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Este lunes, a partir de las 9, empezará una nueva audiencia por el juicio contra tres represores del Batallón 601. El Tribunal Oral Federal 6, integrado por José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, tomará declaración a testigos por el secuestro del empresario Fernando Combal, uno de los casos por los que está acusado el ex agente de Inteligencia Leandro Sánchez Reisse. En el proceso, que comenzó hace unas semanas, Sánchez Reisse está siendo juzgado junto a los represores Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, que  también fueron imputados por los secuestros de Alberto Martínez Blanco, Ricado Tomasevich y Carlos Koldobsky.

El caso Combal es clave para comprender un aspecto de la trama financiera de la última dictadura militar. En la lectura de los requirimientos de este juicio,  el Tribunal se refirió directamente a la participación de Sánchez Reisse en el secuestro del empresario Fernando Combal, con quien tuvo un vínculo cercano. Sánchez Reisse se asoció el 21 de marzo de 1978 con el empresario y formaron la empresa “Urbaires”. Combal ponía los recursos y Sánchez Reisse junto a su esposa, Mariana Bosch de Achával, se encargaban de contratar artistas para espectáculos. La sociedad duró seis meses y fue ruinosa para el empresario, porque la pareja viajaba a Europa con todos los lujos pero no conseguían artistas de renombre.

El 8 de mayo de 1979, Combal fue secuestrado a la salida de su financiera FINSUR. Después de andar un rato por la calle, dos hombres armados lo secuestraron en un semáforo. Lo llevaron a una casa donde lo golpearon y le aplicaron picana eléctrica, preguntándole por sus negocios. Mariana Bosch, la esposa de Sánchez Reisse, era la prima de Christian Zimmermann, el segundo del Banco Central. Lo liberaron al día siguiente después de cobrar 200 mil dólares del rescate.

Tiempo después la justicia de Suiza procesó a Sánchez Reisse y su esposa, no concedió la extradición que reclamaba la justicia argentina y los condenó en noviembre de 1983 sólo por “tentativa de chantaje”, y no por los raptos. Bufano, Martínez y Sánchez Reisse tuvieron una pena de cuatro años y medio, y las esposas de los dos últimos, Bosch de Achával y Amalia Covas, a dos años y medio.

Esa trama es la que intentará reconstruirse en el juicio. El Tribunal adelantó a Infojus Noticias que se hará una mención especial al contexto en el cual la justicia internacional no había dado la autorización para que los represores fueran extraditados a la Argentina.

Una banda experta en secuestros extorsivos

Los tres imputados llegaron al juicio luego de haber sido procesados por el juez federal Sebastián Casanello, quien les atribuyó conformar una asociación ilícita en el marco de un sistema clandestino de represión instaurado durante el último gobierno de facto. A los procesados -todos detenidos- también se les atribuye responsabilidad en casos de secuestros a empresarios. En tanto, Luis "El Japonés" Martínez, otro de los integrantes de la banda, quedó apartado por su estado de salud.

La fiscalía que investigó la estructura que sostuvo a esta banda difundió que los integrantes aparecen como mano de obra de un vértice encabezado por el I Cuerpo del Ejército, a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason. A ellos se los proveía de una logística particular: handys, baterías, credenciales y cédulas truchas, armas de calibre largo, anteojos pintados de negro y una venda blanca con cinta adhesiva en sus extremos. El procesamiento de Casanello se nutrió del Informe de la Comisión Nacional de Valores emitido en 2013, que encuadra los secuestros extorsivos a empresarios como una metodología robustecida a partir de 1978 y 1979, cuando disminuyó la persecución a las organizaciones armadas, políticas y sociales ya aniquiladas y aparece una segunda etapa de la represión.

Los represores se especializaban en secuestros extorsivos de financistas durante la dictadura. Silzle, que estaba prófugo, fue detenido el 24 de julio de 2013 y, en los allanamientos, entre otras cosas se le secuestraron “un revólver, un handy de los utilizados por la policía, un cargador de baterías para dicho aparato, credenciales y cédulas a nombre de Angel Rubén Sarriez, apodo usado por Silzle en su calidad de agente de Inteligencia”.
Además la banda persiguió a empresarios bajo la figura de “subversión económica”.

Durante la instrucción, Casanello dijo que el dinero que recogían no sólo era destinado a hacer “caja propia”, sino a alimentar la estructura represiva. Esta banda, ligada también al secuestro del empresario Fernando Combal, apareció en los secuestros extorsivos que reciclaron la mano de obra represiva y combinó a las fuerzas de policía.

La asociación ilícita funcionó durante 1980 y 1981, en el último periodo de la dictadura. "Las pruebas reunidas permiten sostener que la organización ilícita investigada –dice el juez en el procesamiento– estuvo integrada por más de tres personasdependientes de las Fuerzas Armadas, de servicios de Inteligencia y de las restantes fuerzas de seguridad y de otros sujetos vinculados con éstas, entre ellos: Bufano, Sánchez Reisse, Martínez y Silzle, que llevaron a cabo delitos en distintas jurisdicciones y utilizaron armamentos de gran calibre. Asimismo, la actuación ilegal que desplegaban respondió al mandato o cuanto menos contó con la tolerancia y aquiescencia de los superiores".

Historia del Batallón 601, servicio de inteligencia de la dictadura

Funcionó en el edificio de Viamonte y Callao que hace unos años fue comprado por la Universidad del Salvador. El Batallón 601, el nombre con el que se hizo famoso el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), fue uno de principales arietes de la represión de la última dictadura. Allí se reunió buena parte de los datos que luego sirvieron para aniquilar a los militantes políticos de las distintas organizaciones. Su nombre quedó asociado a varias operaciones represivas de peso como el secuestro y desaparición del director del diario El Cronista, Rafael Perrotta, y la cacería de quienes retornaron a la Argentina desde el exilio para participar de la contraofensiva montonera.

La tarea de inteligencia fue el fuerte del 601. Sobre esa base sostuvieron su accionar. En algunos casos la información llegaba por sus agentes civiles que recogían datos en fábricas, sindicatos, universidades, partidos políticos y organizaciones sociales. En otro, la información era obtenida bajo tortura. Y esta última forma fue la que permitió detener a Perrotta, quien ya había vendido su diario -que había fundado su padre- pero seguía integrando la estructura de inteligencia del PRT-ERP.

El rol del 601 no era desconocido para las organizaciones políticas. Por eso fue uno de los objetivos de la Campaña Ofensiva Táctica que lanzó Montoneros para el Mundial 1978, que incluyó al edificio entre las veinte operaciones que se hicieron para enfrentar a la dictadura. También atacaron la Casa Rosada, la ESMA, la Escuela Superior de la Policía Federal, el Regimiento de Infantería y la Escuela Superior de Guerra. Además, atacaron las casas del general Reynaldo Bignone, del coronel Adolfo Pandolfi y del secretario de Hacienda, Juan Alemann. Ninguna operación trascendió en los medios locales. No fueron tan espectaculares como para no ocultarlas y la dictadura utilizó a fondo su cerrojo sobre la prensa.