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Días antes de que los jueces Enrique Pose y Floreal Laurentis, con la disidencia de Alberto Huarte Petit, absolvieran al policía federal Rodrigo Valente por el asesinato de Alan Tapia, el fiscal Eduardo Marazzi había pedido su absolución por considerar que el operativo se realizó en un “barrio peligroso”. De este modo, la decisión del tribunal reforzó la idea de que en los barrios pobres se requieren intervenciones policiales violentas donde se atropellan derechos.

La intervención de Marazzi tuvo un peso decisivo en la resolución del tribunal y legitimó la absolución de un funcionario policial, integrante del cuerpo de élite GEOF, que ingresó de madrugada a una vivienda y disparó contra un joven que se encontraba desarmado, acostado en su habitación. El operativo, solicitado  por la División de Homicidios de la Policía Federal, se inició en horas durante las cuales no está permitido llevar a cabo este tipo de intervenciones. Incluso el mismo imputado declaró que “no se veía nada, estaba muy oscuro”.

Después del disparo, Alan agonizó en la planta baja, mientras su familia permanecía maniatada en el primer piso. El hermano y el papá de Alan se enteraron de su muerte cuando estaban detenidos y precintados en dependencias policiales por supuesta resistencia a la autoridad.

El fallo es una respuesta que no brinda ninguna explicación sobre la muerte de un joven como consecuencia de un allanamiento ni repara de ningún modo a la familia Tapia. El fiscal y los jueces parecen convalidar la violencia policial ejercida, lo que pone de manifiesto la necesidad de profundizar la discusión sobre la democratización de la justicia, una justicia que no estigmatice a grupos o territorios específicos. Los tribunales tienen que comenzar a revertir estas lógicas, en especial cuando se trata de chicos y jóvenes de barrios humildes.

Desde el CELS, seguiremos acompañando a la familia en el reclamo por justicia que, aún demorada, puede ser alcanzada y reparar el daño causado por el accionar violento y discriminatorio de las fuerzas de seguridad y el poder judicial.