Infojus Noticias

En la década del ´70, integrantes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Provincial de Buenos Aires (DIPBA) persiguieron, espiaron y confeccionaron miles de fichas de ciudadanos con ideología contraria a la dictadura cívico- militar. La burocracia del terrorismo de Estado los clasificaba como “delincuente social”, “delincuente político” o “delincuente subversivo”.  Eran datos procesados por todas las fuerzas entre sí. Con esta información, se secuestró y asesinó a muchos militantes. El paso del tiempo convirtió estas fichas en pruebas significativas para los juicios de lesa humanidad y permiten reconstruir las lógicas de los servicios de inteligencia. “Se trata de información técnica, sirve para los alegatos y para que los jueces definan el veredicto”, dijo a Infojus Noticias Claudia Bellingeri, del área de lesa humanidad de la Comisión Provincial de la Memoria. La entidad se ocupa de administrar los archivos desde su desclasificación, en 2000.

Los archivos son pruebas inobjetables, a diferencia de las declaraciones testimoniales que pueden ser cuestionadas por su subjetividad. Es rutina que en todos los juicios de lesa humanidad, los juzgados y fiscalías pidan informes del archivo de la DIPBA. El registro brinda datos e informes de víctimas, imputados y cuestiones de zonas operativas y de inteligencia. Se puede pedir en cualquier instancia judicial y cualquier juzgado federal del país.

El miércoles pasado, la Comisión Provincial de la Memoria entregó un informe al Tribunal Oral Federal 1 que juzga delitos en el marco del Plan Cóndor. El juicio va por su segundo año y el informe describe la persecución a organizaciones políticas y la relación de organismos de Derechos Humanos que trabajaron con exiliados durante la dictadura. La red de infiltración se metía dentro de toda la ciudadanía. Los agentes de Inteligencia simulaban ser militantes en mesas gremiales, clubes barriales, parroquias. Había quienes se hacían pasar por novios o amigos. Todo servía para detectar “el mal a ser exterminado”. Semanas atrás también se enviaron informes a La Rioja, por el juicio del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli; Tucumán, Rosario, Bahía Blanca por la causa del diario La Nueva Provincia.

Juicio de la causa Campo de Mayo. Foto: Sol Vazquez

Reconstruir los hechos

En el octavo juicio de Campo de Mayo, los archivos sirvieron para demostrar que la defensa del represor Santiago Omar Riveros mentía. El exmilitar sostenía que el centro clandestino El Campito había funcionado desde 1976, pero informes de la DIPBA señalaron que lo hacía desde un año antes.  Fue un elemento más de prueba que los jueces tuvieron en cuenta para condenar a Riveros.

En el juicio contra el subcomisario Luis Abelardo Patti, los archivos demostraron que al militante de Montoneros Gastón Gonçalves lo perseguían desde el 8 de octubre de 1974, un año y medio antes de su asesinato. En su ficha figuraba su fecha de nacimiento, sus actividades políticas y el lugar donde vivía.

La fiscal en el juicio de ESMA Unificada, Mercedes Soisa Reilly, le explicó a Infojus Noticias que los archivos son pruebas significativas y un gran aporte a la reconstrucción de los hechos. Fuentes de la fiscalía que está a cargo del juicio de Mansión Seré II también sostienen que los archivos tienen mucho valor en términos generales y que depende de cada caso la relevancia que tienen. “Depende de cada documento y lo que diga y en función de lo que necesitemos probar en cada juicio. Hay juicios y casos en los que ha sido una prueba  importante y tal vez en otros el aporte no era tan relevante”, detallaron a Infojus Noticias.

Cuando los archivos son pruebas fundamentales, muchos tribunales citan a Bellingeri como testigo de concepto para que explique la burocratización y administración del terrorismo de Estado.

La DIPBA tenía una lógica de articulación con todas las provincias, además de tener enlaces con distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. “Se trabajaba en comunidades informativas, que estaban integradas por todos los servicios de inteligencia con todas las policías del país”, explicó a Infojus Noticias Bellingeri.

El archivo existe desde 1956, en tiempo de la dictadura de la Revolución Libertadora, y se disolvió casi cuarenta años después, en 1998. En 2000, fue transferido a la Comisión Provincial por la Memoria para la preservación, conservación y difusión de las más de 200 mil fichas de personas perseguidas.