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El abogado Ciro Annicchiarico, querellante en el denominado "juicio de los obreros", por delitos de lesa humanidad cometidos en los años 70 en el Norte del Gran Buenos Aires, señaló que la complicidad empresarial con represores fue ratificada por testigos que declararon en las primeras cuatro audiencias del debate oral, antes de la feria judicial.

"Las víctimas eran trabajadores, muchos de ellos delegados de base secuestrados con intervención directa y pedido de gerentes o dueños de los astilleros en los que trabajaban", dijo a Télam Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Este undécimo juicio de la megacausa de Campo de Mayo se cicunscribirá finalmente a dos grupos de víctimas: obreros navales de los astilleros Astarsa y Mestrina y ceramistas de las fábricas Cattáneo y Lozadur, así como familiares de los mismos.

Tras la sentencia, prevista para octubre de este año, comenzaría un nuevo juicio con las causas de obreros de la metalúrgica Bovapi de San Martín -entre otras víctimas que pasaron por la comisaría de Villa Ballester- y de la automotriz Ford en Pacheco.

Inicialmente, estas dos últimas causas iban a acumularse en el actual juicio pero el criterio fue modificado debido a que el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se integró con sólo tres jueces, en lugar de cuatro, según informaron fuentes judiciales.

Además, en el caso de Ford, la Cámara Federal de Casación Penal aún tiene que resolver sobre nulidadades pedidas por la defensa de tres ex directivos de la automotriz imputados, ya rechazadas en primera y segunda instancia.

El Tribunal oral, que juzga a una decena de represores, realizó ya cuatro audiencias, la última el 17 de julio, y tomó declaración a una veintena de testigos antes de disponer un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto próximo, con motivo de la feria invernal.

Entre los acusados hay militares, prefectos y policías pero no empresarios o gerentes, pese a que los involucren testigos en este juicio y otras pruebas, por lo que el Tribunal podría recomendar a la instrucción que investigue la responsabilidad patronal.

Los testigos ofrecidos hasta ahora en el juicio son en su mayoría víctimas sobrevivientes, entre obreros navales y familiares.También declararon otros dos testigos por videoconferencia desde el consulado argentino en Roma: el actual fiscal general de esa ciudad italiana, Francesco Caporale y Jorge Iturburu, un argentino radicado en Italia.

Ambos expusieron sobre el juicio realizado en Italia en 1999-2000 -cuando regían en la Argentina las leyes de impunidad- contra militares y prefectos responsables por el asesinato de Mario Bonarino Marras y la desaparición de Martín Mastinú, obreros navales que tenían ciudadanía italiana.

En la audiencia del jueves 17, además del relato detallado de esa investigación judicial en Italia -que estuvo a cargo de Caporale y en la que intervino Iturburu-, fueron aportados los testimonios que brindaron en aquel momento los testigos de cargo hoy fallecidos.

En el caso de Astarsa y otros astilleros de la Zona Norte, la represión comenzó antes de la dictadura y recrudeció a partir del mismo 24 de marzo de 1976, con el golpe de estado, relató a Télam, al margen de la audiencia, María Rufina Gastón, cuyo esposo Aldo Ramírez es otro de los obreros navales detenidos-desaparecidos. "Aldo está desaparecido desde 1977 y fue casi el último compañero secuestrado, entre los que formaban la agrupacion naval `José María Alesio`", afín a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), precisó.

La agrupación surgió de una toma de 1973 en Astarsa pero extendió su influencia a otros astilleros y tuvo activa participación en las luchas obreras del Gran Buenos Aires que derivaron en el "rodrigazo" y las coordinadoras interfabriles de 1975.

"La represión en el astillero recrudeció en 1974, cuando asesinan al compañero metalúrgico Dalmacio Mesa y en la parte naval a Ernesto Valverde", relató María Rufina."En noviembre de 1975 secuestran a Martín Mastinú, Jorge Velarde y a mi esposo, Aldo Ramírez. Los tuvieron unos días y realmente esa vez los largaron por la gran presión y un paro de los trabajadores del cordón industrial de la Zona Norte", añadió.

Mastinú y Ramírez fueron nuevamente secuestrados tiempo después y siguen detenidos desaparecidos. En cuanto a Velarde, fue uno de los ocho testigos que declararon ante el Tribunal en la primera audiencia del juicio oral y público en curso, igual que María Rufina Gastón.