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El ex agente de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 Leandro Sánchez Reisse entró a la sala de audiencias cabizbajo, de saco y anteojos, con los ojos apagados y aire solemne. Lucía cansado y silencioso, una imagen que contrastó con su  participación estridente en la causa AMIA, donde declaró en tres oportunidades –sin que sus dichos nunca pudieran ser comprobados por la Justicia-  y dio detalles sobre cómo había sido financiado el atentado por el gobierno iraní. En la apertura del juicio que lo juzga por secuestrar empresarios en la última dictadura militar,  el Tribunal Oral Federal 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, leyó los requerimientos de la causa 2136. Allí precisó la imputación. “Sánchez Reisse fue parte de una asociación ilícita y criminal en el marco del aparato represivo de la dictadura entre 1976 y 1983. En este caso, participó en la acción de secuestrar extorsivamente a empresarios”, dijo el secretario del Tribunal.  A la hora de encuadrarlo en un contexto histórico, el Tribunal aclaró que son delitos de lesa humanidad “imprescriptibles”, dentro del “obrar genocida” del terrorismo de Estado. El juicio entró en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Se prevé que entre ese día y el martes declaren los imputados y la primera ronda de los 60 testigos, según calcula la fiscalía.

A la hora de las objeciones, la defensa impugnó el procesamiento de Sánchez Reisse “porque fue juzgado tres veces por hechos semejantes”, pero fue rechazada por la fiscalía. El represor que quiso embarrar la causa AMIA no es el único acusado por  los secuestros de los financistas Alberto Martínez Blanco, su cuñado Ricardo Tomasevich y el banquero uruguayo Carlos Koldobsky, ocurridos en 1980 y 1981. También están imputados Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que como Sánchez Reisse, pertenecieron al Batallón 601 de Inteligencia, uno de principales bastiones de la represión de la última dictadura, donde se reunieron datos que luego sirvieron para aniquilar a los militantes políticos de las distintas organizaciones.  Fueron expertos en la creación de una banda, dentro del Ejército, que se dedicó en los últimos años del gobierno militar, al secuestro de personas con el objeto de cobrar importantes rescates dinerarios.

Rubén Bufano

Nacido el 9 de mayo de 1946, cadete del Liceo Militar, licenciado en publicidad y de ocupación comerciante, Sánchez Reisse actualmente está detenido en el penal  de Marcos Paz. En la lectura de la imputación, el Tribunal precisó que se lo acusa del secuestro de Tomasevich y de Martínez el 19 de septiembre de 1980, alrededor de las 9.30, mientras circulaban en un Ford Fairlane por Avenida del Libertador. Viajaban hacia su trabajo en la financiera “Puente Hermanos SA”. Allí los interceptó un Ford Falcon Futura de color claro, tripulado por cinco o seis hombres  que colocaron en el techo una baliza y exhibieron armas largas y de puño. Les dijeron que eran parte de un operativo de la Policía Federal y que serían llevados a la Brigada de Tigre. A Tomasevich lo cargaron en el Falcon y a su cuñado en la parte trasera del Fairlane. Los dos fueron obligados a acostarse en el piso con los ojos vendados. Los trasladaron a un inmueble donde permanecieron cautivos, encadenados, con los ojos vendados. Sánchez Reisse fue uno de los que lideró el operativo.

A los empresarios los sometieron a descargas eléctricas en la cabeza, las piernas, las manos, las orejas y los golpearon. Liberaron a Martínez Blanco para que consiguiera dos millones de dólares de rescate. Para la entrega del dinero, los captores usaron un sistema que volvieron a repetir más tarde en el secuestro de Koldobsky: “postas en latas de cerveza” ubicadas en diversos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde dejaban mensajes que iban guiando a quien debía entregar el dinero. Finalmente, entregaron 680 mil dólares de rescate. A Tomasevich lo liberaron en un lugar bastante simbólico: frente a la Escuela de Mecánica de la Armada.

Arturo Silzle

El Tribunal, además, se refirió a la participación de Sánchez Reisse en el secuestro del empresario Fernando Combal, con quien tuvo un vínculo cercano. Sánchez Reisse se asoció el 21 de marzo de 1978 con el empresario y formaron la empresa “Urbaires”. Combal ponía los recursos y Sánchez Reisse junto a su esposa, Mariana Bosch de Achával, se encargaban de contratar artistas para espectáculos. La sociedad duró seis meses y fue ruinosa para el empresario, porque la pareja viajaba a Europa con todos los lujos pero no conseguían artistas de renombre.

El 8 de mayo de 1979, Combal fue secuestrado a la salida de su financiera FINSUR. Después de andar un rato, en un semáforo, se subieron dos hombres armados. Lo llevaron a una casa donde lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica, preguntándole por sus negocios. Mariana Bosch, la esposa de Sánchez Reisse, era la prima de Christian Zimmermann, el segundo del Banco Central. Lo liberaron al día siguiente después de cobrar 200 mil dólares del rescate.

Tiempo después la justicia de Suiza procesó a Sánchez Reisse y su esposa, no concedió la extradición que reclamaba la justicia argentina y los condenó en noviembre de 1983 sólo por “tentativa de chantaje”, y no por los raptos. Bufano, Martínez y Sánchez Reisse tuvieron una pena de cuatro años y medio, y las esposas de los dos últimos, Bosch de Achával y Amalia Covas, a dos años y medio. El 5 de noviembre de 1985, Sánchez Reisse no volvió de una de sus salidas de libertad vigilada y desapareció.

En el alerta de Interpol, se lo describía como “un hombre de negocios” de 1,72 de altura, cabello castaño oscuro canoso y ojos verdes grisáceos. En realidad –según contó el periodista Carlos Juvenal que les siguió los pasos durante ocho años y publicó el libro “Buenos Muchachos”-, el prófugo estaba en España, apadrinado por su amigo Raúl Guglielminetti, y luego iría a Estados Unidos. El 12 de febrero de 1987, lo detuvieron en Nueva York.

