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Jorge Casales y Eduardo Soares tienen cosas en común desde hace más de 40 años: estudiaron Derecho en la Universidad Católica de Mar del Plata durante los ’70, pero se recibieron de abogados después de la última dictadura. Los dos formaron parte de la estructura de la agrupación Montoneros. Y ayer coincidieron en su testimonio frente en un tribunal: dijeron que el ex fiscal Gustavo Demarchi, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que persiguió y asesinó a opositores políticos de izquierda entre marzo de 1975 y febrero de 1976, era integrante de la agrupación de ultraderecha CNU.

“Demarchi fue un conocido y destacado integrante de la CNU”, declararon. Soares no recordó la fecha con exactitud, pero sabe que la primera vez que lo vio fue en 1973, poco tiempo después de la “Masacre de Ezeiza”. La orden de Perón, en aquel entonces,  había sido unificar a todas las juventudes peronistas. El encuentro  fue en la sede de la CGT de Mar del Plata. “Ahí lo vi a Demarchi por primera vez: se paró de su asiento y comenzó a preguntarnos a quien representábamos y nos dijo que detrás nuestro estaban FAL y Montoneros. Él estaba en representación de la CNU”, explicó el testigo al Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata. La reunión duró 15 minutos y los representantes de las agrupaciones de la Tendencia Revolucionaria del peronismo tuvieron que salir custodiados por integrantes de la CGT.

Para los fiscales Laura Mazzaferri, Daniel Adler y María Eugenia Montero, los once acusados conformaron una asociación ilícita comandada por Demarchi para perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados al sector revolucionario del peronismo. Con esa premisa, la madrugada del 21 de marzo de 1975 los integrantes de la CNU vengaron la muerte de su líder, el abogado y empresario Ernesto Piantoni, emboscado y asesinado por un comando de Montoneros. Durante la noche del llamado “5x1” mataron al cirujano Bernardo Goldemberg, al teniente primero (RE) Jorge Videla, a sus hijos Jorge y Guillermo, y a Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray, y referente de la JUP marplatense.

Soares militaba junto a “Pacho” Elizagaray y estuvo con él horas antes que lo mataran. Frente a los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz dijo que Carlos Elizagaray, el padre de Pacho, siempre le advertía su hijo que tuviera cuidado porque Demarchi le había dicho que “un día tendría que ir a reconocer a su hijo a un terreno baldío”.

A mediados de mayo de 1975, Soares fue detenido junto a una compañera cuando intentaban irse de la ciudad. El 25 de mayo, Montoneros realizó un operativo para liberarlo. Atacaron la comisaría segunda donde estaba alojado el testigo, pero todo salió mal: en el intento murió un militante y un agente policial. En venganza, dos días después, un grupo parapolicial secuestró al padre de Soares y lo asesinó.

En esas circunstancias, el testigo volvió a saber de Demarchi. Era el fiscal de su causa y de la investigación por el crimen de su padre. El entonces fiscal pidió 18 años de prisión para Soares por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y explosivos y asociación ilícita. Finalmente fue condenado a 8 años en primera instancia y a 6 tras la apelación. En cuanto al asesinato de Soares padre, el expediente fue archivado en tiempo récord. “La justicia llamó una sola vez a declarar a  mi madre, la única testigo presencial del secuestro de mi padre. Como no pudo ir porque estaba de viaje, nunca más la citaron”, aclaró el testigo.

Una banda parapolicial

Ante la pregunta del fiscal Adler, el testigo se explayó sobre la CNU. “Fue una agrupación política que se transformó en una banda armada con contactos en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas. El rol que ocupó la Triple A en otros lugares, aquí lo cumplió la CNU”, reflexionó Soares.

El testigo declaró cerca de dos horas y la contundencia de sus dichos no encontró réplica en las defensas. Demarchi, que ejerce su propia defensa, tuvo la oportunidad de interrogarlo. Intentó provocar a Soares a través de una “chicana” política acerca de la relación entre Montoneros y Perón, pero después derivó  en un patético pase de comedia que generó la risa de casi todo el público.

Casales comenzó a declarar pocos minutos después de las 10 y abandonó la sala de audiencias cerca de las tres de la tarde. Durante cinco horas solo se escuchó su voz y el teclado del secretario del tribunal que trataba de no perderle pisada al relato. El testigo explicó cómo la CNU, a través de Demarchi y Eduardo Cincotta, se apoderaron de la Universidad de Mar del Plata y cómo presionaron a las autoridades de la Universidad Católica para lograr la fusión de amas casas de estudios.

También contó que a comienzos de 1975 en Mar del Plata se vivía un clima muy tenso: el enfrentamiento entre las tendencias de derecha e izquierda dentro del peronismo estaba declarada. Estudiaba Derecho en la Universidad Católica y era referente de la Juventud Universitaria Peronista dentro de esa casa de estudios. Además, trabajaba junto a María del Carmen “Coca” Maggi, decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica.

El testigo explicó que la CNU había copado la estructura de la Universidad Provincial de Mar del Plata en 1974. Josué Catuogno fue designado rector y nombró como secretario general a Cincotta y a Demarchi como coordinador académico. Ambos pertenecían a la CNU, y según Casales, ejercían el verdadero poder. “Catuogno era una figura decorativa”, recordó. 

“El objetivo de la CNU era limpiar la ‘infiltración marxista’ dentro del Partido Justicialista. Para eso formaron una comisión en 1973 que estaba integrada por Demarchi y Eduardo Ullúa, uno de los dos prófugos que todavía tiene la causa de la CNU”, explicó Casales. Y aseguró que partir de 1975 la CNU quiso replicar lo mismo en la Universidad Católica y una manera de generar “esa limpieza” era lograr la fusión de ambas universidades. El 9 de mayo de ese año fue secuestrada  Coca Maggi, que no estaba dispuesta a aceptar esa unión académica.

“El secuestro de Coca fue un golpe muy duro para los curas de la Católica. Se asustaron mucho. El obispo de la ciudad, Monseñor Eduardo Pironio, quedó muy consternado y pidió que se aceptaran todas las condiciones que proponían las autoridades de la Universidad Provincial para realizar la fusión. Creí que con eso Coca sería liberada. El cuerpo de Maggi no había aparecido aún, y Pironio creía que estaba viva”, relató Casales.

Por último, el testigo, que además es querellante en la segunda parte de la causa CNU, que todavía se encuentra en instrucción, nombró uno por uno a los imputados y los definió según sus funciones. “Estaban los hombres operativos, de acción y los que tenían formación académica, intelectuales”.

De los once imputados, Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel permanecen en libertad, pero son juzgados por el delito de asociación ilícita. Y Juan Pedro “Piero” Asaro, Mario Ernesto Durquet, Raúl Viglizzo, Raúl Rogelio Moleon, el militar retirado Fernando Alberto Otero, y el ex fiscal Gustavo Demarchi, se les imputan los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada.

FD/RA