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A Fermín Ángel Núñez lo secuestraron el 2 de mayo de 1975 del Penal de Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán. Estaba preso desde el 18 de enero de 1975: tres meses en la jefatura de policía y uno y medio en el Penal. Esa noche un grupo comando dirigido por  el jefe de policía Castelli lo llevó a la central de Policía para torturarlo. Dos días después, le vendaron los ojos y le pegaron un papel en la espalda: tal vez decía su destino. Lo subieron a una camioneta junto a dos personas más, José Martín Paz y un tal Bulacio, y los llevaron al centro clandestino que se conoce como “La Escuelita”, que operó en la Escuela Diego de Rojas de Famaillá. Lo torturaron. Después lo rotularon con un número 4 en el pecho. Había otros: lo supo por los gritos atormentados de los cautivos en el lugar. Durante los siete años que pasó preso, entre la jefatura, la cárcel y el centro clandestino, por una causa de asociación ilícita que no tuvo sentencia, lo torturaron con picana eléctrica, le dieron palizas memorables y lo sumergieron en barriles con agua casi hasta la asfixia. Le mostraron dos cadáveres de los que nunca supo el nombre, y hasta torturaron a su padre frente a él.

El suplicio de Núñez podría haber sucedido en cualquier pozo de la dictadura, pero comenzó en plena democracia. El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón firmó el decreto 261/75 para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán”. Fue el banderazo de largada institucional para el Operativo Independencia, por el que ahora la justicia investiga asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad, vejaciones, torturas, violaciones, abusos sexuales y homicidios contra 270 víctimas entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976.

Por eso, los fiscales federales Pablo Camuña y Patricio Rovira volvieron a pedir la extradición de Martínez desde España y su declaración indagatoria, que ya había sido negada por el juez de primera instancia Daniel Bejas y por la Cámara de Apelaciones tucumana. “Sostenemos que tuvo una participación necesaria –o de cómplice primario, también se puede decir- por la infracción a su rol de garante. Nosotros no le imputamos una participación en su propio derrocamiento, sería insólito. Pero el tipo de intervención de las Fuerzas Armadas que autorizó en el decreto, era lo suficientemente importante como para que hiciera un control muy rígido sobre el ejército”, dijo el fiscal Camuña a Infojus Noticias.

Ese mismo febrero, comenzaron las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. “Ella por su función debió saberlo mejor que nadie. Y hay constancias de su presencia en el lugar durante esas fechas”, completó el fiscal federal.

En octubre de 2012, se produjeron las primeras veinte detenciones. Los fiscales habían pedido más de un año antes muchos arrestos más, pero muchos imputados estaban muertos, a otros no los encontraron, otros quedaron excluidos por mala salud, algunas faltas de mérito y sobreseimientos, quedaron sólo 16. Entre ellos, Mario Benjamín Menéndez, a cargo de "La Escuelita", su pariente José María Menéndez, gerente de la fábrica Norwinco, y Walter (a) “Capitán” Saborido, candidato a vicegobernador de la provincia en las últimas elecciones.

El 30 de diciembre de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de los militares y policías pero negó indagatoria de Isabelita. “Por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina”, dijo la Cámara en su resolución.

El tironeo por el llamado a indagatoria de Estela Martínez de Perón tiene, como trasfondo, dos lecturas políticas opuestas sobre el Operativo Independencia. Los fiscales Camuña y Rovira afirman que fue un banco de pruebas represivo –que se extendería a todo el país después del golpe de Estado- en el que se desplegó todo el aparato estatal para secuestrar, torturar, abusar sexualmente y asesinar a los opositores políticos y sembrar el terror. Que sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado, y un movimiento universitario y cultural único en la región.

El juez de primera instancia, Daniel Bejas, y la Cámara de Apelaciones, en cambio, coincidieron en que los militares tucumanos no tuvieron la "aquiescencia" del gobierno de Martínez y que el Operativo Independencia fue una etapa del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar a la jefa de Estado.

“No era necesaria su aquiescencia en la posición que ella ocupaba. Ella debía ser garante de ese operativo militar”, opinó Camuña. Ahora deberán esperar que la Cámara de Apelaciones haga lugar al recurso presentado por los fiscales. De lo contrario, deberá resolver la instancia superior: la Cámara de Casación Penal.