Infojus Noticias

La ley de protección de testigos de lesa humanidad rige en la Ciudad de Buenos Aires hace más de cinco años, pero nunca se implementó. El Gobierno porteño se resiste a reglamentarla, aunque ya existen dos fallos judiciales que lo obligan a hacerlo. El último es de octubre y el gobierno ya jugó su última carta: un recurso de queja directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, organismos de derechos humanos pedirán a la Justicia que se cumplan los fallos. Mientras tanto la Ciudad sigue sin contar con un programa de protección de testigos de causas de lesa humanidad.

Se trata de la ley N° 2.939 y se sancionó en noviembre de 2008. La votaron todos los bloques de la Legislatura, incluso el del PRO. Regula “la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales” como así también “a su grupo familiar”. Establece que deberá existir un programa específico que brinde a estos testigos acompañamiento y contención, asistencia psicológica, traslados, y que deberá conformarse un equipo con “profesionales, técnicos y administrativos con antecedentes en la temática”.

La ley que el macrismo desprecia no fue una iniciativa aislada sino que tiene su fundamento en hechos que conmovieron al país. Sólo dos años antes de su sanción, en septiembre de 2006, había desaparecido Jorge Julio López, querellante y testigo esencial en un juicio por delitos de lesa humanidad. Su secuestro, presuntamente vinculado con su actuación ante la Justicia, motivó la implementación de programas especiales de protección de testigos de lesa humanidad, y entre ellos la ley de la Ciudad. López había declarado en contra de Miguel Etchecolatz y se cree que fue secuestrado cuando salía de su casa por cuestiones vinculadas a la causa. También en ese año habían secuestrado a Luis Gérez, testigo en la causa contra el represor Luis Abelardo Patti.

Desde la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo tenía 60 días corridos para reglamentarla, contados desde su publicación en el Boletín Oficial. Fue publicada de hecho el 29 de enero de 2009 y la fecha de reglamentación expiró el 31 de marzo de ese año, según determinó la Justicia. Ya pasaron casi cinco años y continúa sin estar reglamentada. Mientras que en otras leyes la reglamentación puede ser una mera formalidad, en este tipo de normas es un paso fundamental. La implementación de programas exige, como prevé la ley, la creación de una autoridad de aplicación que conforme los equipos de trabajo y ejecute el programa.

Desde entonces, organismos de derechos humanos vienen pidiendo que se aplique la ley para que asista a los testigos que son parte, por ejemplo, en la megacausa ESMA que se lleva adelante en la Ciudad. La agrupación H.I.J.O.S. presentó una acción de amparo con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH).

Ahora, el ODH pidió a la Justicia que haga cumplir sus fallos. “Vamos a pedir sanciones directamente al Jefe de Gobierno, porque es el principal responsable y el que la ley señala que tenía que reglamentar. Vamos a pedir astreintes”, dijo a Infojus Noticias Demián Konfino, abogado del ODH. “Ya van tres sentencias consecutivas y le imponen costas. Desde el Gobierno de la Ciudad hablan de división de poderes, pero desde el Poder Ejecutivo no acatan ni lo que ordenó el Legislativo ni el Judicial”, dijo Konfino. Para él, el incumplimiento “marca un posicionamiento ideológico de que al Gobierno de la Ciudad no le interesa participar de este proceso histórico”.

“Venimos a solicitar se intime el cumplimiento de la sentencia, ordenando al Poder Ejecutivo de la Ciudad, reglamentar la norma bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas en la persona del Jefe de Gobierno”, expresó la organización en su escrito, y señaló que “es el Jefe de Gobierno Mauricio Macri el que se encuentra incumpliendo el fallo, pues de él depende su cumplimiento, a partir de la omisión reglamentaria”. En un comunicado, sostienen que agotarán “todas las vías hasta lograr la satisfacción del principio republicano de gobierno”.

El primer fallo es de mayo de 2012, cuando el juez Juan Vicente Cataldo ordenó a Mauricio Macri que reglamentara la ley en 20 días. “La reglamentación no es una facultad optativa de la administración”, expresó entonces el juez. El ejecutivo porteño apeló la resolución, que después fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Se verifica un claro incumplimiento de la ley por parte de la administración”, resolvieron.

Con dos fallos en su contra, el Gobierno de la Ciudad insitió: presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue denegado en octubre del año pasado. La última opción que le quedó al gobierno macrista fue un recurso de queja, presentado directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, que ahora está pendiente de resolución.