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Hoy comenzó en Catamarca el juicio por la Masacre de Capilla del Rosario donde fueron asesinados catorce militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Desde esta mañana, después de más 38 años, se juzga a los represores Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta (quien ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba) y Mario Nagakama ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la provincia. El delito que se les imputa es homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser los autores dos o más personas.
En la primera audiencia de hoy se esperaba la lectura de la acusación y de la elevación a juicio. El abogado querellante Bernardo Lobo Bugeau explicó a Infojus que hay un hecho novedoso en este juicio. El excoronel Carrizo Salvadores, al ser abogado, ejerce su propia defensa. Había pedido modificar su “prisión preventiva” por “domiciliara” y argumentó que necesitaba estar en pie de igualdad con los otros imputados, para lo que requería acceso a un teléfono fijo, fax, celular e Internet. “Se le dio autorización para que concurra dos veces por semana al tribunal para preparar su defensa”, contó Bugeau.

Los hechos que se investigan ocurrieron en agosto de 1974. Entonces el ERP había planificado dos ataques simultáneos: uno a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Córdoba, y el otro al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Ambas operaciones serían desplegadas por un grupo conformado en total por 47 militantes, de 18 a 22 años. Los involucrados en las acciones en Córdoba acamparon junto al río Piedras Blancas, a 20 kilómetros de la capital catamarqueña y en las cercanías de la Capilla del Rosario. En la noche del 10 de agosto dos personas que circulaban en bicicletas por la ruta 38 vieron a los militantes cambiar sus ropas civiles por uniformes militares y dieron aviso a la policía. El 12 de agosto llegaron hasta ahí 60 soldados. La versión oficial dijo que todos los militantes –que eran catorce- habían muerto en combate. En las investigaciones posteriores se descubrió que, al quedarse sin municiones, los miembros del ERP habían rendido. Pero después fueron brutalmente golpeados. Rendidos y desarmados, fueron asesinados por orden del segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el general José Antonio Vaquero. El hecho se conoció como la Masacre de la Capilla del Rosario. Los militantes fusilados eran Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera (Héctor Moreno), Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari. Cinco de ellos fueron enterrados como NN en el cementerio, el resto fue devuelto gradualmente a sus familiares.

La entonces viuda reciente de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez, felicitó a los militares que habían llevado adelante la masacre. “Nuestro criterio –explicó Bugeau-  es que, al igual que los fusilamiento de Trelew, la masacre se debe entender como una acción planificada desde el Estado. Y esto a pesar de que cuando ocurrieron estos hechos faltaban dos años para el inicio de la dictadura”.  

Los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba reclamaron conocer la identidad de los NN que encontraron enterrados. La causa se inició en 2004 con el juez federal Pedro Navarro. El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari, ambos militantes tupamaros. También se supo que entre los combatientes había miembros del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.

El excoronel Nakagama fue el primer detenido de la causa en 2009, a pedido del fiscal Santos Reynoso, quien tomó declaración a militares, policías y soldados. En 1974 Nakagama era jefe de la sección Morteros Pesados del Regimiento 17. Después llegó la hora de Carrizo Salvadores, jefe del Regimiento en 1974 y que llegaría a ser jefe de Policía en Jujuy en 2004. El último procesado fue Acosta, quien tenía a cargo una compañía del regimiento, y que ya fue condenado por su actuación en el centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba.

La defensa de Acosta pidió su apartamiento por estar siendo juzgado en la causa La Perla II. Sin embargo, el tribunal decidió que Acosta participara mediante videoconferencia todos los días lunes y que sus abogados ejercieran la defensa técnica en las demás instancias.

El juez federal Ricardo Moreno rechazó las nulidades planteadas por la defensa, entre ellas el pedido de declarar inconstitucional la acusación. En ese dictamen se señala a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto imprescriptibles. El juez aceptó, en el documento, que "el Estado sea querellante en el juicio".

A partir de hoy, en un proceso que podría durar 60 días, se escucharán a los 56 testigos, entre los que se cuentan los cinco sobrevivientes de la masacre. Los militantes del PRT que lograron huir o fueron detenidos sin ser fusilados, dijo  Bugeau, serán los primeros en declarar.  El tribunal está integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Una conformación similar a la que el año pasado condenó a Carlos Lucena a 16 años y a Juan Rauzzino y 10 años de prisión en el primer juicio por lesa humanidad de la provincia. Todos los acusados llegan a esta instancia en prisión. Carrizo y Nakagama en Catamarca y Acosta, en Córdoba. Además de los abogados que representan a familiares, actúan como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.