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Los acontecimientos de diciembre de 2001 marcaron la historia institucional y política reciente. En los momentos más tensos de los días 19 y 20, el Estado desplegó una brutal represión policial, que tuvo como consecuencia el homicidio de más de treinta personas, centenares de heridos y cuatro mil quinientos detenidos en todo el territorio nacional como respuesta a las manifestaciones de protesta y los saqueos. Tras decretar de forma irregular, la noche del 19, el estado de sitio sin tratamiento en el Congreso, el poder político, las instituciones de seguridad y la justicia dejaron sin protección la vida, la integridad y la libertad de expresión de quienes salieron a protestar.

Sólo en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, cinco personas murieron, 227 resultaron heridas de distinta gravedad y cerca de 300 fueron detenidas. Por estos hechos se iniciaron cinco causas penales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acompañó desde esos días a las víctimas y hasta hoy ha representado a María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva, y a María Nieves Marina de Lamagna y Karina Lamagna, madre y hermana de Diego Lamagna, ambos asesinados durante la represión en el centro porteño.

A más de doce años de los hechos, el tribunal integrado por José Valentín Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu, fijó para el próximo 24 de febrero el inicio de las audiencias orales. La justicia analizará la responsabilidad  de los policías que dispararon y de los funcionarios que coordinaron y supervisaron aquella represión. Es el caso del ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, del ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi y del ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Policía Federal, Norberto Gaudiero. Por su parte, el ex presidente Fernando de la Rúa, quien decidió y firmó el estado de sitio,  fue sobreseído por la justicia en primera y segunda instancia. El CELS presentó un recurso extraordinario que aún está pendiente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El largo proceso de justicia sostenido por víctimas, familiares y organizaciones sociales busca evitar que los hechos queden impunes, y lograr que la responsabilidad penal abarque a quienes ordenaron la represión. Al mismo tiempo, es importante para que los tribunales fijen estándares sobre uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas que ayuden a prevenir este tipo de hechos en el futuro.

Para eso, se intentará probar que la forma en que se desarrolló el operativo policial generó el riesgo de que se produjeran muertes y lesiones. Las muertes producidas como consecuencia de la deficiente organización del procedimiento y la falta de control sobre su ejecución es lo que se imputa a los funcionarios de mayor jerarquía. La investigación logró determinar la existencia de instrucciones de funcionarios políticos de alto rango que ordenaron desalojar la Plaza de Mayo, para evitar, de cualquier modo, que las manifestaciones cercaran literalmente al gobierno y condicionaran posibles negociaciones con la oposición. En consecuencia, se confirma la existencia de una orden emanada del Poder Ejecutivo, que condicionó en forma determinante la violenta actuación de los policías.  

Los hechos de diciembre de 2001 poseen una trascendencia que, sin lugar a dudas, marca un antes y un después en la historia reciente de nuestro país. Junto con los procesos sociales y políticos que siguieron a la crisis, ha dado lugar a importantes transformaciones en los modos de relación de la sociedad y el Estado y, en particular, respecto de las obligaciones de las autoridades y de la policía en el contexto de manifestaciones públicas.

Será un proceso largo, en el que declararán más de 500 testigos y se analizarán pruebas acumuladas durante más de doce años de investigación. Es la oportunidad para poner fin a la impunidad y establecer la verdad sobre aquellos hechos, que configuran un episodio crítico de nuestra historia.