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Los ex agentes de inteligencia militar Leandro Sánchez Reisse, Rubén Bufano y Arturo Silzle fueron absueltos hoy en un juicio oral por secuestros extorsivos a financistas durante la última dictadura, en un fallo dividido en que el Tribunal Oral Federal 6 de esta capital invocó la prohibición constitucional a la doble persecución penal. Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y Maria del Carmen Roqueta consideraron que los tres ex agentes civiles del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército ya habían sido juzgados por el secuestro del financista Fernando Combal y ordenaron su inmediata liberación. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 29 de mayo a las 18.

El tramo dispositivo del controvertido fallo fue leído al cabo de un juicio por “asociación ilícita agravada” iniciado en febrero pasado, mientras que sus fundamentos serán dados a conocer el próximo 29 de mayo a las 18. La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza Roqueta, el único miembro del tribunal que expresó su disidencia parcial con el veredicto.

Los representantes de la Fiscalía solicitaron en su alegato que se condene a los ex agentes del Servicio de Inteligencia Sánchez Reisse,  Bufano y Silzle a las penas de 17, 12 y 10 años de prisión, respectivamente. En tanto, la querella solicitó que se condene a la pena de 18 años de prisión a Sánchez Reisse y Bufano, y de 14 años de prisión a Silzle. Un cuarto acusado, el ex policía federal Luis "El Japonés" García, no compareció en este juicio por motivos de salud.

Esta mañana, los jueces escucharon las últimas palabras de los imputados. Sánchez Reisse pidió el micrófono y se tomó la cabeza. Con la mirada en el piso, dijo: "Pido todas la misericordias posibles sobre el tiempo de detención que llevo. Mi salud es grave y quisiera pasar estos últimos meses de mi vida junto a mis hijos".

A su turno, Silzle lamentó que a las audiencias no hubieran concurrido estudiantes de Derecho y agradeció el curso del juicio. Luego, en referencia a la familia de Tomasevich, dijo: "Yo le pedí perdón a la familia por el dolor que sufrió. Eso no me lo perdono". Y se quejó del día en que declaró Tomasevich, porque el Tribunal lo obligó a salir de la sala a pedido del testigo. "No entiendo por qué me sacaron. A él lo traté bien, lo afeité, lo ayudaba a bañarse". Bufanno, el tercer imputado, prefirió el silencio. Ex jugador de fútbol en el club Banfield, luego incorporado al Ejército, Silzle sorprendió a los jueces y al público cuando manifestó que “ha sido un honor estar en este juicio” porque, argumentó, “ha sido un lindo debate” y hasta calificó “con un 9” al tribunal que los absolvió.

Los hechos están enmarcados dentro del plan sistemático de terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura. A Sánchez Reisse, Bufano y Silzle se les imputaban los delitos de secuestro extorsivo y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de Carlos Koldobsky, Alberto Martínez Blanco y su cuñado Ricardo Tomasevich. Estos últimos eran dueños del Grupo Puente Hermanos y fueron secuestrados el 20 de septiembre de 1980, pero Martínez Blanco fue liberado con el encargo de buscar el dinero del rescate de Tomasevich, que se concretó tras pagar 680.000 dólares.

Una de sus primera víctimas fue Fernando Combal, dueño de la financiera Finsur, quien mantenía una relación comercial con Sánchez Reisse y su esposa, Mariana Bosch de Achával, prima del entonces vicepresidente del Banco Central, Cristhian Zimermann. En mayo del 79, el financista fue secuestrado en Buenos Aires, torturado y finalmente liberado tras el pago de un rescate de 200.000 dólares.

En 1980, Sánchez Reisse, Bufano y Martínez fueron detenidos en Suiza cuando intentaban cobrar el rescate del secuestro de Koldobsky en un banco de Zurich, por lo que resultaron procesados en Suiza, que negó su extradición a la Argenitna

Plata para alimentar la estructura represiva

En los últimos años de la dictadura, los represores se especializaban en secuestros extorsivos de financistas. Según surge de la investigación judicial, la banda persiguió a empresarios bajo la figura de “subversión económica”. Durante la instrucción, el juez federal Sebastián Casanello dijo que el dinero que obtenían de los secuestros extorsivos no sólo era destinado a hacer “caja propia”, sino a alimentar la estructura represiva. Esta banda, ligada también al secuestro de Fernando Combal, apareció en los secuestros extorsivos que reciclaron la mano de obra represiva y combinó a las fuerzas de policía.

La asociación ilícita funcionó durante 1980 y 1981, en el último periodo de la dictadura. "Las pruebas reunidas permiten sostener que la organización ilícita investigada –dice el juez en el procesamiento– estuvo integrada por más de tres personas dependientes de las Fuerzas Armadas, de servicios de Inteligencia y de las restantes fuerzas de seguridad y de otros sujetos vinculados con éstas, entre ellos: Bufano, Sánchez Reisse, Martínez y Silzle, que llevaron a cabo delitos en distintas jurisdicciones y utilizaron armamentos de gran calibre. La actuación ilegal que desplegaban respondió al mandato o cuanto menos contó con la tolerancia y aquiescencia de los superiores".

El Batallón 601 funcionó en el edificio de Viamonte y Callao que hace unos años fue comprado por la Universidad del Salvador. Fue uno de principales arietes de la represión de la última dictadura. Allí se reunió buena parte de los datos que luego sirvieron para aniquilar a los militantes políticos de las distintas organizaciones. Su nombre quedó asociado a varias operaciones represivas de peso como el secuestro y desaparición del director del diario El Cronista, Rafael Perrotta, y la cacería de quienes retornaron a la Argentina desde el exilio para participar de la Contraofensiva montonera.

Télam/JMM/RA