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El fiscal general Pablo Ouviña continuó con su alegato en el juicio oral que indaga sobre la coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur. “A partir de 1974, la DINA desarrolló cada vez más una 'capacidad extraterritorial'", expuso. El caso de Enrique Arancibia Clavel, paradigma del Operativo Cóndor.
El alegato de la fiscalía en el juicio por el Plan Cóndor entró en una etapa final. El fiscal general Pablo Ouviña, quien expone desde hace tres meses su alegato aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile fue “el brazo ejecutor de secuestros, torturas y asesinatos” que utilizó el régimen de Augusto Pinochet para “eliminar a disidentes políticos”.
Ese fue el argumento que expuso el fiscal en el capítulo chileno de su acusación en el proceso oral que se sigue en el Tribunal Federal Número 1 por asociación ilícita internacional para el aniquilamiento de opositores políticos implementadas en los años '70 por las dictaduras del Cono Sur.
En este juicio, que comenzó el 5 de marzo de 2013 contra 18 argentinos y un uruguayo, Ouviña afirmó al describir el caso trasandino que al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, "no estaba predefinido el método de disciplinamiento social a utilizar", lo cual "implicó que la consolidación del modelo demorara por lo menos dos años".
"La dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de las figuras principales del depuesto gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino, instrumentado por una fuerza creada para tal fin”, señaló el funcionario judicial.
Ouviña describió que desde el inicio de la dictadura, Pinochet utilizó el destierro, a través del decreto-ley 81, como un método represivo más. De esta forma se posibilitó “el vaciamiento de los campos de concentración creados tras el golpe de Estado", lo que provocó que fuesen "expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas de la vida del Chile democrático que sobrevivieron" tras el derrocamiento del gobierno constitucional.
En este contexto, hubo personas que abandonaron el país por las amenazas recibidas, lo cual se acentuó con la formación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el 14 de junio de 1974. No obstante, el fiscal sostuvo que cuando llegó el golpe de Pinochet había en Chile "muchos exiliados del Cono Sur", especialmente provenientes de Uruguay y Brasil, que "se convirtieron en uno de los blancos buscados por la dictadura".
El fiscal observó que la conformación de la DINA se dirigió a la "organización de un sistema de espionaje y represión a los exiliados". "La obtención de información por medio de tortura, la desaparición de personas y el establecimiento de centros de detención", resultaron las directrices del funcionamiento de esta central de inteligencia.
La DINA puso en marcha en Chile al menos 10 centros clandestinos, a los que se agregaban el Cuartel General; una clínica médica ubicada en el centro de Santiago y el Hospital Militar. “A partir de 1974, la DINA desarrolló cada vez más una 'capacidad extraterritorial'", que contemplaba la actuación de unidades operativas en varios países.
"Estos grupos de tareas contaban con personal propio y eran también fortalecidas con la colaboración con otros servicios y organizaciones en el exterior”, apuntó Ouviña en base al informe Retting, elaborado en 1991 por la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile.
El fiscal reconstruyó el desempeño de la DINA con los documentos secuestrados durante la detención en Buenos Aires del agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel. Para el letrado, Arancibia Clavel disponía de "un conjunto documental de características únicas", con el cual se armó buena parte de la historia de la Operación Cóndor.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en particular y la JCR -enlace de los movimientos guerrilleros del Cono Sur-, como conjunto del que formaba parte, se convirtieron en blanco de las redes de coordinación especialmente luego de la detención de Jorge Fuentes Alarcón en Asunción del Paraguay, en mayo de 1975, junto a Amílcar Santucho.
"A partir de esas detenciones, comienza a llegar a DINA y a los organismos de inteligencia argentinos, copiosa información sobre las actividades del MIR en Buenos Aires: miembros, locales, actividades, contactos, vías de comunicación", reseñó.
TÉLAM/JMM
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