Para conseguir protección, se ofreció a testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcotráfico y Operaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos. El 23 de julio de ese año, presentándose como ex agente de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, habló sobre los negocios sucios de la dictadura con el aval de la CIA. "Trabajé para el gobierno argentino desde 1976 hasta 1981", dijo bajo juramento, según el acta desclasificada de aquella sesión.

Su misión, dijo, fue financiar desde EE.UU. actividades en América Latina para apoyar a los "contras" nicaragüenses y otros grupos paramilitares. Para eso, habían montado junto a Raúl Guglielminetti dos empresas que servían de fachada en la Florida: Argenshow y Silver Dollar, una casa de empeños con permiso para vender armas. Según Sánchez Reisse, habían lavado más de 30 millones de dólares para apoyar la contrainsurgencia en Centroamérica. A pesar de la confesión, Sanchez Reisse fue extraditado a la Argentina en septiembre de 1987.

Una banda experta en secuestros extorsivos

Los tres imputados llegaron al juicio luego de haber sido procesados por el juez federal Sebastián Casanello, quien les atribuyó conformar una asociación ilícita en el marco de un sistema clandestino de represión instaurado durante el último gobierno de facto. A los procesados -todos detenidos- también se les atribuye responsabilidad en casos de secuestros a empresarios. En tanto, Luis "El Japonés" Martínez, otro de los integrantes de la banda, quedó apartado por su estado de salud.

La fiscalía que investigó la estructura que sostuvo a esta banda difundió que los integrantes aparecen como mano de obra de un vértice encabezado por el I Cuerpo del Ejército, a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason. A ellos se los proveía de una logística particular: handys, baterías, credenciales y cédulas truchas, armas de calibre largo, anteojos pintados de negro y una venda blanca con cinta adhesiva en sus extremos. El procesamiento de Casanello se nutrió del Informe de la Comisión Nacional de Valores emitido en 2013, que encuadra los secuestros extorsivos a empresarios como una metodología robustecida a partir de 1978 y 1979, cuando disminuyó la persecución a las organizaciones armadas, políticas y sociales ya aniquiladas y aparece una segunda etapa de la represión.

Los represores se especializaban en secuestros extorsivos de financistas durante la dictadura. Silzle, que estaba prófugo, fue detenido el 24 de julio de 2013 y, en los allanamientos, entre otras cosas se le secuestraron “un revólver, un handy de los utilizados por la policía, un cargador de baterías para dicho aparato, credenciales y cédulas a nombre de Angel Rubén Sarriez, apodo usado por Silzle en su calidad de agente de Inteligencia”.

Además la banda persiguió a empresarios bajo la figura de “subversión económica”. Durante la instrucción, Casanello dijo que el dinero que recogían no sólo era destinado a hacer “caja propia”, sino a alimentar la estructura represiva. Esta banda, ligada también al secuestro del empresario Fernando Combal, apareció en los secuestros extorsivos que reciclaron la mano de obra represiva y combinó a las fuerzas de policía.

La asociación ilícita funcionó durante 1980 y 1981, en el último periodo de la dictadura. "Las pruebas reunidas permiten sostener que la organización ilícita investigada –dice el juez en el procesamiento– estuvo integrada por más de tres personasdependientes de las Fuerzas Armadas, de servicios de Inteligencia y de las restantes fuerzas de seguridad y de otros sujetos vinculados con éstas, entre ellos: Bufano, Sánchez Reisse, Martínez y Silzle, que llevaron a cabo delitos en distintas jurisdicciones y utilizaron armamentos de gran calibre. Asimismo, la actuación ilegal que desplegaban respondió al mandato o cuanto menos contó con la tolerancia y aquiescencia de los superiores".

Historia del Batallón 601, servicio de inteligencia de la dictadura

Funcionó en el edificio de Viamonte y Callao que hace unos años fue comprado por la Universidad del Salvador. El Batallón 601, el nombre con el que se hizo famoso el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), fue uno de principales arietes de la represión de la última dictadura. Allí se reunió buena parte de los datos que luego sirvieron para aniquilar a los militantes políticos de las distintas organizaciones. Su nombre quedó asociado a varias operaciones represivas de peso como el secuestro y desaparición del director del diario El Cronista, Rafael Perrotta, y la cacería de quienes retornaron a la Argentina desde el exilio para participar de la contraofensiva montonera.

La tarea de inteligencia fue el fuerte del 601. Sobre esa base sostuvieron su accionar. En algunos casos la información llegaba por sus agentes civiles que recogían datos en fábricas, sindicatos, universidades, partidos políticos y organizaciones sociales. En otro, la información era obtenida bajo tortura. Y esta última forma fue la que permitió detener a Perrotta, quien ya había vendido su diario -que había fundado su padre- pero seguía integrando la estructura de inteligencia del PRT-ERP.

El rol del 601 no era desconocido para las organizaciones políticas. Por eso fue uno de los objetivos de la Campaña Ofensiva Táctica que lanzó Montoneros para el Mundial 1978, que incluyó al edificio entre las veinte operaciones que se hicieron para enfrentar a la dictadura. También atacaron la Casa Rosada, la ESMA, la Escuela Superior de la Policía Federal, el Regimiento de Infantería y la Escuela Superior de Guerra. Además, atacaron las casas del general Reynaldo Bignone, del coronel Adolfo Pandolfi y del secretario de Hacienda, Juan Alemann. Ninguna operación trascendió en los medios locales. No fueron tan espectaculares como para no ocultarlas y la dictadura utilizó a fondo su cerrojo sobre la prensa.