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Un nuevo juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la jurisdicción de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar comenzó hoy en los tribunales federales de San Martín. Tuvo en el banquillo de los acusados al ex jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y a otros dos imputados. El proceso oral y público a cargo de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 1, Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain, comenzó por la mañana en San Martín.

Los imputados, además de Riveros, son Rodolfo Emilio Feroglio, ex director de la Escuela de Caballería que dependía del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y Carlos Daniel Caimi, comisario a cargo de la seccional de Villa Ballester entre 1975 y 1977.

El juicio -comprendido en la denominada megacausa Campo de Mayo abarca- los casos de 14 víctimas que fueron privadas de la libertad en lugares y en domicilios emplazados dentro de la denominada zona Defensa IV. Todos ellos estuvieron y/o fueron vistos y/o escuchados dentro de la comisaría Segunda de Villa Ballester.

Santiago Omar Riveros.

De los 14 casos que serán debatidos, once son sobrevivientes, mientras que el ex presidente del bloque justicialista del Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, entre 1973 y el momento de su secuestro en 1976, José María Castiñeiras, así como Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri permanecen aún desaparecidos.

De los sobrevivientes, Ángel Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Calchinsky, Ricardo Ponteprimo eran delegados de la fábrica Metalúrgica BOPAVI ubicada en la calle Mitre 1350. Fueron secuestrados dentro de la planta mientras cumplían con su jornada laboral, el 16 de agosto de 1976, por un grupo de personas armadas y uniformadas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Ejército.

Los represores ingresaron con dos camiones a la firma preguntando por los delegados gremiales y una vez individualizados, fueron encapuchados y trasladados a la Comisaría de Villa Ballester, alojados en calabozos, sometidos a interrogatorios, golpes y torturas con picana eléctrica durante ocho días hasta que fueron liberados en una ruta de la localidad de Bancalari.

Entre los sobrevivientes que brindarán su testimonio, se encuentran Elio Julio Barroso, secuestrado el día del golpe cívico militar, el 24 de marzo de 1976, en su domicilio de la localidad de José León Suárez y trasladado a la comisaría de Villa Ballester. Al momento de su secuestro, Barroso integraba el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín de la provincia de Buenos Aires.

Rodolfo Emilio Feroglio.

En tanto, Luis Fernando Sacomani fue privado de la libertad dos días después, en su domicilio de localidad de Villa Ballester, por un grupo de cuatro o cinco personas armadas y vestidas de civil y trasladado a la misma comisaría a cargo de Caimi, donde fue torturado en varias oportunidades e interrogado acerca de su condición de delegado gremial de la Unión Obrera Metalúrgica.

A fines de mayo de 1976 fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, trasladado a la Unidad de Devoto y posteriormente a la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció alojado hasta octubre de 1977, en que recuperó su libertad.

Las víctimas restantes que brindarán su testimonio son Beatriz Ramona Castro de Villareal, María Cecilia Maciel Bogado, Alfonsa Melgarejo de Pozze, Enrique René Íbalo y Amelia Noemí González.

Carlos Daniel Caimi.

El sitio Fiscales informó que Riveros, Feroglio y Caimi llegaron al debate en prisión domiciliaria. Están acusados de los delitos de allanamiento ilegal en siete oportunidades; robo doblemente agravado por uso de armas y en lugar poblado y en banda en dos hechos; privación ilegal de la libertad doblemente agravada por violencia y amenazas en 14 ocasiones (cinco de ellas, además, agravadas por haber durado más de un mes), y tormentos agravados reiterados en las 14 víctimas.

Hoy se leyó el requerimiento de elevación a juicio. El fiscal Jorge Sica incluyó -entre otras pruebas- el testimonio de un ex conscripto que dijo haber sido enviado a la comisaría de Villa Ballester para realizar "guardias para custodiar detenidos 'subversivos' que habían sido llevados por personal del Ejército". Y describió que "estaban alojados en las celdas de la comisaría, por espacio de 15 días, hasta que los trasladaban y traían a otro grupo de personas aprehendidas, las que permanecían con los ojos vendados, con las manos atadas y divididos por sexo".

Según el cronograma judicial, las audiencias continuarán el próximo 25 de agosto y todos los martes de septiembre. 

JC/MEL/RA