesar de todos los palos en la rueda y de cómo intentaron retrasar el juicio, hoy logramos llegar a juicio y comienza una nueva etapa en la que vamos a pedir lo que la ley permite, que son reclusiones perpetuas”, concluyó en declaraciones a Télam.
Por su parte, la abogada querellante en representación de las hermanas de Cambiaso, Nadia Schujman, se mostró “feliz” porque “esperamos muchísimos años este momento, sobre todo Gladys y Ethel Cambiaso que jamás bajaron los brazos en la búsqueda de justicia por el homicidio de su hermano así como la familia de Pereyra Rossi, que si bien no son querellantes están en constante contacto con nosotros”.
Los hechos
Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados a las 11 del 14 de mayo de 1983 en el bar “Magnum” del macrocentro de Rosario, donde se habían reunido para discutir sobre el proceso electoral que se avecinaba en el país.
Una patota de cinco integrantes del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario los sacó del lugar y los trasladó a un galpón de las afueras de Rosario, donde según la investigación fueron torturados.
Finalmente, ambos fueron entregados a una patrulla del Comando Radioeléctrico del partido bonaerense de Tigre, al mando de Patti, y sus cuerpos aparecieron asesinados dos días después en un camino rural cercano a la ciudad de Lima.
En la audiencia comenzó a leerse el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía, a cargo de Adriana Saccone, pero por la tarde el proceso se interrumpió ante la descompostura de uno de los imputados.
Las defensas de los represores plantearon que se les dieran copias a sus defendidos para abreviar el trámite de lectura, a lo que se opusieron la fiscalía y las querellas particulares, por lo que el Tribunal resolvió que continúe la lectura el miércoles próximo.
Télam/LC
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