La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el "congelamiento administrativo" de los bienes y el dinero de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, los dos represores que se fugaron hace seis días del Hospital Militar.
La medida se tomó "con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de Estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención".
Debido a la supuesta necesidad de recibir tratamiento médico, el Juzgado Federal 2 de San Juan había autorizado el traslado al Hospital Militar "Cosme Argerich" de la Ciudad de Buenos Aires, de donde se fugaron el jueves pasado.
La UIF depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e inhibió los bienes en este caso usó las facultades conferidas por la ley 25.246 y modificatorias (de lavado de activos), la ley 26.734 (de financiación del terrorismo) y el decreto 918/12 (de congelamiento administrativo).
De Marchi y Olivera habían sido condenados a principios de julio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la provincia de San Juan.
Ayer el Ministerio de Defensa también comunicó la prohibición de internar o brindar asistencia ambulatoria a represores en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas a "personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar".
Al mismo tiempo, está vigente la recompensa de 2.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan recapturar a los ex militares.
Quienes puedan aportar datos últiles deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al (011) 5300-4020