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"Vamos a solicitar una investigación seria respecto de los civiles que resultaban propietarios de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattaneo", adelantó el fiscal de juicio Marcelo García Berro, quien prepara el alegato que pronunciará el próximo martes 9 de septiembre en el debate oral que se le sigue a nueve imputados por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín.

La etapa de producción de prueba se cerró hace unos días con los últimos testimonios. Uno de ellos fue el del especialista Carlos Humberto Osorio, quien declaró por videoconferencia desde Washington para dar cuenta de los documentos de la Embajada de los Estados Unidos desclasificados por el Departamento de Estado relacionados con la represión a los trabajadores de la zona norte del Conurbano bonaerense. "Esos archivos demuestran que los empresarios contaban con información que filtraban a la delegación diplomática", contó el fiscal.

"Osorio hizo un análisis de los documentos y nos ilustró sobre cómo eran obtenidos los datos que le brindaba la Embajada de los EEUU en el país al Departamento de Estado durante la última dictadura militar. Entre otras cosas, señaló Osorio que específicamente, en referencia al caso que se está juzgando, uno de los documentos se refería la ejecución de 17 personas vinculadas al gremio de ceramistas que habían sido asesinadas en Campo de Mayo. Eso no solamente resulta una información que al momento de la desclasificación del documento no se conocía, también corrobora que en ese lugar funcionó además de un centro clandestino de detención, uno de exterminio de personas y posterior ocultamiento de sus cuerpos", narró García Berro a la página web de Fiscales.

En el debate, que comenzó el 8 de julio pasado, son juzgados el ex dictador Reinaldo Benito Bignone (84 años), el ex jefe de la Zona Militar IV, Santiago Omar Riveros (90), el ex coronel Luis Sadí Pepa (88) y el ex coronel Eugenio Gauñabens Perello (88). También están acusados los ex prefectos Juan Carlos Gerardi (82), Roberto Julio Rossin (65), Alejandro Puertas (59) y Héctor Omar Maldonado (63) y el ex policía Juan Demetrio Luna (82) por los delitos perpetrados contra 32 víctimas de los astilleros Astarsa y Mestrina, Cerámicas Cattáneo y porcelanas Lozadur.

En una breve entrevista con Fiscales, García Berro precisó los siguientes conceptos:

- ¿Hay perspectivas de que en el futuro se avance con la responsabilidad de los empresarios?
- Osorio mencionó  que las fuentes argentinas que aportaban datos a la Embajada, si bien no había muchas referencias a nombres, sí decía que la información era confiable y sólida y que no solamente provenía de los familiares de las víctimas que se acercaban a la sede diplomática, sino que mucha de esa información era obtenida por gente de adentro de la empresa, así como también por informes de inteligencia del Ejército. Creo que Estados Unidos debería desclasificar todos los documentos, porque todavía no ha dado a publicidad a una gran cantidad que se relacionan con hechos cometidos durante la última dictadura. Así demostraría que no es de su interés guardar, retener o esconder información importante sobre crímenes de lesa humanidad. Y esa información que el gobierno de EEUU todavía retiene podría ser vital para futuros juicios por delitos de lesa humanidad, para establecer las responsabilidades militares y de civiles, entre ellos lógicamente los empresarios, sobre los que los juicios y las investigaciones han avanzado muy poco.

- ¿La Fiscalía tiene una hipótesis acerca de la participación de los obreros o del vínculo de los empresarios con las fuerzas militares?

- No son hipótesis. En definitiva, durante este juicio y en lo que toca a las empresas donde trabajaban los obreros desaparecidos, a partir de los testimonios de sobrevivientes o de personas que trabajaban en esas empresas, la responsabilidad civil de los propietarios o de las personas encargadas de su administración es clara. Y a partir de este juicio creo que todas las partes o -por lo menos las partes acusadoras- vamos a solicitar una investigación seria respecto de los civiles que resultaban propietarios de los Astilleros Astarsa, de Mestrina y de las fábricas de cerámica de Lozadur y Cattaneo. Sí, sin ninguna duda del juicio han surgido muchísimos datos, testimonios, documentos, que prueban la efectiva colaboración de todas estas personas.