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“Es la primera vez que veo como era la firma de mi viejo”, dijo el secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” De Pedro, al finalizar el acto de reparación de legajos de veinte empleados judiciales desaparecidos durante la última dictadura cívico militar que organizó el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu). En su mano izquierda, el funcionario sostenía una carpeta de cartón azul con el nombre de su padre: Enrique “Quique” De Pedro, delegado del Jugado Laboral N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, estudiante de Derecho y militante de la Juventud Peronista y Montoneros.   

En el hall del edificio del sindicato Wado de Pedro se refugió de la intensa lluvia. “Estos son hechos constitutivos de mi identidad”, explicó el funcionario. “Todos esos trabajadores fueron dados de baja por una causa que no es la causal real. Mi viejo fue secuestrado, asesinado por la dictadura militar. Y hoy tengo la suerte de tener su legajo, tengo la suerte de poder encontrarme con algo más de él, con algo que le pertenecía. Uno, como hijo de desaparecidos, tiene que ir reconstruyendo su historia de a pedacitos, de a poco”, explicó.

Unos minutos antes, cuando el cielo gris todavía era una amenaza, los familiares de algunos de los homenajeados recibieron los legajos en un escenario montado sobre la calle Libertad, frente a la plaza Lavalle. Entre el público se mezclaron el juez federal Daniel Rafecas; el fiscal a cargo de la Procuraduría De Crímenes Contra La Humanidad, Jorge Auat; la titular del Departamento de Captación de Comunicaciones (DICOM), Cristina Caamaño; el fiscal ante la Cámara de Casación Penal Javier de Luca y el Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Matías Bailone, entre otros.

El Poder Judicial

En el cierre del acto, cuando ya caían las primeras gotas, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, pidió “perdón en nombre del Poder Judicial por haber consignado una causa que no se correspondía  con la verdadera causa de la desvinculación laboral” de los 20 trabajadores judiciales desaparecidos.

La lluvia obligó a Vázquez a acortar su discurso y los organizadores del acto invitaron a descubrir una placa en la vereda frente al sindicato. Apenas dos paraguas cubrían protegían a la multitud, que con los trajes empapados y los dedos en V resistieron el chaparrón. “El mejor homenaje es seguir el ejemplo de lucha”, se leía en letras mayúsculas sobre el mármol oscuro, que incluye el nombre de los veinte judiciales desaparecidos: Laura “Mafalda” Serra Elguezabal de Caballero y su pareja, Wenceslao Eduardo Caballero, Gustavo Varela, Alicia Mallea Liberani, Roberto el “Turko” Vera Barros, Jorge la “Pantera” Omar Sanz, Álvaro Martín “Tanito” Colombo, Julia “Campanita” Lozano, Guillermo Raúl el“Chino” DíazLestrem, Nelly Esther Ortiz Bayo, Carlos Oscar Gatto, Alberto el “Indio” Maidana Casco, Carlos Alberto Malvino Ducas, Maria Veronica Basco. Ignacio “Pucho” Ojea Quintana, Esteban María Santiago Ojea Quintana, Enrique Osvaldo “Quique” De Pedro, Edgardo Humberto Lombalidi, Juan Pedro Sforza y Mónica Ferrari.

El Chino

“A mi emocionó mucho el pedido de perdón de parte de Vázquez en nombre del Poder Judicial, porque era algo que estaba pendiente. Mi papá era muy joven y tenía una carrera impresionante por delante”, contó a Infojus Noticias María Ignacia Díaz Lestrem, hija del Chino DíazLestrem, cuando terminó el acto. Llevaba el pelo mojado y por sus anteojos algo empañados se deslizaban algunas gotas de lluvia.

Ignacia tenía 16 años cuando la madrugada del 24 de marzo de 1976 el custodio de su padre interrumpió la sobremesa familiar para avisar que venían los militares. El Chino –peronista, defensor oficial en la Justicia en lo Criminal- vio la cara ensangrentada del hombre y le habló a su mujer, Nelly Ortiz (fiscal de primera instancia en lo Penal Económico, también desaparecida):

—Negra, te vienen a buscar, ¿bancamos o abrimos?

La primera opción implicaba resistir a los tiros. El matrimonio optó por la segunda. Diez militares entraron en la casa. No la buscaban a ella sino a él.

—¿Me dejan despedirme?—preguntó el Chino, ya esposado, a los hombres vestidos de fajina, que se lo negaron.

“Mi viejo era el primero que llegaba a Tribunales. Le habían dado una llave de lo temprano que iba. Iba con el jefe de los ordenanzas y contaba chistes. Después se iba para su despacho”, recordó sonriente su hija. Un año después de la detención, el Chino salió en libertad. Tenía 43 años y el Poder Judicial de la dictadura lo había declarado cesante por “abandonar” el puesto de trabajo. Comenzó a trabajar en el estudio de Ventura Mayoral, que había sido abogado de Perón.“Tuvo que ejercer el derecho desde el ámbito privado como pudo, en pleno proceso”, explicó su hija. En octubre de 1978 el Chino fue secuestrado nuevamente. El cadáver apareció al costado del Hipódromo, frente al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

Al igual que los familiares de otros trabajadores judiciales, Ignacia se fue del sindicato con el legajo en una mano y una sonrisa emocionada en la cara. “Apenas pude ojear dos o tres páginas del legajo. Lo cerré porque me iba a poner a moquear estúpidamente, porque vi la firma de papá, la letra de papá”, contó antes de irse.

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