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Luego de estar más de un año prófugo, Alberto Julio Candioti fue detenido en Montevideo el 23 de mayo de 2013. Había logrado esquivar la justicia durante 436 días: se convirtió en un fantasma luego de que el 6 de marzo de 2012 el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza, emitió una orden de captura internacional en su contra por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Unos días antes dejó de lado su perfil alto y se esfumó. En su departamento ubicado en calle Corrientes, en el microcentro porteño, sólo quedó su esposa. Del estudio jurídico, a pocas cuadras de su domicilio, se hizo cargo su socio. Se lo dejó de ver también en los hipódromos, donde alternaba su pasión por el turf con su trabajo como asesor jurídico de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA) y de la Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT). Pese a su condición de prófugo (con pedido de captura de Interpol incluida) cobró su sueldo como empleado de OSPAT (cercano a los 20 mil pesos) durante marzo, abril y mayo de ese año.

Tras su detención, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos pidió su extradición y el juez federal Humberto Blanco dictó la orden el 27 de mayo de 2013. La extradición fue concedida por la jueza uruguaya Julia Staricco Campodónico el 16 de septiembre, pero fue apelada por la defensa de Candioti y, desde ese momento, ya no hubo novedades en la causa.

“La semana pasada se pidió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto un informe de actualización de estado del trámite, como ya lo hicimos en otras oportunidades. Esto debe hacerse por la vía ministerial, que es la vía de autoridad del tratado de extradición. Hasta el momento la justicia uruguaya no se pronunció sobre la apelación que presentó la defensa”, explicó Pablo Schapiro, secretario del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, en diálogo con Infojus Noticias.

El represor que se camufló en fútbol

Alberto Julio Candioti nació el 16 de enero de 1945, en Santa Fe. Se recibió en el Colegio Nacional Simón de Iriondo y luego comenzó su carrera militar en el Liceo. Al mismo tiempo dio sus primeros pasos como dirigente deportivo. Se asoció al Club Atlético Colón el 14 de agosto de 1976, donde aún figura en el padrón con el número 27.577. Un año después comenzó a recorrer los pasillos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como representante del Sabalero.

Su influencia en el club creció en la década del 80’: integró varias comisiones directivas y afianzó su relación con Julio Humberto Grondona. En 1985 se retiró como Mayor y en 1989 se recibió de abogado en la Universidad Católica de Santa Fe. Apenas un año después desembarcó en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) donde llegó a estar a cargo del área jurídica: sí, un hombre que venía del Batallón 601, el organismo de inteligencia más importante de la última dictadura, en democracia pasó a ocupar un cargo con acceso a los datos de todos los argentinos.

En la década del 90’ fue vicepresidente de Colón, asesor jurídico de Grondona (llegó a defenderlo ante una denuncia por administración fraudulenta) y en 2002 candidato a presidente del club santafesino, aunque no logró su objetivo. Luego se desempeñó como asesor adscripto de la presidencia de la AFA y apoderado legal del Instituto Superior de Arbitraje. “El hombre fuerte de Colón en AFA” era la manera en la que, los medios locales, se referían a él.

La Cacha

Candioti fue militar y agente del Batallón 601. Según la investigación judicial actuó en al menos tres centros clandestinos de detención: en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el Pozo de Banfield y en La Cacha. De su propio legajo militar se desprende que cumplió las funciones especificadas por las siglas S1 (Personal), S2 (Inteligencia) y S3 (Operaciones).

En el Destacamento de Inteligencia 101 figura como Jefe de la Sección Comando y Servicios entre el 9 de enero de 1978 y el 7 de abril de 1979. Bajo su línea de mando estaban los tenientes, subtenientes y suboficiales, y también una parte de los civiles que provenían del 601 y que con distintas funciones “fortalecían los recursos humanos de la dependencia”.

