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“Voy a rechazar el cargo de participación secundaria por peculado”, dijo el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),  Rubén Beraja. Acusado por conocer y consentir el fracaso de la investigación del atentado en la AMIA, ocupó más de cuatro horas, con un breve cuarto intermedio, para desmembrar la prueba en su contra. “Esta es una causa contaminada por la política”, aseguró y responsabilizó al gobierno de Carlos Menem por dejar fuera del alcance de la Justicia a los ciudadanos iraníes que podrían vincularse con el ataque.

Con calma, ocupó el banquillo destinado a los acusados que opten por prestar declaración indagatoria ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2. “Me preocupa este juicio porque se lo presenta como sustituto del verdadero juicio de AMIA", dijo refiriéndose a la causa por el atentado que consideró “dormida”. Y dijo que en el afán de “hacerlo entrar por la ventana a la causa del encubrimiento” se avanzó sobre la DAIA, institución que presidía en el momento del ataque, en julio de 1994, y a la que definió por el “apego y la defensa de la legalidad”.

Antes que comenzara su declaración, los ex dirigentes de la DAIA Jorge Kirszenbaum, José Hercman y Roberto Zaidenberg se tuvieron que retirar del lugar reservado para los familiares y amigos de las víctimas del atentado que, cada jueves, siguen el debate. Llegaron temprano a los tribunales penales de Comodoro Py, y apenas pudieron estar unos minutos.
 
-¿Vienen a acusar a Beraja o vienen a apoyarlo?- les preguntó Diana Malamud, una de las dirigentes de Memoria Activa, una de las organización de familiares que llevan adelante la acusación.

-No tengo por qué responderle -dijo uno de los ex dirigentes de la entidad. Advertida de la situación, una empleada del tribunal los acompañó al primer piso, a la sala destinada a periodistas y familiares de los imputados, desde donde también se ve el recinto en el que se realiza el debate.

Antes, Kirszenbaum le había confirmado a Infojus Noticias que estaban para “apoyar” la posición de Beraja “por una acusación injusta”. “La DAIA –institución que presidió– fue víctima del atentado y no participó de ningún encubrimiento”, dijo sobre los hechos que son motivo de juzgamiento.

En este juicio, Beraja está imputado como partícipe del delito de peculado. Según la acusación avaló y promovió el pago de 400 mil dólares de fondos reservados de la SIDE a Carlos Telleldín, -también imputado en este juicio- para que involucrara falsamente a los policías de la Bonaerense, que resultaron desvinculados en el juicio que declaró la nulidad de todo lo actuado por el entonces juez instructor Juan José Galeano –otro de los acusados por este delito-.

El rol de la SIDE

El ex presidente de la DAIA ocupó la primer parte de su declaración para defender la posición de la institución que presidió entre 1991 y 1998. Después, desmenuzó lo que describió como un “cuadro sinóptico” de las “circunstancias jurídicas” que hacen a su imputación. En lo que llamó una descripción de los hechos, recordó que el gobierno menemista, puntualmente la SIDE, tenía pistas sobre células iraníes en Argentina antes del atentado. Contó que aun antes de este segundo atentado, en agosto de 1993, el titular de la SIDE Hugo Anzorreguy –otro de los acusados por el encubrimiento- los citó a una reunión y les informó al respecto.

“Recibimos un informe detallado, a partir del atentado en la Embajada de Israel (en 1992). Trabajaban en pistas que indicaban que el origen de esa bomba estaba asociado el conflicto en Medio Oriente”, dijo. Señaló a Hezbolla y mencionó a Moshen Rabbani, uno de los iraníes prófugos por el atentado, que en ese entonces vivía en Argentina. Pocos meses antes del atentado en la AMIA había sido designado agregado cultural en la embajada de su país.

Beraja también mencionó una causa con escuchas a Rabbani de la que tomó conocimiento en 1995, cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, le contó que, al menos desde abril de 1994, tenía referencia de que el atentado podía producirse. Dijo que el magistrado le justificó que no mandó copia de ese expediente al juez que investigaba el atentado porque las escuchas–en idioma farsi- aún no se habían traducido.

La decisión de la Corte

“¿La Corte sabía lo de la SIDE? ¿Sabían lo de Santamarina?”, se preguntó Beraja. “Probablemente no”, respondió. Entendió que ese podría haber sido el motivo de la Corte para rechazar, en agosto de 1994, la competencia para investigar las líneas que vinculaban a iraníes con el atentado tanto en la Embajada de Israel (causa que instruía la Corte) y en la AMIA. “Una resolución de la Corte tan temprano fue un freno, una cortina a una parte de la investigación”, aseguró Beraja. Y lamentó que esto hubiera conspirado contra la posibilidad de detener a los iraníes que, en principio, aparecían vinculados con el atentado.

Sumó luego críticas al gobierno de Menen. Recordó una reunión con el entonces canciller Guido Di Tella, donde el funcionario le pidió que “bajara el tono porque si no la tercera bomba te la van a poner a vos”. Y dijo que el mismo Di Tella, en otra oportunidad, le advirtió: “Sabemos que los iraníes están detrás del atentado, pero no tenemos elementos para evitar una represalia”.

