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Marcos Jacobo Levín, dueño de la transportista salteña "La Veloz del Norte", está acusado de instigar el secuestro y las torturas del delegado gremial Víctor Manuel Cobos, en enero de 1977. Para los fiscales de la causa el empresario que ahora tiene 74 años usó el aparato del terrorismo de Estado para “controlar” a sus empleados. Ahora los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba y Juan Manuel Sivila, pidieron la elevación a juicio de la causa. Es el primer caso de un empresario civil que llegará a tratarse en un debate oral por crímenes de lesa humanidad. Levín podrá ser enjuiciado junto a otros tres policías, el brazo ejecutor de sus pedidos.

El 22 de enero de 1977 a las 9.30 Cobos se encontraba en la empresa  a punto de salir de viaje de servicio. Fue detenido por el oficial Víctor Bocos, acompañado por Enrique Cardozo y el policía Víctor Figueroa. Le quitaron un maletín y sin darle motivos para la detención lo llevaron a la comisaría 4ta de la capital de Salta, en un Ford Falcon gris de la empresa.

Junto a Cobos, la policía detuvo a otros 21 trabajadores de “La Veloz del Norte”, que estuvieron cautivos y bajo tortura durante casi tres meses. Levín los había denunciado: los acusaba de robarle a la empresa. “La causa por ‘defraudación’ era porque Levín acusaba a sus empleados de quedarse con parte de la recaudación. En ese proceso hubo muchas irregularidades como para considerarlo legal. Lo más claro es que se les tomó declaración bajo torturas”, dijo Sivila Infojus Noticias.

El primer día hábil después de la feria, la fiscalía pidió la imputación con la que Levín puede llegar a juicio acusado por “instigación de tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada en un hecho”. De momento la acusación solo es por Cobos, aunque podrían incluirse las de los otros 21 trabajadores.  

“Está probado que otros 15 de los empleados detenidos, a criterio de la fiscalía, también sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Sin embargo, el juez no los procesó porque consideró que se trataban de delitos comunes y por lo tanto declaró su incompetencia parcial. El Ministerio Público Fiscal apeló por estas 15 personas y la decisión está en manos de la Cámara de Casación. Esperamos una respuesta positiva, porque sentimos que es absurdo considerar a Cobos víctima de lesa humanidad pero al resto no”, dijo Sivila.

Durante la dictadura, la policía tenía facultades anticonstitucionales otorgadas por el Código Procesal para detener e interrogar sin proceso judicial, pero en este caso quedó comprobado incluso que los efectivos de la comisaría 4ta trabajaban para la empresa de Levín. Sivila explicó que “se pudo acreditar el vínculo a través de informes que remitió la empresa, además de legajos personales y declaraciones testimoniales variadas y concordantes. El oficial Bocos, por ejemplo, era empleado de la empresa. No solo él, sino el personal de la comisaria usaban los vehículos de la empresa”.

Más allá de que los procedimientos por la causa de “defraudación” que inició Levín contra sus empleados son totalmente sospechosos, para la fiscalía “lo que está totalmente probado es que hubo tormentos durante esas detenciones”.

Levín está con prisión domiciliaria en su casa. Tras el juicio podría caberle una pena de hasta 15 años de prisión.