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La Fiscalía y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires alegaron ayer en el juicio de los obreros de Campo de Mayo. Coincidieron en el pedido de pena de prisión perpetua para el ex general Santiago Omar Riveros y 25 para el ex presidente de facto, Reynaldo Bignone. Ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, pidieron que se investigue a los dueños de aquel entonces de astilleros Astarsa y Mestrina, Cerámicas Cattáneo y porcelanas Lozadur, empresas a las que pertenecían los 32 obreros desaparecidos.

La Fiscalía a cargo de Marcelo García Berro, además, pidió las siguientes penas para el resto de los imputados: 20 años de prisión para Luis Sadi Pepa; 18 años de prisión para Eugenio Guañabens Perelló; 15 años de prisión para Juan Carlos Gerardi y Juan Demetrio Luna, y 9 años de prisión para Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado. En todos los casos requirió también inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas.

Previamente, la querella unificada de las Secretarías de Derechos Humanos solicitó en su alegato la pena de 25 años de prisión para el resto de los imputados.

En una jornada maratónica que duró más de nueve horas,también pidieron que las penas sean de cumplimiento efectivo en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Riveros y Bignone ya fueron condenados en cada uno de los diez juicios previos de la megacausa de Campo de Mayo. También están procesados y son juzgados en el juicio del Plan Cóndor, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py.

El alegato se centró en la necesidad de profundizar la investigación de la responsabilidad civil empresaria durante la última dictadura.

“Quedó plenamente demostrado en el juicio. Las corporaciones fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico”, dijo a Infojus Noticias el abogado querellante Ciro Annicchiarico. “El único motivo por el que los obreros eran metidos en la lista que le daban a los militares no era por su pertenencia política sino porque pedían mejoras salariales y laborales”, agregó.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como prueba los documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos. El tribunal -integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña- aceptaron el pedido y será de uno de los elementos que analizarán para dictar sentencia, con fecha a determinar.

La semana pasada, cerró la etapa testimonial el especialista en Asuntos Internacionales, Carlos Humberto Osorio, quien declaró por videoconferencia desde Washington. Dio cuenta de los documentos de la Embajada de los Estados Unidos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado. Esos registros relacionan la represión contra los trabajadores de la zona norte del Conurbano bonaerense. "Esos archivos demuestran que los empresarios contaban con información que filtraban a la delegación diplomática", dijo el fiscal.

El martes que viene continúan los alegatos de la querella de familiares que representa el abogado Pablo Llonto y otra querella unificada de familiares a cargo de Pedro Dinani.