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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy al juez Eduardo Riggi como uno de los integrantes de la sala de ese tribunal que debe resolver planteos relativos a las causas por delitos de lesa humanidad en las que está procesado el empresario Carlos Pedro Blaquier.

La sala IV del máxmo tribunal penal del país rechazó "in limine" la recusación de uno de sus integrantes, Riggi, presentada por el abogado Néstor Ariel Ruarte en representación de los querellantes Angela Córdoba, Delfina Cordoba, Eulogia Cordero de Garnica e Hilda Figueroa, según la resolución firmada hoy.

La querella recusó a Riggi el mismo día en que estaba fijada la audiencia ante esa sala para exponer argumentos en varios planteos que deben resolverse en la causa, antes de dictarse un fallo al respecto.

Para los querellantes, la presencia de Riggi en la sala IV pondría "en juego la confianza que el juez debe inspirar en la sociedad" ante una "duda razonable, objetiva y legítima acerca de su imparcialidad" en base a publicaciones periodísticas al respecto.

Riggi reemplazó en la sala IV a su par Mariano Borinsky, actual presidente de la Cámara Federal de Casación.
"La integración de este tribunal fue notificada oportunamente sin que esta parte formulase objeción alguna, aún cuando las circunstancias que hoy se reeditan en la nota periodística que trae a colación no son novedosas", consideraron los camaristas al rechazar por "improcedente" la recusación.

Además "se advierte un déficit de fundamentación en el pedido de apartamiento traído a conocimiento por el recusante, pues su presentación no logra demostrar motivos que conduzcan a la viabilidad de la pretensión deducida por la parte, ante la ausencia de comprobación de gravamen a la garantía invocada".

La sala IV que debe resolver además dos planteos que tiene pendientes y cuya falta de resolución demoran la elevación a juicio oral de las dos causas judiciales donde están procesados Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemos, ex gerente administrativo de Ledesma. Ambos están acusados de ser cómplices de delitos de lesa humanidad que incluyen los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos contra dirigentes sindicales, políticos y trabajadores de la compañía que produce el 17 por ciento del azúcar que se consume en la Argentina. La sala escuchará  las exposiciones de los querellantes que reclaman que los procesamientos contra Blaquier y Lemos incluyan seis casos que fueron excluidos. Blaquier está procesado en una causa por el secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, que incluye al ex intendente de Libertador General San Martín Luis Ramón Arédez (causa Arédez), quien fue asesor del sindicato azucarero.

La segunda es la que se conoce como la “Noche del Apagón” (causa Burgos), cuando se realizaron una serie de secuestros en los tres pueblos que rodean al Ingenio Ledesma. En esas causas, el juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Lemos, que para 1976 era el gerente administrativo de la empresa, por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos de 29 personas.

La defensa de Blaquier –que basó su estrategia defensiva en recusar a todos los funcionarios judiciales que lo investigaron- insistirá con reclamar el apartamiento del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, algo que ya pidió el año pasado. Se trata de un planteo que va en contra de usos y costumbres en el sistema judicial: Luis Moreno Ocampo fue fiscal ad-hoc de Julio Strassera durante el Juicio a las Juntas Militares, que se hizo en 1985.

En junio pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amicus curiae ante Casación. Allí sostuvo que la actuación de Pelazzo tiene “respaldo normativo” y los cuestionamientos de la defensa de Blaquier articulan una serie de “maniobras” para frenar las investigaciones. El planteo de la defensa de Blaquier llegó a Casación porque la Cámara Federal de Salta consideró inválida la designación de Pelazzo pero, al mismo tiempo, dio por válidas sus actuaciones previas. Esta decisión fue recurrida.

“De convalidarse la estrategia de apartamiento del fiscal para entorpecer y obstaculizar la investigación judicial de delitos de lesa humanidad, se comprometería seriamente el proceso de justicia para sancionar estos crímenes, compromiso asumido por nuestro país y cada una de sus instituciones”, sostuvo el CELS en su escrito.

Quién es Eduardo Riggi

La inclusión de  Riggi genera cierta preocupación entre los organismos de derechos humanos. Allí tienen en claro las posiciones de Riggi, quien está denunciado por cohecho y tráfico de influencias para beneficiar la situación procesal de José Pedraza, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

“No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”, dijo Riggi al desmentir la acusación que lo liga con ese grupo ultracatólico y con la última dictadura. Riggi llegó al Poder Judicial en 1971. Tenía un cargo en la Cámara Federal en lo Penal creada por la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. Ese fuero especial fue rebautizado como el “Camarón” por los militantes políticos y sus abogados.

Fue cesanteado en 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia. Poco después retomó sus tareas y escaló posiciones, y en 1978 fue nombrado juez. Catorce años después, el entonces presidente Carlos Menem se encargó de impulsar su nombramiento en la Cámara de Casación.