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El secuestro del empresario Fernando Combal, ocurrido  el 8 de mayo de 1979, ocupó el centro de la escena  en una nueva audiencia por el juicio contra tres represores del Batallón 601. El Tribunal Oral Federal 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, tomó declaración a dos testigos clave en uno de los casos por los que está acusado el ex agente de Inteligencia Leandro Sánchez Reisse. Hoy declararon el ex abogado de Combal, Pablo Argibay Molina, y su hijo Guillermo. Ambos confirmaron que el especialista en finanzas fue torturado y secuestrado por los militares, y que fue  liberado tras un pago de entre 200 y 500 mil dólares. Dijeron, además, que no fue un caso excepcional, sino parte de una serie de secuestros a empresarios acusados por “subversión económica”.

En el proceso, que comenzó hace unas semanas, Sánchez Reisse está siendo juzgado junto a los represores Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que  también fueron imputados por los secuestros de Alberto Martínez Blanco, Ricado Tomasevich y Carlos Koldobsky.

El caso Combal es clave para comprender un aspecto de la trama financiera de la última dictadura militar. En la lectura de los requerimientos del juicio, el Tribunal se refiere directamente a la participación de Sánchez Reisse en el secuestro de Combal, con quien tuvo un vínculo cercano: se asoció el 21 de marzo de 1978 con el empresario y formaron Urbaires. Combal puso los recursos y el militar y su esposa, Mariana Bosch de Achával, se encargaban de contratar artistas para espectáculos. La sociedad duró seis meses y fue ruinosa para el empresario, porque la pareja viajaba a Europa con todos los lujos pero no conseguían artistas de renombre.

Argibay Molina dijo que, por ser abogado de Combal, lo conoció a Sánchez Reisse en 1976. Dijo que el secuestro de su defendido no fue un acto aislado. Que, por conocidos que tenía en la justicia , en la policía y el Ejército, pudo conocer que hasta el mismo Miguel Etchecolatz estaba al tanto de los secuestros extorsivos de empresarios: los hacía principalmente una banda del Batallón 601 que integraban Sánchez Reisse, Bufano y Silzle. Antes de Combal, los militares fueron por Jaime Osvaldo Prissant, del Banco de San Miguel. “Pudimos enterarnos de que querían secuestrar a Combal e hicimos una denuncia que no tuvo efecto. Se debió pagar el rescate”, dijo Argibay Molina.

El 8 de mayo de 1979, Combal fue secuestrado a la salida de su financiera Finsur. Después de andar un rato por la calle, dos hombres armados lo secuestraron en un semáforo. Lo llevaron a una casa donde lo golpearon y le aplicaron picana. Le preguntaron por sus negocios. La esposa de Sánchez Reisse era prima de Christian Zimmermann, el segundo del Banco Central. Lo liberaron al día siguiente después de cobrar entre 200 y 500 mil dólares del rescate.

Tiempo después la justicia de Suiza procesó a Sánchez Reisse y su esposa, no concedió la extradición que reclamaba la justicia argentina y los condenó en noviembre de 1983 sólo por “tentativa de chantaje”, y no por los raptos. Bufano, Martínez y Sánchez Reisse tuvieron una pena de cuatro años y medio, y las esposas de los dos últimos a dos años y medio.

“Voy a pisarte la cabeza como una víbora”

Esa trama es la que se reconstruyó en la audiencia. Argibay Molina habló de una “metodología” de secuestro, que situó en las detenciones de los militares a directivos, agentes de bolsa y empleados del Banco Hurlingham, asociado a David Graiver, y en el del empresario siderúrgico René Grassi. Todos ellos fueron trasladados a Campo de Mayo. “Hay una línea de conexión entre todos los secuestros, incluso estando detenidos escucharon que la Comisión Nacional de Valores presentó una denuncia por subversión económica. Era la pantalla para acceder al efectivo que manejaban las empresas y liberar cheques vía el Banco Central para financiar la dictadura y negocios paralelos”, agregó.

Con la información que acumularon de los interrogatorios a los detenidos, fueron a buscar a Combal, y a sus socios Ricado Tomasevich y Carlos Koldobsky. Argibay Molina dio precisión de otros nombres como el empresario Pedro Fassen y dijo que Combal tenía una empleada que tenía un pariente en la Marina. “Era un almirante que dijo que había un fichero de inteligencia con los nombres de los empresarios”, enfatizó y dijo que las tareas de inteligencia estaban coordinadas por Marina y Ejército.

Finalizó con un episodio íntimo que protagonizó con Sánchez Reisse. “En la empresa de artistas, el balance se había ido al diablo, porque se la pasó haciendo de forma clandestina un montón de gastos innecesarios. Una noche estábamos excedidos de alcohol y discutí fuerte con él: le dije algo que después, cuando me enteré de su verdadera identidad y de su rol en el secuestro de Combal, le encajó perfecto”, confesó y dijo que eso ocurrió cuando se enteró que Sánchez Reisse había ido a declarar en el Senado de Estados Unidos como testigo en la causa Irán-Contras.

