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“Es una cochina mentira”, dijo Ivonne Larrieu. Así definió el acta que le hizo firmar el juez Rolando Carrizo, en la Unidad Regional Primera de la Policía de Mendoza. Ella no tenía idea qué decía el acta, pero esa firma era el pasaporte para su legalización: saldría del centro clandestino de detención donde la habían violado y torturado, en un entrepiso del Palacio Policial mendocino, y pasaría al penal provincial. Todo eso acompañada por su hija, de 15 días de vida, que había sido secuestrada con ella, un mes antes del golpe de Estado de 1976.

La detención de Larrieu fue parte de una razzia que incluyó la caída de varios militantes y simpatizantes de Montoneros. Todos ellos fueron apresados en Mendoza, llevados a los calabozos del Palacio Policial, donde hoy funciona un archivo, torturados durante una semana y legalizados con la asistencia del juez Carrizo. Junto con él trabajaron, para el dispositivo represivo, los defensores y jueces subrogantes Luis Miret y Petra Recabarren. Ambos habían firmado el acta como defensores pero ella no lo supo nunca. Se enteró cuando los abogados le leyeron ese texto, firmado con un torturado al lado.

Carrizo, Miret y Petra Recabarren están acusados junto al ex juez Otilio Romano de participar del terrorismo de Estado. Los juzgan en el marco de una causa judicial que incluye a 41 imputados y se desarrolla en los Tribunales Federales mendocinos.

Los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Larrieu fue secuestrada junto con su marido, Alberto Mario Muñoz. Ambos vivían en Mar del Plata pero viajaron a Mendoza en febrero de 1976. Se habían alojado en la casa de Miguel Angel Gil. Ahí los fue a buscar la patota policial la noche del 9 de febrero: los sacaron de la cama, les vendaron los ojos con ropa y los empezaron al golpear. A Muñoz lo sacaron a la calle y lo tiraron al piso. Mientras uno de los policías le pisaba los dedos, otro le saltaba en la espalda y le pateaba la cabeza.

De ahí lo llevaron, junto a su mujer y a Gil, al D2. A todos los torturaron durante varios días: golpes picana, simulacros de fusilamiento. A Larrieu, como ocurrió con las otras mujeres secuestradas, también la violaron reiteradamente. Esa cadena sistemática del horror le costó el embarazo a Stella Maris Ferrón, otra de las detenidas en la primera quincena de febrero de 1976, que declaró esta mañana, al cerrar una audiencia de cinco horas.

En su declaración, Muñoz ratificó todo lo que contó su esposa y agregó detalles del accionar judicial: cuando lo llevaron ante el juez Miret vestido sólo con un pantalón. Al magistrado no le llamó la atención, tampoco que no pudiera declarar por el estado en el que se encontraba.

A Ferrón la fueron a buscar el 10 de febrero de 1976, un día después que a Larrieu, Gil y Muñoz. Su marido intentó frenar el asalto y se tiroteó con la patota policial. Mientras ella, embarazada de dos meses y con su hija en brazos saltaba la pared trasera de su casa. Pero la atraparon y la golpearon. Querían que les contara dónde había ido su marido, que había logrado escapar.

En el camino al D2 no dejaron de amenazarla. Le sacaron a su hija y le dijeron que la matarían. En los calabozos del entrepiso del Palacio Policial la torturaron como al resto de las mujeres y perdió su embarazo.

Un día la llevaron a entrevistarse con el juez Carrizo y ella pidió por su hija. Le respondió que estaba bien. Fue enviada a una cárcel, legalizada,  logró que su hija, que había sido llevada a la casa de un comisario, volviera con ella. Ambas estuvieron presas en Villa Devoto, junto a Larrieu.