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“Ustedes no pueden juzgarme. El tribunal adecuado que debe hacerlo es un tribunal castrense porque mis actos fueron acciones militares”. El capitán de navío retirado Francisco Lucio Rioja habló por videoconferencia desde Buenos Aires. Al igual que el resto de los imputados en el  tercer juicio por la “Megacausa Base Naval” que se lleva adelante en Mar del Plata, se negó ayer a declarar. Lo mismo hicieron los otros trece acusados por los crímenes cometidos en las dependencias de la Armada en Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar. Ninguno declaró ante los jueces Mario Alberto Portela, Néstor Rubén Parra, Alejandro Daniel Esmoris y  Jorge Aníbal  Micheli

Con una sala repleta de estudiantes de fotografía, comenzó la tercera audiencia en el juicio por  la “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita” en perjuicio de 123 personas. Todas ellas pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el edificio de Buzos Tácticos dentro del predio de la Base Naval,  en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) ubicada en el Faro de Punta Mogotes y en el cuartel de la Prefectura Naval, en el corazón del puerto marplatense.

El ex marino Justo Alberto Ignacio Ortiz permanece detenido en San Luis purgando dos condenas a prisión perpetua. Por videoconferencia, fue el primero de los imputados en negarse a declarar. Desde la Sala de la Cámara Federal de Casación en Buenos Aires, lo siguió el contralmirante (R) Roberto Luis Pertusio, quien dijo tener dificultades para recordar su número de documento y por eso tuvo que leer  todos sus datos personales.

Rioja fue el que enfrentó de lleno al tribunal y aclaró al tribunal que en la época que ocurrieron los hechos que se le imputan, no era capitán de corbeta sino teniente de navío. “Era un oficial subalterno. No fui jefe del Departamento de Inteligencia de Submarinos y todas las acciones realizadas fueron militares. Debe juzgarme un tribunal castrense”, sostuvo.

El ex capitán de navío José Osvaldo Forbice ingresó a la sala en sillas de ruedas y tuvo que ser asistido por el equipo médico del Servicio Penitenciario. Se negó a declarar y el tribunal ordenó un peritaje médico para determinar si está en condiciones físicas y psíquicas para enfrentar el juicio.

El ex general de Brigada del Ejército, Alfredo Manuel Arrillaga cuenta con tres condenas a prisión perpetua y ahora debe responder por el secuestro, las torturas y la muerte de 93 personas. Caminó con paso seguro hasta el centro de la sala y con tono marcial repitió su latiguillo: “Nunca fui oficial de Inteligencia. Se puede constatar en mi legajo”. Se reservó el derecho a declarar para otro momento.

Rafael Guiñazu se desempeñó como jefe de Buzos Tácticos en la Base Naval durante la última dictadura. Ayudado por un bastón llegó a sentarse frente al tribunal y después de relatar su  extenso currículum, se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan.

El resto de los acusados: los ex marinos Juan José Lomabardo, Raúl Alberto Marino, Juan Eduardo Mosqueda, José Omar Lodigiani, José Francisco Bujedo,  Daniel Eduardo Robelo y los prefectos Ariel Macedonio Silva y Julio César Fulgencio Falcke, también eligieron el silencio.

Con excepción de Arrillaga, el resto de los acusados integró la Fuerza de Tareas 6 (FUERTAR 6) que operó en Mar del Plata y la zona costera que comprendía la Subzona militar XV. A su vez, la FUERTAR 6 estaba conformada por dos grupos tareas (GT)  y una central de inteligencia. El G.T 1 operaba en la Base Naval y el G.T 2 lo hacía en el la ESIM, ubicada en el predio del Faro de Punta Mogotes, al sur de la ciudad.

El miércoles 10 de junio comenzarán las declaraciones testimoniales. Con autorización del tribunal, los imputados dejarán de presenciar las audiencias hasta que llegue la etapa final del juicio, cuando tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de escuchar el fallo.

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