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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy condenó hoy a los represoresMariano Rafael Braga y José Bulgheroni a prisión perpetua, y a Antonio Vargas a 25 años de cárcel, en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura. Las penas impuestas por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin coincidieron con las solicitadas por la fiscalía y los querellantes.

 

Antes de leer la parte dispositiva de la sentencia, el TOF rechazó todas las nulidades presentadas por las defensas de los acusados y consideró los hechos juzgados como "delitos de lesa humanidad" y por lo tanto imprescriptibles. La lectura de la condena se realizó cerca de las 18.30, mientras unas 30.000 personas se agolpaban en los alrededores, hasta llegar a los vallados policiales desplegados en todos los accesos a unos 100 metros de la sala de audiencia, próxima al microcentro de la capital provincial. 

 

Bulgheroni y Braga eran oficiales de inteligencia del Area 323 de represión, durante el terrorismo de estado, y Vargas se desempañaba como interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, convertido entonces en un centro clandestino de detención. Los primeros fueron condenados por homicidio calificado y el tercero por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra numerosas víctimas. 

 

Ángel Ricardo Rozo recordó en la puerta de los tribunales a Avelino Bazán, principal dirigente del sindicato de mina El Aguilar. Señaló que cree haber sido “el último compañero que lo vio con vida”. "Fui trasladado el 24 de marzo de 1976 en una camioneta de la compañía minera Aguilar rumbo a La Quiaca", en el norte de Jujuy, junto a otros ocho mineros de un total de 27 secuestrados el día del golpe en esa empresa del noreste provincial. Bazán fue también diputado provincial por el peronismo y ministro de Trabajo en Jujuy, entre junio y diciembre de 1973. 

 

A partir del secuestro masivo de mineros urdido por represores y empresarios, Rozo y sus compañeros fueron "paseados" por Gendarmería de La Quiaca, el Regimiento 20 de Jujuy y finalmente alojados en el penal provincial de Villa Gorriti, que funcionaba como campo de concentración. Recién este primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy permitió que esta historia comenzara a conocerse y que, a 36 años de los hechos, en octubre de 2012, muchos de ellos volvieran de visita a El Aguilar y que declararan como testigos en la causa.

 

Ayer, los jueces les ofrecieron a los imputados la posibilidad de expresar sus últimas palabras. Braga desacreditó testigos y descargó responsabilidad en otros represores. "No detuve, no secuestré, no torturé, no trasladé, ni menos asesiné a (Julio) Álvarez García, alias Pamperito", dijo Braga ayer en el juicio. 

 

Vargas habló por teleconferencia desde la cárcel bonaerense de Ezeiza donde está alojado. Rehusó usar su derecho a pronunciar las últimas palabras. Igual que Bulgheroni. Bulgheroni y Braga eran oficiales de inteligencia del Área 323 de represión, durante el terrorismo de estado. Vargas se desempañaba como interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, convertido entonces en un centro clandestino de detención. 

 

"Braga sólo reiteró lo que expresó en sucesivas declaraciones indagatorias a lo largo del juicio, sobre todo descargando la responsabilidad (por la que se lo juzga) en otros miembros del Ejército", dijo el abogado Juan Manuel Sivila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 

"Hoy empleó un tono de voz bastante más bajo que con el que empezó, supongo que por el nivel de cansancio que debe tener en sostener algo que no es cierto", interpretó por su parte el abogado Néstor Ruarte, uno de los querellante que representó en este juicio oral y público a familiares de las víctimas. Como Sivila, Ruarte entendió que Braga sólo resumió en sus últimas palabras argumentos anteriores, que ya fueron respondidos en los alegatos de la fiscalía y las querellas en este juicio que unificó varias causas, con más de 40 víctimas de la represión dictatorial, seis de las cuales siguen desaparecidas. 

 

Bulgheroni estaba imputado en dos de las cinco causas judiciales unificadas en este juicio: Reynaldo Aragón y otros, y Paulino Galeán y otros, esta última conocida también como "grupo Tumbaya". Entre los secuestros de militantes del Partido Comunista de la localidad de Tumbaya, Bulgheroni fue acusado por la desaparición de Santos Rosa Mamaní, cuando éste fue al RIM 20, sede del Área 323, a retirar un certificado de libertad.

 

Braga fue imputado en el secuestro y desaparición de Julio Rolando Álvarez García, un militante de la Juventud Universitaria Peronista en Tucumán, capturado en la casa de su familia en Jujuy por un grupo de tareas el 21 de agosto de 1976. 

 

Vargas está imputado en dos causas relacionadas con las represiones de la Noche del Apagón, cuando decenas de obreros y vecinos del ingenio Ledesma fueron secuestrados, y contra mineros de El Aguilar. En los operativos ilegales de la Noche del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, fueron capturadas unas 400 personas, de las cuales alrededor de 30 siguen desaparecidas. Por este caso, en otra causa judicial, están procesados Carlos Alberto Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, en esa época administrador de la misma empresa.