Infojus Noticias

Los ex generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone fueron condenados a prisión perpetua y a 23 años de prisión respectivamente en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que se ventilaron los secuestros y desapariciones de 32 obreros de las plantas de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las cerámicas Lozadur y Cattáneo. Además hubo otras cuatro condenas que van desde los 17 a los 9 años de prisión. Tres prefectos fueron absueltos. La sentencia fue recibida en silencio por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que solo aplaudieron cuando escucharon la perpetua a Riveros. En las puertas del Tribunal se mostró el descontento por las absoluciones.

Eran las 16.50 cuando los jueces del Tribunal Oral Federal de San Martín entró a la sala de audiencias y comenzó la lectura del veredicto de uno de los desprendimientos de la megacausa Campo de Mayo. Afuera, un barco de madera que, pintado a mano, dice “Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte”. Hasta ahí lo llevaron los militantes de derechos humanos, sobrevivientes al terrorismo de Estado y familiares de desaparecidos que esperaron ansiosos la lectura del veredicto. Las tres absoluciones empañaron la sensación de Justicia. “Hay mucha bronca, es injusto, absolvieron a algunos que fueron parte de los allanamientos, que iban con itakas a las casas de los compañeros”, contó a Infojus Noticias Carlos Leguizamón, ex trabajador de Astarsa, sobreviviente a la dictadura.

 Las esperanzas de los familiares y sobrevivientes se colmaron cuando se escuchó la primera condena: prisión perpetua para el ex general Santiago Omar Riveros, a quien se lo halló culpable de 14 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 33 secuestros y torturas y tres homicidios. Por su parte, el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone recibió la condena a 23 años, igual que durante todo el juicio, en silencio y con la mirada desafiante. El Tribunal lo encontró responsable de 9 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 13 secuestros y torturas.

Los otros dos miembros del ejército Luis Sadi Pepa y Eugenio Guañabens Perelló fueron condenados a 16  y 17 años de prisión respectivamente. Mientras que el jefe de policía Juan Demetrio Luna deberá cumplir 9 años.

De los cuatro miembros de la Prefectura imputados solo fue condenado el de mayor rango: Juan Carlos Gerardi, quien deberá cumplir 9 años de prisión por  un allanamiento ilegal, cuatro secuestros y torturas. Sus subordinados Roberto Julio Rossin, Héctor Omar Maldonado y Alejandro Puertas fueron absueltos y eso despertó la indignación de los presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Un perdón sin arrepentimiento

El primero en tomar el micrófono para decir algo fue Juan Carlos Gerardi. Saco marrón, anteojos, la voz un poco temblorosa. Parado en el lugar desde donde siguió el juicio que lo tiene como imputado, dijo que él se limitó a cumplir “funciones específicas” durante la “lucha contra la subversión” y solo había hecho inteligencia. Agradeció al Tribunal por la oportunidad de hablar y pidió disculpas a las familias de los desaparecidos. El Tribunal lo condenó y absolvió a sus tres subordinados que también habían pedido perdón.

Si de verdad están arrepentidos, que digan qué hicieron con nuestros compañeros”, la frase se repitió entre los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos, en la puerta del Tribunal Oral Federal de San Martín durante la mañana. Minutos antes, los nueve imputados en la causa por la desaparición de los obreros de varias fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar tuvieron la oportunidad de dar sus últimas.

Riveros y Bignone, que tenían a su cargo la zona militar de Campo de Mayo, guardaron silencio. La misma actitud tomaron el ex jefe policial Luna y los represores Sadi Pepa y Guañabens Perelló. Los prefectos Gerardi, Rossin, Maldonado y Puertas decidieron hablar. Palabras más o menos, los cuatro pidieron perdón a los familiares de las víctimas y dijeron que obedecieron órdenes de sus superiores. Walter Vivanco, sobreviviente del astillero Astarsa, resumió la actitud de los imputados en una sola frase: “Todo una pantomima”.

Esta causa es una de las causas que toma especial relevancia porque pone el foco en la relación cívico militar durante la última dictadura. Es que la desaparición de los delegados de las comisiones internas estaba directamente relacionada con los directorios y oficinas de personal de las empresas.  “Las corporaciones fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico”, afirmaron en los alegatos las querellas encabezadas por los abogados Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pablo Llonto.

El fiscal Marcelo García Berro, ahía pedido la pena de prisión perpetua para Riveros; 25 años de prisión para Bignone; 20 años de prisión para Sadi Pepa; 18 años de prisión para Guañabens Perelló; 15 años de prisión para Gerardi y Luna, y 9 años de prisión para Rossin, Puertas y Maldonado. En todos los casos requirió también inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Por su parte, los querellantes coincidieron en el pedido para Riveros y Bignone, pero para el resto de los imputados solicitaron 25 años de prisión.

Llonto después de la audiencia de esta mañana, dijo a Infojus Noticias: “Por supuesto que siempre escuchar a un genocida o a quienes participaron del terrorismo de Estado pedir disculpas pero no contar la verdad genera un sentimiento contradictorio. Causa bronca porque los familiares están predispuestos a escuchar pedidos de disculpa, pero siempre y cuando tengan  la verdad. Son frases hechas para tratar de conmover al Tribunal, por ahí lo logran, pero no nos da a nosotros ningún tipo de respuesta”.

Un poco de justicia

Graciela Villalba lleva el rostro de su padre, Mauricio, en un prendedor. Él era trabajador del astillero Astarsa y está desaparecido desde mayo de 1977 cuando una patota se lo llevó de su casa en plena madrugada. Otros siete obreros navales, esa misma noche del 25 de mayo, corrieron la misma suerte. Ese mismo día, a Mauricio, que era delegado de los trabajadores navales, le habían dicho en la empresa que se diera por despedido. Astarsa lucía en sus puertas camiones militares y soldados custodiando quién entraba a trabajar y quién no. Riveros, único imputado por lo que le ocurrió a su padre, fue condenado a perpetua. “El perdón de los prefectos da impotencia, ellos cometieron actos de violencia, asesinaron desaparecieron a nuestros familiares y nosotros lo único que hacemos es levantar la fotos de nuestros desparecidos para que los miren”, dijo la mujer  mientras espera la lectura de la sentencia.