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La lista de terroristas con captura pedida a nivel global -según requerimientos de la legislación internacional- fue elaborada en la Argentina con unos 60 represores prófugos de la Justicia. La lista de represores incluye tanto a los que están con condena como los que son sometidos a proceso. Así lo informó la Unidad de Información Financiera (UIF). 

"Nosotros teníamos el registro de los expedientes que venían del Ministerio de Justicia, con 60 prófugos (en causas de Lesa Humanidad), con pedido de captura y recompensa, y automáticamente decidimos que los incluiríamos en la lista internacional de terroristas", afirmó el titular de la UIF, José Sbattella. 

“Consideramos que son terroristas, porque los crímenes de Lesa Humanidad son un delito continuo, al no aparecer los desaparecidos, y porque además, al estar prófugos, aterrorizan a los testigos", añadió.

 
Por otra parte, según dio a conocer la UIF, la ley antilavado permite también perseguir e incautar el dinero del narcotráfico, ya que los fondos provenientes de delitos penales que se cometieron hasta hace diez años compiten con el capital de origen lícito y dañan el orden económico y financiero.

De este modo, las estancias y los bienes de los narcotraficantes colombianos Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a EE.UU., o de Henry de Jesús López Londoño, alias `Mi sangre`, tienen también un pedido de incautación como sucede con los crímenes de Lesa Humanidad, ya que si bien fueron adquiridos antes de la sanción de la ley, el lavado no prescribió por ser un delito continuo que se sigue cometiendo

Delitos económicos en la dictadura

Sbattella, quien esta semana pidió a la Justicia el embargo de los bienes arrebatados a la familia Iaccarino en centros clandestinos de detención, afirmó que "toda masa de dinero proveniente de un ilícito anterior, que no prescribió, compite en forma desleal y saca de mercado al capital lícito, por lo que entra en el orden económico y financiero -que es el bien protegido por la ley- en forma ventajosa, y toda esa plata está operando de este modo".

La UIF lleva adelante tres casos líderes y ya realizó con anterioridad una presentación similar en la causa por Papel Prensa -que pertenecía a David Graiver y fue traspasada a los diarios Clarín, La Nación y La Razón-, y analiza otra en el juicio por la intervención del Banco Latinoamericano, de Eduardo Saiegh, durante la dictadura.

El organismo antilavado solicitó que el Estado sea tenido como parte querellante y que se incauten los bienes apropiados mediante crímenes de Lesa Humanidad, porque "los juicios de recuperación terminaban yendo contra el Estado y pidiendo indemnización, porque el mismo Estado terrorista fue el que lo hizo, pero los bienes siguen en manos de los apropiadores", dijo Sbattella .

"Esta es la inconsistencia práctica de este proceso: los que se llevaron la plata se la quedan y el Estado indemnizaba", afirmó. "La nueva ley dice claramente que al orden económico y financiero lo dañan todos los delitos que generan una masa de dinero y que no prescribieron, y permite que aparezca en el Código Penal el delito de lavado autónomo y de autolavado", sostuvo Sbattella.

Este "era un déficit de la legislación argentina y corresponde aplicar la misma visión de la ONU para casos similares, como los de Ruanda y Yugoslavia", añadió. El argumento que suele oponerse en el caso de las apropiaciones de bienes durante la dictadura es que el plazo para juzgar esas transferencias de empresas ya prescribió, pero ante esto el titular de la UIF afirmó que "la masa de dinero ésa es un delito continuo, y si se hace un cálculo de los tres millones de dólares aproximados que valía Papel Prensa en ese momento, da una suma mucho mayor que lo que vale hoy la empresa, por lo cual también se pueden afectar los bienes en el extranjero, ya que la acumulación se la llevaron".

"Hay que conectar esa visión del delito continuo con la masa de dinero ingresando a dañar el bien protegido, y el que hizo el negocio antes, aunque no tenga el bien, tiene la plata, y esa plata daña al orden económico y financiero, porque el dinero ilegal desplaza al bien legal. Por eso se sanciona con el decomiso", fundamentó Sbattella.