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En Tucumán, Luciano Benjamín Menéndez enfrenta un nuevo juicio por delitos cometidos durante la última dictadura. Está imputado por el secuestro extorsivo de Jorge Ygel y su suegra Julia Ariza, en 1977, cuando los obligaron a “donar” al Estado provincial 25 hectáreas de una estancia en la localidad de Yucuchina. Esta mañana, pasada las nueve treinta, comenzó la primera audiencia del juicio.

Acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y violación de domicilio, Menéndez declaró por videoconferencia, desde la casa en Córdoba, donde cumple prisión domiciliaria. En 2011, el fallecimiento del gobernador de facto Antonio Bussi lo dejó, en su carácter de Jefe del III Cuerpo, como el único imputado en la causa que ahora llegó a juicio ante el Tribunal Oral Federal tucumano.

Esta mañana, ante el tribunal integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, Menéndez hizo su descargo. Durante poco más de diez minutos, intentó desligarse. Afirmó que la creación de pueblo estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior, y que él solo se ocupaba "de cuestiones militares". Peralta Palma lo desmintió: “ese pueblo fue fundado en una zona de operaciones, ellos la consideraban una zona de guerra”.

Al sostener la acusación el abogado Bernardo Lobo Bugeau, representante de Toledo en la querella, precisó que "las conductas de despojo patrimonial fueron parte principal del terrorismo de estado que se desató en Tucumán desde 1975”. La viuda de Ygel además reclama al Estado provincial y al nacional una indemnización de más de 48 millones y medios de pesos, por el valor de la tierra y en concepto de “lucro cesante” (es decir: lo que dejó de ganar por la usurpación, estimado por los peritos de la causa en 15.380.061 pesos).

Luego de un cuarto intermedio, está previsto que en dos semanas se retomen las audiencias de un juicio que se prevé tendrá dos jornadas más, para el dictado de una sentencia.

En noviembre de 1977, unos diez soldados del III Cuerpo, entraron a la casa que Ygel compartía con su esposa María Elena Toledo (querellante en esta causa), en Tafí Viejo. Lo encañonaron y lo obligaron a subir a un auto en el que lo trasladaron hasta Avenida Sarmiento y 25 de Mayo. Su esposa, llamó a un empleado que los acompañaba en la finca que estaba en las afueras de la capital tucumana y lo siguieron. Le perdieron el rastro cuando un jeep del Ejército los cruzó en el camino.

Bajo amenazas, le pidieron a Ygel que entregara las tierras en las que Bussi había levantado la localidad “Capitán Héctor Cáceres”, en septiembre de 1976. Ygel les aclaró que pertenecían a su suegra, Rita Ariza. Dos días después fueron a buscar a la mujer a su casa, esta vez fue el propio Ygel el que siguió el auto en el que se movían los secuestradores. Los vio entrar a la Casa de Gobierno. “Ya habían construido el pueblo, necesitan un título habilitante”, explicó a Infojus Noticias el fiscal Leopoldo Oscar Peralta Palma.

En 1984, Ariza declaró ante la comisión bicameral donde receptaron las denuncias de las víctimas de la represión estatal. Entonces, la mujer contó que fue el propio Bussi, quien se acercó hasta donde la tuvieron retenida y la instaron a firmar la entrega de tierras. La operación quedó registrada como una donación, pero el instrumento público nunca se presentó formalmente.  

El 6 de diciembre de 1977, Bussi, Marcelo Durán y Juan Moreno Campos completaron la transacción con su firma estampada en dos decretos en los que aceptan el supuesto traspaso. “Más allá de esos decretos, solo está la notación en el folio de registros catastrales de la provincia, pero la firma de Ariza no fue incorporada”, precisó Peralta Palma.

Los otros pueblos que planificaron los dictadores

El de Capitán Cáceres no es el único caso de un pueblo construido en Tucumán bajo el amparo del llamado Plan de "Reubicación Rural", que dependía de manera directa del gobernador de facto Antonio Bussi. Entre agosto de 1976 y 1977, el gobierno provincial dio forma a una línea de pueblos, en una línea imaginaria -paralela a la vieja traza de la ruta nacional 38-, de norte a sur, al oeste del departamento de Monteros. Los consideraron una zona de operaciones contra la guerrilla. Y los bautizaron con nombres de la oficialidad: Teniente Rodolfo Hernán Berdina, Soldado Ismael Maldonado, Capitán Héctor Cáceres y Sargento Miguel Arturo Moya.