Al referirse a la investigación del atentado, sostuvo que "el Estado parecía por momentos tener el peso de un elefante dormido, quizá el elefante era demasiado grande", y recordó que en 2005 el país admitió ante la CIDH las falencias en la investigación y su fracaso a la hora de encontrar a los culpables del atentado.

Al Ejecutivo le criticó que no “expulsaran” a Rabbani del país, como solicitaron en 1995”. “Los diplomáticos se fueron, pero él se quedó en Argentina, por la fuerza de su carácter. No logramos que el gobierno tomara esa posición y nos llevó a confirmar lo que ya habíamos dicho con la resolución de la Corte”, concluyó. El punto resquebraba la alianza que en otro tiempo tuvo con el menemismo, con un estrecho vínculo con el ex ministro del Interior, Carlos Corach y negocios ilegales que derivaron en el vaciamiento del Banco Mayo (otra causa en la que deberá enfrentar a un tribunal).
 
Nisman y el memorándum

Las críticas políticas también alcanzaron al actual gobierno por las críticas hacia su rol en el encubrimiento. “Me acusó el doctor (Néstor) Kirchner durante un acto en 2004, ante un medio amarillista de la comunidad que, cuando le consultó por falta de resoluciones, respondió ‘quéjense a Beraja que tuvo un contubernio con Menem”. “Es inusual que un presidente de la República acuse con total libertad, y desparpajo a alguien”, dijo.

Después apuntó contra el Memorándum de Entendimiento con Irán, que intentó allanar el camino para tomar declaración a los imputados iraníes en la causa por el atentado. "Primero detonó la causa AMIA, luego detona la investigación de Alberto Nisman”, dijo. Del fallecido fiscal se definió como “amigo” y consideró que murió “por la causa AMIA, asesinado por las calumnias, las injurias y el desprestigio".

Antes había dicho que “en las relaciones internacionales no hay muchos caminos: violencia o canal diplomático”, y aseguró que Argentina “logró bien el canal diplomático”. E insistió en sus críticas a la firma del Memorándum: “La pregunta es si el acuerdo fue beneficioso o perjudicial para para alcanzar la verdad y la justicia”. Un interrogante sin respuesta, porque esa firma es aún objeto de una discusión judicial sobre su constitucionalidad.

Sobre el pago a Telleldín

Recurriendo a sus apuntes solo para leer alguna resolución judicial o nota periodística, Beraja hizo referencias a la neurociencia, usó metáforas, dijo que este juicio parecía un “cuadro del teatro absurdo” y repasó estrategias de marketing. Apuntó, principalmente, contra Claudio Lifschitz, el ex secretario del juzgado Federal 9 que en 2000 habló en los medios sobre el encubrimiento. Y que luego –judicialmente- contó una serie de reuniones del dirigente comunitario con Galeano con motivo del pago a Telleldín.

En una de sus declaraciones, Lifschitz contó que en 1997, después de que Galeano mantuviera una reunión con Telleldín, Beraja fue hasta el juzgado para conocer el resultado. “Vio la filmación”, aseguró el testigo y dijo que entonces supo Beraja de la pretensión de Telleldín de cobrar para ampliar la indagatoria con la que terminó señalando falsamente a los policías. Hoy negó tal encuentro. Apuntó contra el testigo: “En todo caso es un delito que él conoció, y consintió”, dijo y reclamó la nulidad de las declaraciones de Lifschitz, a las que se refirió como “relatos imaginarios”. Justificó las reuniones con Galeano: dijo que, como representante de la querella, querían estar al tanto de la investigación.

En 1996, Beraja reconoció haber mantenido negociaciones con el entonces abogado de Telleldín, Víctor Stinfale para concretar la edición de un libro en el que el reducidor de autos presentaría su versión de lo ocurrido. Jamás se publicó. Stinfale también está imputado en este juicio y se negó a prestar declaración indagatoria en la audiencia anterior, donde sí lo hizo la ex esposa de Carlos Telleldín, Ana María Boragni, acusada de cobrar el pago de 400 mil con fondos reservados de la SIDE.

En su declaración, Telleldín recordó la presión que tuvo luego de una reunión que tuvo con Beraja y otros dos abogados de la DAIA. "Haga lo que tenga que hacer y vaya a su casa", le dijo Beraja. En esa reunión se mencionó a Memoria Activa, organización a la cual las autoridades de la comunidad judía mantenían "aislada de las negociaciones que se llevaban a cabo", contó Telleldín.

El próximo jueves el ex presidente de la DAIA continuará su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2. “Esperamos poder hacerle las preguntas que tenemos atragantadas”, dijo a Infojus Noticias Laura de Ginsberg, la titular la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), que participa de la querella. Cuando la bomba derrumbó la sede de la mutual, su esposo, José “Kuky” Ginsberg, era el jefe del área de Sepelios en la entidad. Desde ese día ella busca respuestas y justicia.

MB/RA