-¿Qué le dijo?

-Voy a pisarte la cabeza como una víbora.

La otra declaración importante de la jornada fue la de Guillermo Combal, hijo del empresario secuestrado. Dijo que a su padre lo habían torturado y le dejaron una quemazón, “como una marca”, en la rodilla. “Está claro que el secuestro de mi padre y el de sus socios correspondió a una maniobra de la dictadura para quedarse con sus bienes y su dinero. No fue casual que los socios de mi padre fueran judíos y por la denuncia de la CNV, tenemos entendido que el establishment de la banca financiera era cómplice de los militares”, enfatizó.

Además, contó la manera casual en que su padre conoció a Sánchez Reisse. “Una de las empresas de mi papá era una agencia de turismo y Sánchez Reisse le compraba pasajes para viajar. Como empezó a comprar cada vez más, mi papá se interesó y él le dijo que representaba artistas. Y en poco tiempo armaron la sociedad. Pero en ningún momento sabíamos que era agente de Inteligencia. Lo vi tres veces en mi vida y en esas veces siempre lo observé pidiéndole préstamos a mi padre.  Era obvio que nos estaba espiando, y sabía todos nuestros movimientos. Su verdadera identidad la supimos después por el libro de Juan Gasparini ‘La pista suiza’ y en la causa judicial por su secuestro”, relató.

Por último, agregó que sabe que Sánchez Reisse redactó un documento que decía “subversión económica” y que supuestamente luego se lo pasó a sus superiores. Y aportó otro dato: “La prima de la mujer de Sánchez Reisse tenía una conexión directa con las arcas del Banco Central, que disponía efectivo rápido y cheques en mano para operar en nombre de las empresas cuando ocurrieron los secuestros”.

Reciclaron la mano de obra represiva

Los tres imputados llegaron al juicio luego de haber sido procesados por el juez federal Sebastián Casanello, quien les atribuyó conformar una asociación ilícita en el marco de un sistema clandestino de represión instaurado durante el último gobierno de facto. A los procesados -todos detenidos- también se les atribuye responsabilidad en casos de secuestros a empresarios. En tanto, Luis "El Japonés" Martínez, otro de los integrantes de la banda, quedó apartado por su estado de salud.

La fiscalía que investigó la estructura que sostuvo a esta banda difundió que los integrantes aparecen como mano de obra de un vértice encabezado por el I Cuerpo del Ejército, a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason. A ellos se los proveía de una logística particular: handys, baterías, credenciales y cédulas truchas, armas de calibre largo, anteojos pintados de negro y una venda blanca con cinta adhesiva en sus extremos. El procesamiento de Casanello se nutrió del Informe de la Comisión Nacional de Valores emitido en 2013, que encuadra los secuestros extorsivos a empresarios como una metodología robustecida a partir de 1978 y 1979, cuando disminuyó la persecución a las organizaciones armadas, políticas y sociales ya aniquiladas y aparece una segunda etapa de la represión.

Los represores se especializaban en secuestros extorsivos de financistas durante la dictadura. Silzle, que estaba prófugo, fue detenido el 24 de julio de 2013 y, en los allanamientos, entre otras cosas se le secuestraron “un revólver, un handy de los utilizados por la policía, un cargador de baterías para dicho aparato, credenciales y cédulas a nombre de Angel Rubén Sarriez, apodo usado por Silzle en su calidad de agente de Inteligencia”. Además la banda persiguió a empresarios bajo la figura de “subversión económica”.

Durante la instrucción, Casanello dijo que el dinero que recogían no sólo era destinado a hacer “caja propia”, sino a alimentar la estructura represiva. Esta banda, ligada también al secuestro de Combal, apareció en los secuestros extorsivos que reciclaron la mano de obra represiva y combinó a las fuerzas de policía.

La asociación ilícita funcionó durante 1980 y 1981, en el último periodo de la dictadura. "Las pruebas reunidas permiten sostener que la organización ilícita investigada –dice el juez en el procesamiento– estuvo integrada por más de tres personasdependientes de las Fuerzas Armadas, de servicios de Inteligencia y de las restantes fuerzas de seguridad y de otros sujetos vinculados con éstas, entre ellos: Bufano, Sánchez Reisse, Martínez y Silzle, que llevaron a cabo delitos en distintas jurisdicciones y utilizaron armamentos de gran calibre. La actuación ilegal que desplegaban respondió al mandato o cuanto menos contó con la tolerancia y aquiescencia de los superiores".

El Batallón 601 funcionó en el edificio de Viamonte y Callao que hace unos años fue comprado por la Universidad del Salvador. Fue uno de principales arietes de la represión de la última dictadura. Allí se reunió buena parte de los datos que luego sirvieron para aniquilar a los militantes políticos de las distintas organizaciones. Su nombre quedó asociado a varias operaciones represivas de peso como el secuestro y desaparición del director del diario El Cronista, Rafael Perrotta, y la cacería de quienes retornaron a la Argentina desde el exilio para participar de la Contraofensiva montonera.

JMM/RA