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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación integrará, junto a las carteras de Seguridad y Desarrollo Social, el Gabinete de Seguridad Humana (GSH), que tendrá como objeto coordinar las políticas de Estado para “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la República Argentina”. Así lo establece el decreto 228/2016, que declara la ‘Emergencia de Seguridad Pública’ en todo el territorio nacional por el plazo de un año, con opción a prórroga. El organismo funcionará en la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña.

Entre las funciones que le fueron encomendadas, la normativa apunta a coordinar “las atribuciones de cada cartera” para “lograr la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas y narcotráfico”. El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial y lleva las firmas de la vicepresidenta –en ejercicio de la Presidencia–, Gabriela Michetti; y los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; de Seguridad, Patricia Bullrich; y del Interior, Rogelio Frigerio.

Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve e impulsa el concepto de “seguridad humana”, a través del cual subraya “la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención”. El centro está puesto en la protección de los derechos de todas las personas.

En este sentido, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana señala que si bien las administraciones nacionales tienen como función primordial asegurar la supervivencia, la subsistencia y la dignidad de su población, las nuevas amenazas “han puesto de relieve la necesidad de una mayor colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y los agentes de base comunitaria” para combatirlas.

El combate contra la trata

Por otra parte, la norma establece que las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad tendrán a su cargo actualizar “las bases informáticas de las víctimas del delito de trata de personas” con el “debido resguardo de confidencialidad”. Un delito que, en los fundamentos del decreto, es señalado como “una preocupación constante para todas las familias argentinas”, que requirió la implementación de un Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento para las víctimas.

Las medidas, explicitadas en la norma, apuntan a combatir el delito complejo y el crimen organizado en sus distintas expresiones. Para ello, dota a las autoridades involucradas de herramientas para el combate del narcotráfico, el contrabando de armas, los delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita “calificada” o con una “asociación ilícita terrorista” o aquellas destinadas a “cometer delitos con fines políticos o raciales”; o delitos de fraude contra la administración pública; prostitución de menores y pornografía infantil; financiación del terrorismo; extorsión y trata de personas, entre otros.

La adhesión de las provincias

En su artículo 2, el decreto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a esta política, con la respectiva declaración de emergencia en cada una de sus jurisdicciones. En tanto, sus fundamentos, recuerdan que en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, del 17 de diciembre pasado, representantes del gobierno nacional, de las provincias, del gobierno de CABA e integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad aprobaron, por “unanimidad”, declarar la “emergencia de seguridad pública”.