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El gobierno nacional sacó hoy un decreto para implementar un plan de apertura de datos en la estructura del Poder Ejecutivo Nacional. Publicada hoy en el Boletín Oficial, la medida busca impulsar “un gobierno abierto”. La iniciativa había sido anunciada en conferencia de prensa días atrás por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

"Es un buen primer paso. Es indispensable para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pone a la Argentina en un lugar distinto ante el mundo", expresó Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. "Esperamos que esta experiencia sea imitada por provincias y municipios", sugirió.

Según indica el decreto, el Ministerio de Modernización tendrá a su cargo el lanzamiento y coordinación de un nuevo portal nacional de datos públicos. En un plazo máximo de 90 días, el sitio deberá presentar información, entre otras cosas, sobre la estructura orgánica del Ejecutivo, la nómina de autoridades y sus declaraciones juradas patrimoniales así como la nómina del personal contratado junto con los escalafones y escalas salariales aplicables a los diferentes regímenes de empleo público. Además, el portal deberá incluir datos sobre los créditos presupuestarios y las contrataciones públicas.

Para ello, el decreto ordena a todos los ministerios, secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados que dependan del ejecutivo nacional a elaborar y presentar un plan de apertura de datos en un plazo no mayor a 180 días.

Acceso a la información pública

Entre sus fundamentos, el decreto destaca la importancia de avanzar en la implementación de políticas de gobierno abierto. “La disponibilidad de los datos públicos en condiciones adecuadas para su uso y reutilización constituye un elemento catalizador para el fortalecimiento del proceso democrático, el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la provisión de servicios públicos centrados en el usuario, y la promoción del desarrollo social, económico, científico y cultural de la Nación”, señala el texto. Como autoridad de aplicación de la norma, el Ministerio de Modernización deberá coordinar la recepción de toda la información.

Este decreto avanza sobre el firmado en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. Con esta nueva norma, se añade la obligación por parte del Estado de cumplir un rol proactivo en la publicación de información. Sin embargo, aún está pendiente la sanción de una ley de acceso a la información pública. Aunque en el Congreso se trataron diferentes proyectos, ninguno logró prosperar.

"Vamos a colaborar con el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra para difundir e implementar estas políticas. Además, insistiremos ante el Congreso en la sanción de la Ley de Acceso a la Información", dijo Alonso. "La información tiene que ser una herramienta de los ciudadanos para medir y evaluar a sus gobiernos", concluyó la funcionaria.