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Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad empezó en el norte del país, el tercero en Jujuy. El ex militar Horacio Domingo Marengo y 12 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal serán juzgados por la privación ilegítima de la libertad y torturas a 88 presos políticos. El hecho principal de la causa fue un operativo que consisitó en un traslado aéreo desde el penal de Villa Gorriti hacia la Unidad N°9 de La Plata y el penal de Villa Devoto, realizado en un Hércules el 7 de octubre de 1976. El debate oral y público que llevará adelante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que integran Carlos Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz. La fiscalía está a cargo de Francisco Snopek y Pablo Pelazzo.

Según se desprende de la causa, las 88 víctimas se encontraban privadas ilegítimamente de su libertad en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Establecimiento Penitenciario N°1 de Villa Gorriti. Aquél día, fueron sacadas ilegal y violentamente entre las 8 y las 9 de la mañana, en el marco de un operativo conjunto en el que participaron el Ejército, Policía provincial y federal, el Servicio Penitenciario provincial y Federal. Las fuerzas estaban bajo el mando del imputado Marengo, quien por entonces tenía 30 años y ostentaba el grado de Teniente Primero de Infantería. Los hombres fueron subidos a un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, a cargo de los agentes del SPF, esposados al piso del avión y llevados en un vuelo de más de tres horas con destino a la Unidad N°9. Las víctimas mujeres, en cambio, fueron trasladadas en un avión de menor porte -aún no identificado- y conducidas al penal de Villa Devoto.

De acuerdo a las pruebas recabadas durante la etapa de instrucción, los hombres fueron engrillados al piso del Hércules. “Allí comenzó el peor martirio”, describió uno de los testigos. Los uniformados se sentaban y caminaban encima de ellos. Los obligaban a cantar canciones.

-A estos collas hay que hacerles algo, tienen que cantar porque no puede ser que todo el mundo llore- decían mientras los golpeaban con bastones en la espalda y la cabeza y les quitaban las pocas pertenencias que les quedaban.

Pero no todo terminó allí. En el camino, los amenazaron con arrojarlos al río. Varios testimonios coincidieron en que algunos de los detenidos habían sido “marcados”, por lo que las agresiones y torturas eran aún peores con ellos. Al arribar, muchos fueron conducidos hacia la enfermería. Algunos de ellos habían quedado al borde de la muerte.

En el traslado masivo confluyeron la gran mayoría de los trabajadores de Mina El Aguilar e Ingenio Ledesma, secuestrados el 24 de marzo de 1976 y entre el 20 y 21 de julio de ese mismo año.

Además de Marengo, la nómina de acusados la completan Osvaldo Jorge Chiapparo (64), Juan Héctor Guenchal (62), Jorge Néstor Ibáñez (63), Arnaldo Exequiel Jorge (63), Eduardo y Ricardo Juárez (de 69 y 62, respectivamente), Rogelio Masson Iglesias (61), Juan Carlos Pugni (61), José Quintela (65), Cristóbal Retamoso (70), Andrés Savorani (61) y Rubén Zink (58), quienes a la época de los hechos formaban parte del Servicio Penitenciario Federal.

El Ministerio Público Fiscal consideró que Marengo resulta penalmente responsable como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y por la duración mayor a un mes, en 60 hechos, y tormentos en calidad de coautor en 50 hechos. Los penitenciarios son acusados por los mismos delitos, pero en 78 hechos.

Para ello se tuvo en consideración que hombres y mujeres “se encontraban privadas de su libertad, provenientes de un circuito clandestino de detención, preestablecido y ordenado por las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la provincia y el país”. Se encontraban en el penal de Villa Gorriti “dentro de un régimen carcelario ‘especial’ aplicado a los presos políticos, el cual se caracterizaba por la clandestinidad, el aislamiento, la informalidad y la ilegalidad, y se encontraba fuera de todo control judicial”.

Si bien el Tribunal dispuso que las audiencias se realicen sólo los jueves por la tarde, la fiscalía solicitó que se hagan dos veces por semana, por lo que la duración del juicio dependerá de la resolución de los magistrados. Se prevé que declaren alrededor de 60 testigos.

El tercer juicio en la provincia

En el primer juicio, que finalizó el 3 de mayo del 2013, el Tribunal Oral condenó entonces a los ex militares integrantes del Área 323 Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni a prisión perpetua y al ex interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, Antonio Vargas a 25 años por la desaparición de Julio Rolando Álvarez García.

En el segundo proceso, que concluyó el 4 de mayo de este año, fueron condenados Antonio Vargas a prisión perpetua, al igual que el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz; y Carlos Alberto Ortiz, guardiacárcel, a 12 años de prisión.

Orlando Ricardo Ortiz, guardiacárcel, fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta; Herminio Zárate, guardiacárcel, fue condenado a 9 años de prisión; y Mario Marcelo Gutiérrez recibió la pena de quince años.