En San Justo se precisa que “en virtud del cargo que ostentaba, Candioti debe responder en orden a los hechos que damnificaron a las víctimas que estuvieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de San Justo durante su período de revista”. En Banfield se lo menciona como “Responsable de las áreas de Personal e Inteligencia en la Plana Mayor (cargos S1 y S2, respectivamente, nada menos), con el grado de capitán”.

El período en el que Candioti actuó como Jefe del 101 lo ubica, por jerarquía, como uno de los hombres con poder decisión sobre La Cacha. En la investigación y en el juicio que hoy se está llevando adelante (aunque de un período anterior a la actuación de Candioti) se refleja la influencia que tuvo el 101 sobre ese centro clandestino: “Existían guardias conformadas por sus PCI (Personal Civil de Inteligencia), grupos de tareas en los que participaban PCI y miembros de la plana mayor e interrogadores del 101”, confió una fuente vinculada a la causa.

En ese lapso de tiempo estuvo detenida en La Cacha Laura Carlotto, hija de la actual titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Fue secuestrada en noviembre de 1977. El 26 de junio de 1978 fue trasladada a un hospital militar donde dio a luz a su hijo. La dictadura festejaba el Mundial, logrado apenas 24 horas antes.

Los militares le dijeron a Laura que habían entregado a Guido a su abuela, y que ella sería liberada. Esa misma noche la asesinaron. Guido tendría hoy 36 años. Estela le dedicó en 2011 un texto en Página 12: “Querido nieto, qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre. Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo”. Hace unas semanas, ante la justicia, fue más elocuente: “Tengan el valor de decir dónde están nuestros nietos, tenemos poco tiempo. Yo tengo 13 nietos, pero me falta Guido."

El amaparo que rechazó el ex juez Brusa

En un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, en el que se reconstruye de qué manera las distintas fuerzas de seguridad actuaron de manera conjunta durante la represión ilegal, aparece el nombre de Candioti. Allí puede leerse bajo el título “Pase de Agentes entre Organismos de Inteligencia” que fue uno de los oficiales del 601 que operó en región, donde está acusado de la desaparición de Roberto Daniel Suárez, un conscripto que se encontraba bajo su mando en la ciudad de Santo Tomé.

“A mi viejo un día lo mandaron a hacer un mandado y nunca volvió. La última vez que lo vieron fue en la Plaza del Soldado, esperando el colectivo que lo llevaba hacia barrio Guadalupe. Hay una denuncia en la Conadep y otros testimonios que afirman que Candioti fue una de las tres personas que participó del secuestro y asesinato de mi viejo. Yo nací en cautiverio el 24 de marzo de 1977 porque mi mamá fue detenida a los dos meses de embarazo”, afirmó Sebastián Suárez, su hijo.

Su mamá es Cecilia Mazzetti, que fue detenida en agosto de 1976. Tenía apenas 16 años. Empezó el embarazo con 52 kilos y lo terminó con 49. Ya a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero aún detenida, fue trasladada al Hospital Cullen para dar a luz. Estaba tan débil que para llegar al parto debían hacerle una transfusión de sangre, que se demoró porque las Damas de Beneficencia estaban recorriendo el lugar, atentas a la visita de la esposa de Jorge Videla, que había llegado a Santa Fe para celebrar el primer año del golpe militar.

“Con mucho sacrificio y esfuerzo Sebastián nació bien”, recordó. Roberto y ella habían militado en la Juventud Peronista durante la secundaria. Su pareja decidió salir de la clandestinidad y presentarse para realizar el Servicio Militar 17 días después del nacimiento de Sebastián. El 1° de agosto de 1977 fue secuestrado. “El ejército se limitó a informarnos que para ellos era un desertor. En democracia al menos pudimos conseguir que dejara de figurar de esa manera y hoy es reconocido como víctima de desaparición forzada”, señaló. El pedido de hábeas corpus que presentó la familia de Roberto fue rechazado. La complicidad judicial está presente en ese documento, que lleva la firma como secretario de Víctor Hermes Brusa, luego juez federal, actualmente condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Santa Fe.