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Los alegatos por el juicio de “Plan Cóndor” prometen ser de larga duración. Tras la exposición de la querella, que dio pruebas de la coordinación represiva en los ´70, entró en una etapa de definiciones. Tanto querella como fiscalía acordaron en un punto principal: que el Cóndor existió, se desarrolló y entró en crisis con la caída de las dictaduras. “La Operación Cóndor nace como una operación de inteligencia. Comparten información, comparten personas y se empiezan a hacer acciones conjuntas. Se desdibujaron las fronteras para propiciar un plan criminal”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. La sentencia llegará en unos meses y abriría nuevas investigaciones. “Es un proceso inabarcable por la cantidad de hechos y víctimas y Argentina dio el puntapié con el primer juicio. Esto recién comienza, hay un proceso actual en Roma y se esperan próximos juicios no sólo en nuestro país sino en el resto de Sudamérica”, adelantaron desde la fiscalía a Infojus Noticias.

Con el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973, Chile fue el epicentro de la coordinación represiva. De allí en adelante, aparecieron los convenios y la reciprocidad en un intercambio incesante de inteligencia entre países del Cono Sur. “Los hechos reales de la Operación son los fusilados, los desaparecidos, los presos políticos, los traslados transfronterizos, los niños apropiados, la dislocación y el efecto devastador sobre las relaciones sociales", enumeró la fiscalía, que expondrá en más de diez audiencias. Entre numerosos documentos de la conexión con Estados Unidos, sobresale uno de la CIA bajo el nombre de "Técnicas de guerra psicológica contra terroristas y extremistas de izquierda”. La aniquilación del “enemigo interior” se basó en dos fuentes ideológicas: la Doctrina de la Seguridad Nacional y la denominada "Escuela Francesa".

La idea de Ouviña, en los alegatos, es comprender la Operación como una estructura de organización supranacional entre gobiernos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) y servicios de inteligencia. Probar, en rigor, que existió una asociación ilícita destinada a la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos. La sede del Cóndor fue en Chile y se configuró una verdadera red de inteligencia que coordinó un “plan criminal” para perseguir ilegalmente a opositores políticos. "Es una creación delictiva de Estados delictivos, que emplearon y coordinaron sus estructuras para la comisión de los más graves crímenes contra la humanidad. No fueron delincuentes comunes, aquí hubo un plan sistemático y racional ", explicó.

El fiscal analizó la vinculación de los centros clandestinos en el país con el exterior, y la actuación de las fuerzas represivas en la región. En una de sus primeras exposiciones narró la génesis, las bases ideológicas y el desarrollo del Cóndor. El juicio, que se inició en 2013, tiene 18 acusados por su intervención en crímenes de lesa humanidad. El proceso se desarrolla en dos causas que llegaron a juicio por separado pero que comparten el objeto procesal. Una, por la Operación Cóndor; la otra, por crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que era un apéndice de aquél plan de coordinación represiva. En conjunto, totalizan los casos de 174 víctimas.

Los documentos

Para evidenciar la existencia del plan, la fiscalía mencionó documentos de embajadas, servicios de inteligencia, agentes secretos y archivos de diferentes países. El primer paso lo dio la dictadura chilena para perseguir a los exiliados y el impulso logró el acople del resto de los gobiernos totalitarios de la región. “La Operación funcionó como una plataforma sistemática que implicó el uso de recursos humanos, materiales y técnicos, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones", se explicó ante el Tribunal.

El ex centro clandestino Automotores Orletti, por dentro

El alegato de fiscalía concentró un antecedente fundamental: que la Operación "nació de una necesidad" que no era "real", sino "una construcción ideológica" que se "asentaba en la hipótesis de existencia de una Tercera Guerra Mundial". Entre otros, citó un documento del archivo del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena, Enrique Arancibia Clavel, que en agosto de 1975 informó desde Buenos Aires que el teniente coronel argentino "Osvaldo Rawson" (sic) visitaría Santiago con "la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile-Argentina-Uruguay y Paraguay". El caso Enrique Arancibia Clavel, condenado por el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats, sentó jurisprudencia para considerar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.

Los precedentes

En diálogo con el sitio Fiscales, Ouviña explicó que la Operación tuvo "un momento previo" signado por "actividades bilaterales, acuerdos de cooperación y repatriaciones forzosas". Ese tipo de acciones, precisó, fue recordada por el recientemente fallecido militar chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, como "la era de los 'acuerdos de caballeros'".

Esas actividades "bilaterales" comenzaron en 1973, se consolidaron el 28 de noviembre de 1975 con la "firma del acta de fundación de Cóndor" tras una reunión de tres días en Santiago y, finalmente, en marzo de 1976, "comenzó su etapa madura", porque "el golpe de Estado en Argentina favoreció su consolidación", explicó el fiscal.

En este último período, Brasil se incorporó "formalmente" y comenzaron a prepararse "grupos operativos" para su actuación fuera del Cono Sur. A fines de 1976 la sede de la Operación se trasladó de Santiago a Buenos Aires y en 1978 ingresaron Perú y Ecuador, que se sumaron a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El fiscal explicó que luego de los golpes de Estado de 1973 en Chile y Uruguay, Argentina se constituyó en "el último refugio disponible para los desplazados políticos" pero "termina convirtiéndose en una gran prisión". "Cóndor no fue una sumatoria de partes, sino que fue la combinación de diferentes partes", dijo Ouviña, y remarcó que, mientras existió, "todas las prácticas de coordinación se subsumieron" en su marco.

Otra prueba documental de gran peso es el Archivo del Terror de la dictadura paraguaya. Y archivos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, desclasificados para este juicio. Allí, de forma explícita, se menciona a la “Operación Cóndor” como el nombre en clave de “un acuerdo de cooperación entre los servicios de inteligencias de América del Sur para eliminar las actividades terroristas marxistas en el área".