Infojus Noticias

Con un acto del que participaron víctimas de la represión, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó públicamente como querellante en la causa que investiga el accionar de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA), durante la última dictadura militar. En el evento, se destacó el trabajo que viene realizando la CPM, como la presentación en 2735 causas con valor probatorio y la custodia del archivo de la ex DIPPBA, que la comisión recibió en 2001, junto con el edificio en el que funcionaba el organismo.

Justamente allí, en la calle 54 de La Plata, tuvo lugar la actividad, de la que formaron parte los ex trabajadores del astillero Río Santiago y de la fábrica Rigolleau, así como Hernán Shapiro, fiscal integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, y los integrantes de la Comisión, Sandra Raggio –directora general–, Margarita Jarque –directora de Litigio Estratégico–, Claudia Bellingeri –directora del Programa de Justicia por los Crímenes de Lesa Humanidad–, y Víctor Mendibil, vicepresidente de la entidad.

La comisión proyectó un video en el que exhibió el organigrama de la DIPPBA entre 1976 y 1982 –época en la que contaba con 16 delegaciones y 1200 agentes distribuidos en la provincia– y explicó el funcionamiento de espionaje y persecución utilizado sobre estudiantes, obreros, religiosos y movimientos políticos. El accionar del organismo se vio recrudecido con la asunción del coronel Ramón Camps como Jefe de Policía de la provincia, cuando la DIPPBA quedó bajo control directo de autoridades militares –en condición secreta– y su accionar represivo resultó fundamental para la dictadura militar. Claudia Bellingeri explicó a Infojus Noticias que “todas las persecuciones que produjo la DIPPBA en esos años tenían como sustento la idea del exterminio”.

El proceso judicial

La causa se encuentra en etapa de instrucción y fue impulsada en el marco de la sentencia por el Circuito Camps, en diciembre de 2012, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata. La abogada querellante Guadalupe Godoy había solicitado investigar la responsabilidad de la DIPPBA en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. “Hasta el momento no se había puesto foco en el funcionamiento de la DIPPBA, como sí en el de la Dirección de Investigaciones de la provincia”, dijo Godoy a Infojus Noticias. La abogada recordó que “en el alegato donde pedimos que se abriera esta causa, afirmamos que, tal como la propia reglamentación interna lo dice, la DIPPBA no sólo tenía como misión la producción de inteligencia para la Jefatura de Policía, el Estado Mayor Policial y el Poder Ejecutivo provincial  sino que también podía realizar y/o coordinar operativos especiales, propios, conjuntos o combinados”.

Por su parte, la CPM seleccionó diez casos testigos para intervenir en la causa, entre los que se cuentan la persecución e inteligencia implementada sobre Carlos Propato, ex delegado de la Ford, y sobre Chicha Mariani y su nieta Clara Anahí.  Raggio aseguró que intentarán dar cuenta de la genealogía de la dictadura a partir de “visibilizar la inteligencia previamente constituida en nuestro país. El Estado tenía diseñado dispositivos orientados a la represión, que se expresaron de forma excepcional en la dictadura, pero que funcionaban desde antes. Es a partir 1956, con la prescripción del peronismo y la implementación de la doctrina de seguridad nacional, que comienzan a hacerse más sofisticados”.

Infojus Noticias tuvo acceso a informes vinculados a Chicha Mariani y su nieta que, según afirmó Bellingeri, fue fichada con tres meses de vida como “subversiva”. Su ficha forma parte de la de su padre, Daniel E. Mariani, quien fue objeto de espionaje desde el año 1972 hasta su asesinato en 1977. También existe un pedido de información de la médica ginecóloga que atendió a Diana Teruggi de Mariani al momento de dar a luz a su hija. La solicitud es del Batallón 601 y está fechada cinco días después del megaoperativo que tuvo lugar en la intersección de las calles 30 y 54, en el que robaron a Clara Anahí y asesinaron a su madre Diana, junto a cuatro compañeros de militancia. Ese informe da origen al legajo de la médica.

Además, existen numerosos expedientes sobre Chicha Mariani por la actividad realizada como Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Uno de éstos es un pedido de seguimiento desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al regreso de un viaje que realizó a Ginebra, en 1982. En esa solicitud, se lee: “Es importante aclarar que tiene perfectamente localizado a su nieto, el cual estaría en poder de un Tte. Cnl. (médico), el cual también reside en la ciudad de La Plata”.  El objetivo del servicio de inteligencia, infirió Bellingeri, era conocer la información que Chicha manejaba sobre el destino de Clara Anahí.

¿Cuál era el material del organismo?

El archivo de la ex DIPPBA contiene miles de documentos que datan del año 1930 hasta 1998, año en que el organismo fue disuelto. La CPM calcula 4.000.000 fojas en su acervo, entre las que también puede encontrarse información de inteligencia nacional e internacional.

El servicio de inteligencia trabajaba con diferentes tipos de documentos. Sólo durante el lapso de tiempo que se investiga en la causa, se confeccionaron 217.000 fichas personales, 43.250 fichas por acontecimientos –donde también se mencionan a personas– y otra gran cantidad de fichas temáticas, divididas por entidades estudiantiles, partidos políticos o sindicatos. En los legajos puede encontrarse información sobre pedidos de captura, seguimientos individuales o grupales, informes de inteligencia, intercambio de información elaborados por los distintos organismos, solicitudes de paradero y recursos de hábeas corpus, hallazgos de cadáveres N.N., fotografías, denuncias de secuestros, antecedentes y prontuarios.

JB/LL