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La actuación del fiscal ad-hoc Pablo Pelazzo tiene “respaldo normativo” y los cuestionamientos de la defensa de Carlos Blaquier articulan una serie de “maniobras” para frenar las investigaciones por delitos de lesa humanidad. Ese es el eje central de la presentación que, como amicus curiae, realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal de alzada debe resolver un planteo de los abogados del dueño del Ingenio Ledesma que pidieron apartar a Pelazzo en dos causas donde su defendido está acusado por homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en 1976.

El año pasado, la defensa de Blaquier pidió que el fiscal Pelazzo fuera apartado de la investigación de las causas Arédez y Burgos. La primera es por el secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, que incluye al ex intendente de Libertador General San Martín Luis Ramón Arédez, quien fue asesor del sindicato azucarero. La segunda es la que se conoce como la “Noche del Apagón”, cuando se realizaron una serie de secuestros en los tres pueblos que rodean al Ingenio Ledesma. En esas causas, el juez Fernando Poviña procesó a Blaquier y a Alberto Enrique Lemos, que para 1976 era el gerente administrativo de la empresa, por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos de 29 personas.

La Cámara Federal de Salta concedió a los abogados de Blaquier y consideró inválida la designación de Pelazzo pero, al mismo tiempo, dio por válidas sus actuaciones previas. Esta decisión fue recurrida y ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. “De convalidarse la estrategia de apartamiento del fiscal para entorpecer y obstaculizar la investigación judicial de delitos de lesa humanidad, se comprometería seriamente el proceso de justicia para sancionar estos crímenes, compromiso asumido por nuestro país y cada una de sus instituciones”, sostuvo el CELS en el escrito presentado ante Cámara Federal de Casación Penal.

Sostuvo, además, que Pelazzo fue “legítimamente designado” por la Procuración General de la Nación (PGN) como fiscal ad hoc “ante el retraso significativo” de la jurisdicción federal de Salta y Jujuy en las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Y al argumentar la legitimidad de su nombramiento detalló varios antecedentes: en el “Juicio a las Juntas” el procurador Juan Octavio Gauna designó como “fiscal adjunto” al, en ese entonces, secretario Luis Moreno Ocampo; más adelante, luego de la reapertura  de los juicios se hicieron designaciones similares en las gestiones de Nicolás Becerra y Esteban Righi. “Ningún tribunal del país ha declarado la irregularidad de estos nombramientos. Por el contrario, estas designaciones fueron convalidadas por la jurisprudencia”, subrayó el CELS.

En su defensa del trabajo de Pelazzo, el organismo consideró que “no es la imparcialidad un posicionamiento exigible” a los fiscales, que son los que deben ejercer la función de acusar. “Lo que se les exige a los fiscales es objetividad, pero ésta no significa neutralidad, tal como la defensa pretende y la Cámara Federal de Salta concede”.

“Desde luego, cuando se habla de imparcialidad de los fiscales se incurre en el gravísimo error de asimilar la estructura y rol del juzgador con quien tiene una labor absolutamente diferente”, agregó.

El avance judicial del proceso contra Blaquier, que comenzó a modificarse junto con cambios en la estructura judicial jujeña, alteró los ánimos de varios empresarios. Es que mientras Carlos Olivera Pastor fue juez federal, la causas contra el empresario azucarero se mantuvieron dormidas: rechazó o ignoró casi el 90 % de los pedidos de indagatoria planteados por la fiscalía. La Cámara Federal salteña acompañó esos rechazos. Pero la situación cambió hacia 2012 cuando renunció Olivera Pastor y Povina ocupó su cargo.

Ese avance preocupó a una parte del sector más concentrado del empresariado y el 15 de agosto se reunió el Consejo Interamericano de Comercio y Producción - Capítulo Argentino para expresar su apoyo a Blaquier.  Fue durante un almuerzo en el Hotel Alvear, donde el director de Ledesma, Carlos Herminio Blaquier, leyó un texto que debía leer su padre, quien había sufrido una “descompensación a último momento” y había podido asistir por “consejo médico”. En esa muestra de apoyo, realizada en un salón repleto de gerentes y dueños de empresas, estuvieron Federico Nicholson; Eduardo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000); Bruno Quintana (ex presidente del Jockey Club Argentino); Julio Macchi (ex titular de la Bolsa de Comercio); Eduardo Escasany (Banco Galicia); Luciano Miguens y Eduardo de Zavalía (ex presidentes de la Sociedad Rural Argentina); Cristiano Rattazzi (Fiat); y los industriales José De Mendiguren y Héctor Méndez (quien ahora preside la UIA).

Pero esa no fue la única muestra de preocupación por el avance de las causas contra Blaquier, quien en los últimos días volvió a ser noticia por el despido de 200 obreros tercerizados. En los primeros meses del 2013 varios representantes de Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, Astilleros Astarsa y Las Marías cruzaron impresiones sobre los efectos que podría tener el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. Algunos se mostraron preocupados por cómo esos temas afectaban la reputación de la marca. Incluso la brasileña Camargo Corrêa “evaluó la posibilidad de cambiar el nombre”.

Sin embargo, lo que más preocupó al resto no es el peligro de una condena penal, ya que la mayoría de los que podrían ser condenados están muy mayores o fallecieron, sino que se pase a una responsabilidad civil y luego a una indemnización.