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El 4 de agosto de 1976 el obispo Enrique Angelelli regresaba a la capital de La Rioja desde la ciudad de Chamical, donde había investigado el asesinato de los sacerdotes tercermundistas Carlos Murias y Gabriel Longueville. Manejaba una camioneta Fiat, junto al ex sacerdote Arturo Pinto, colaborador y amigo personal, cuando a la altura de Punta de los Llanos, un auto blanco los encerró y provocó el vuelco del vehículo en que viajaban. Angelelli salió despedido y falleció en el acto, en tanto que Pinto quedó inconsciente en el vehículo por las diversas heridas que sufrió. El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y lo golpearon con un objeto contundente, asegurándose su muerte.

El juicio por la muerte de Angelelli empezó en noviembre del año pasado y entró en su etapa final. En una de las audiencias Arturo Pinto, como víctima sobreviviente -también se juzga su intento de homicidio y quién provocó sus graves lesiones-, reconstruyó el hecho, que estuvo paralizado en la justicia durante varias décadas. Dijo que en la carretera un automóvil comenzó a seguirlos, y luego otro. Y en el paraje denominado Punta de Los Llanos  habrían encerrado a la camioneta hasta hacerla volcar. Después de permanecer inconsciente durante un tiempo, Pinto vio a Angelelli muerto en la carretera, con la parte de atrás de su cuello mostrando lesiones graves, "como si lo hubieran golpeado".

Ese testimonio es clave para el Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga, que tiene previsto escuchar a partir del 13 de junio los alegatos de las partes. Una semana después, estaría la sentencia.  Están imputados los represores Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez, acusados de homicidio calificado y asociación ilícita agravada.  Por la demora del juicio –que estuvo archivado  y se reactivó con la derogación de las leyes de impunidad- no llegaron a ser juzgados otros tres represores -como el comisario Juan Carlos Romero-, que fallecieron antes del proceso. En representación del Ministerio Público actúan los fiscales generales Michel Salman y Darío Illanes, en tanto los querellantes son Miguel Angel Morales, por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez, por el Obispado de La Rioja, y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Desde la Organización Tiempo Latinoamericano confiaron que está probado que “el crimen de Angelelli fue un crimen político, porque había sido marcado por la inteligencia policial hacía años por su trabajo social, y su aniquilación fue planificada como una lección para que su obra con los pobres y con los marginados quedara interrumpida”. Dijeron que varios testigos, en el juicio, dieron probado ese hecho. Como el caso del sacerdote Gervasio Mecca, quien habló desde Chile por videoconferencia. Mecca dijo que llegó a La Rioja en 1973 y destacó que conoció a Monseñor Angelelli cuando era Rector del Seminario de Córdoba. Sobre el trabajo de su pastoral en La Rioja, que comenzó en 1968, dijo: “Tuvimos la intensidad de un acoso permanente, despiadado, seguimientos, advertencias, grabación de homilías y cuestionamientos a la pastoral. Culminó el acoso en  1976 con los asesinatos de Carlos Murias y Gabriel Longueville, con el asesinato de Wenceslao Pedernera y finalmente con el de Angelelli. El objetivo era él”.

Otro de los testigos que acreditó cómo Angelelli sufrió la persecución del poder fue Rafael Sifre, ex integrante del movimiento rural campesino, quien se refirió también a la campaña de desestabilización mediática. En ese punto, declaró que “el diario El Sol surgió para denostar la imagen de Angelelli” y que tras haber sido detenido en varias oportunidades en los interrogatorios siempre le preguntaban sobre el “obispo rojo”, como llamaban los militares a Angelelli. Lo acusaban de comunista y de pretender hacer pensar a los más humildes en la defensa de sus derechos. El testigo destacó que el obispo les insistía en que se fueran, que si los mataban por él no quería cargar con eso en su conciencia. “Vayan ustedes, yo no puedo abandonar el barco”, dijo que decía Angelelli.  

Por otra parte, la querella destacó el material enviado como prueba por la Comisión de la Memoria de La Plata, el archivo de la DIPPBA  (Dirección de Inteligencia de la Policía  de la Provincia de Buenos Aires) da cuenta del accionar de la inteligencia militar en la persecución de Angelelli y su diócesis.

La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas. En una de las últimas audiencias, declararon Fernando Trezza y Victor Cohen peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa ocasión, Fernando Trezza afirmó que el obispo "falleció por traumatismo craneoencefálico” y señaló que "en la segunda autopsia que se le realizó al cadáver de Monseñor Angelelli se determinó que el mismo murió producto de las múltiples fracturas sufridas a raíz del vuelco del vehículo".

Al ser consultado por los raspones y la falta de piel en los talones y parte de la nuca, el perito forense señaló que "puede que haya sido porque lo arrastraron o bien al ser despedido, la inercia del cuerpo hizo que pueda haber raspado en el asfalto al golpear con el mismo". La querella cree que sus verdugos provocaron el accidente y que, luego del impacto, lo habrían golpeado con saña.

En este sentido, el querellante Luis Miguel Baronetto expuso de qué manera, en la última dictadura militar, la Iglesia católica  realizó un pacto de silencio sobre el asesinato de Angelelli. Citó, en efecto, documentación que demostró cómo el nuncio Pío Laghi le había dicho al exdictador Jorge Videla: “Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de monseñor Angelelli fue producto (sic) por un accidente. Usted puede dormir tranquilo respecto de este asunto”.

En 2006, cuando se reactivó la causa por el asesinato, el expresidente Néstor Kirchner, con motivo de los homenajes, afirmó en Chamical que lo habían asesinado los militares. Baronetto dijo que dicha declaración generó la reacción de varios generales, como el caso de Jorge Norberto Apa, detenido y procesado por delitos de lesa humanidad. El 2 de agosto de 2006, con el epígrafe de “presidente” –sin especificar de qué–, Apa envió una carta al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer que hablaba a las claras de la connivencia iglesia-militar y de los intentos por frenar la investigación por la muerte de Angelelli. “Nos dirigimos en cumplimiento de un deber de elemental prioridad ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FF.AA. Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente”, decía la carta.

Con una carga de pruebas que consideran favorable y que los motiva a seguir investigando los nexos entre la jerarquía eclesiástica y los militares en La Rioja, los querellantes confían que se hará justicia después de un cerco de impunidad de casi cuarenta años.