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El juez federal Germán Castelli requirió a Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, que informe sobre supuestas amenazas de muerte al financista Leonardo Fariña, detenido en el penal de Ezeiza por presunta evasión fiscal millonaria.

El magistrado tomó esa decisión “teniendo en cuenta la información periodística respecto de que se habría intentado atentar con la integridad física” del financista Leonardo Fariña, que permanece con prisión preventiva en el penal de Ezeiza acusado de evadir al fisco más de 28 millones de pesos.

El juez solicitó además que se tomen “todos los recaudos necesarios” para evaluar “las condiciones de alojamiento en cuanto a su seguridad“. Lo hizo después de conocer a través de un artículo publicado en el diario La Nación en el que la abogada Giselle Robles, defensora del financista, dijo que éste recibió una advertencia sobre el riesgo que corría su vida.

Según la publicación Robles afirmó que otro interno de ese penal denunció al Servicio Penitenciario Federal porque lo estaban torturando, y que para detener los tormentos cesarían “tenía que ejecutar a Leo” durante un corte de luz.

Castelli constató que en la justicia federal de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el penal de Ezeiza, no existen denuncias ni pedidos de habeas corpus solicitados por Fariña.

Una deuda de 28 millones

Fariña fue detenido en marzo de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. La AFIP denunció a Fariña por evasión fiscal agravada, al no poder justificar la adquisición de inmuebles rurales en la provincia de Mendoza, y al determinar de oficio una deuda impositiva de 28 millones de pesos en concepto de capital más intereses, por IVA 2010/2011, Ganancias 2010/2011 y Bienes Personales 2010/2011/2012.

La figura judicial de evasión fiscal agravada está prevista en el artículo 2 de la Ley 24.769, que prevé una pena que va de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión.  La investigación permitió detectar que Fariña se habría desprendido de los bienes con el objeto de eludir las acciones de cobro del Fisco Nacional, por lo tanto fue denunciado en la misma causa por insolvencia fiscal fraudulenta, con penas previstas de 2 a 6 años de prisión.