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El Tribunal I de Mendoza aceptó el aumento y cambio de calificación para los ex jueces federales investigados en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Y rechazaron el pedido de la Fiscalía y la querella de proceder a su inmediata detención.
Miembros del Tribunal I de Mendoza aceptaron hoy el aumento y cambio de calificación para los ex jueces federales investigados en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Rechazaron, por otro lado, el pedido de la Fiscalía y la querella de proceder a su inmediata detención. "La jornada de hoy fue la más importante de este cuarto juicio dado que se ajustó la calificación legal de los ex magistrados y un ex policía del centro clandestino de detención D2, Pedro Linares, que pasaron a ser imputados por partícipes primarios", explicó a Télam el abogado querellante por el Movimiento Ecuménico, Pablo Salinas.
Tras una extensa jornada con largo cuarto intermedio, el letrado indicó esta noche que "se agregó la figura de asociación ilícita para todos los ex jueces y ahora, en vez de omisión de investigación en los Habeas Corpus, se los imputó por ser partícipes primarios las detenciones ilegales, homicidios, torturas, ataques sexuales y robos".
Se trata de los ex magistrados Rolando Carrizo, Guillermo Petra, y Luis Miret, a quienes el tribunal se negó hoy a detener tal cual ocurrió a fines del año pasado con el cuarto juez imputado en este juicio, Otilio Romano. "Los hechos son iguales, pero se modificó el ropaje jurídico" indicó Salinas.
En tanto el fiscal Dante Vega indicó que "se debe dar el encuadre jurídico que corresponde a cada uno de los delitos", como el echo de aplicarse la figura de privación abusiva de la libertad agravada por la violencia y las amenazas, en las causas cuyas víctimas estuvieron en un plazo mayor a un mes detenidas.
Además, la fiscalía pidió que la calificación de vejaciones sea cambiada a la de imposición de tormentos, ya que la primera haría referencia, por ejemplo, a hechos de menor gravedad y no a la detención en un centro clandestino.
Tras la extensa lectura de las acusaciones penales durante más de un mes, mañana será el turno de consultarle a cada uno de los 37 imputados si desean declarar ante el tribunal.
De no ser así, mañana mismo se podría comenzar con las testimoniales de este largo juicio que prevé durar más de un año dado que, además de los cuatro ex magistrados federales, se investiga la participación de otros 33 ex militares y ex policías en la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura.
Esta causa reúne a 110 víctimas y 16 procesados, y tiene también a ex penitenciarios acusados por torturas a los detenidos en la cárcel. El tribunal número 1 está integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade (juez de San Luis convocado para este debate).
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