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En 1924, más de cuatrocientos indígenas que realizaron una huelga para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en la reducción Napalpí, provincia de Chaco, fueron asesinados. Lena Dávila, antropóloga del Conicet, reveló fotos de los momentos previos al ataque y un intercambio de cartas entre Robert Lehmann-Nitsche –un médico y antropólogo alemán– y Enrique Lynch Arribálzaga –antropólogo argentino y director de la reducción indígena de Napalpí–, que permiten ratificar la existencia de la masacre y dan cuenta de que la represión se extendió por más tiempo. El viernes pasado, la antropóloga brindó su testimonio en la Fiscalía Federal de Resistencia.  

La masacre

Los indígenas estaban en huelga –incluía a indígenas de las etnias Moqoit, Qom y Vilelas– porque la paga no era buena. Les daban vales, en lugar de dinero, por su trabajo; sufrían maltratos; y, además, estaban cercados por el propio gobierno provincial. Al iniciarse la protesta, y ante los reclamos de los terratenientes de la zona, el entonces gobernador Francisco Centeno firmó un decreto con el que prohibió la salida de los indígenas de la reducción. Por aquellos años, y ante las malas condiciones laborales, una de las opciones de salida era ir hacia el norte argentino para trabajar en los ingenios azucareros ubicados en Salta y Jujuy. Pero la presión de la oligarquía los cercó en la reducción. 

El 19 de julio de 1924 era sábado y la huelga continuaba. Mientras los mayores esperaban reunirse en el parlamento indígena, los más chicos jugaban y correteaban por ahí. Dos días antes, una avioneta piloteada por policías había pasado por el lugar de la huelga para ver quiénes estaban y los diarios de Resistencia ya hablaban de “sublevación indígena”.

Pedro Balquinta perdió a su familia en la masacre y el año pasado declaró ante la fiscalía.

Fue entonces cuando comenzó la represión y más de 400 indígenas fueron masacrados, incluyendo mujeres y niños, mientras que la policía no sufrió ninguna baja. El diario La Nación minimizó los hechos al sostener que “las fuerzas policiales se tuvieron que limitar a incendiar la toldería y a dejar a unos cuantos muertos en el lugar del suceso”, tal como publicó en la edición del 20 de julio de 1924.

Las nuevas pruebas

Entre los nuevos elementos incorporados, figura una foto que muestra una avioneta de fondo y, delante, a una gran cantidad de hombres con sombrero, armas y pistolas. Entre ellos, está Robert Lehmann-Nitsche, un antropólogo y médico alemán que estuvo en la Argentina, entre 1887 y 1930. “Encontré imágenes, una fotografía delante del avión, que es el avión que se usó para reconocer el campamento indígena”, contó a Infojus Noticias Lena Dávila, la antropóloga argentina –becaria doctoral del Conicet– que rescató esos documentos del Instituto Ibero-Americano de Berlín.

“Al dorso de esta foto está escrito en alemán ‘Avión contra el levantamiento de indios de Napalpí’”, compartió Dávila y explicó que esa foto zanjó un debate académico respecto a si el antropólogo alemán estaba en conocimiento de lo ocurrido en Napalpí. “Era sabido que él había estado en el mismo mes que sucedió la masacre, en julio de 1924”, agregó.

El viernes pasado, Dávila dio testimonio de su trabajo en la Fiscalía Federal de Resistencia, donde el fiscal Diego Vigay, junto con los fiscales federales Federico Carniel y Patricio Sabadini, comenzó una investigación de oficio sobre la masacre, con la recopilación de documentos, que esperan termine en el requerimiento de instrucción para que se pueda alcanzar un juicio por la verdad.

Además de las fotos, Dávila incluyó en su investigación el envío de cartas entre el antropólogo alemán Lehmann-Nitsche y Enrique Lynch Arribálzaga, un antropólogo argentino que fue director de la reducción Napalpí. El intercambio epistolar, que mantuvieron desde 1912, “deja en evidencia que sabía (Lehmann-Nitsche) lo que estaba pasando, aunque no hubiera visto el hecho en sí mismo”, contó Dávila y agregó que, por ejemplo, Lynch le decía en una de ellas la frase “la violencia de lo que usted fue testigo”. Pero, además, “queda en evidencia que la represión en la zona continuó porque le cuenta que a la gente la habían ido a buscar a la casa y la asesinaban”, explicó la antropóloga.

El intercambio de cartas posterior a la masacre revela que la represión a los indígenas se extendió, por lo menos, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. En una de esas misivas, le advierten al antropólogo alemán: “Para que estén prevenidos, por si llegan a molestarlos, interrogándolos por intermedio de esa policía, en cuyo caso creo que Uds. deben ser lo más parcos de palabras que puedan y, sobre todo, procuren evitar el dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa, para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna Uds. se hallan lejos, repito”.

Esta prevención sería puesta en evidencia en una carta del antropólogo alemán al propio gobernador de Chaco –por aquellos años, Fernando Centeno–, donde le contestaba una consulta sobre si había tenido conocimiento de hechos entre indígenas y policías, en julio de 1924. “Me es grato manifestar –escribió– que no he presenciado esos hechos ni sumado datos o pruebas que con ellos se relacionen”.

¿Cómo sigue?

“Es una nueva vuelta de tuerca consolidando de manera importante todo lo ya reconstruido”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Diego Vigay, después de escuchar el testimonio de la antropóloga. Además, sostuvo que ya se han juntado cerca del 80 por ciento de los documentos previstos por los fiscales en el trabajo de investigación. 

Allí se incluyen investigaciones históricas sobre los hechos; el expediente judicial original de la época; informes de la Comisión de Reducciones de Indios sobre el funcionamiento de la reducción Napalpí; las memorias del Ministerio del Interior de la Nación; y el libro de sesiones de la Cámara de Diputados cuando interpelaron al Ministro de Gobierno de la Nación por los hechos.

Se espera que, entre fines de año y principios del año que viene, pueda estar el requerimiento de elevación a juicio y aún se analiza la posibilidad de que intervenga el Equipo de Antropología Forense (EAAF), para examinar la fosa común donde fueron depositados los cuerpos de los indígenas. Los fiscales federales de Chaco presumen que la matanza se trató de delitos de lesa humanidad y, desde esa perspectiva, planean que se pueda llegar a realizar un juicio por la verdad.  

GA/LL